Aparecen señales contradictorias sobre el futuro del control de cambios en Venezuela y hasta la posibilidad de que la justicia tome cartas sobre este sistema que afectó el comercio exterior, las inversiones y la distribución de alimentos.
El control cambiario ”llegó para quedarse”, al menos hasta que ”desaparezcan las causas por las que se estableció, (pues de lo contrario) regresaría la especulación y tendríamos que decretar una emergencia financiera”, advirtió el presidente de la oficial Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Edgar Hernández.
De ese modo Hernández salió al cruce de versiones sobre que el Tribunal Supremo de Justicia se disponía a invalidar el mecanismo impuesto el 21 de enero, cuando agonizaba la huelga contra el gobierno de Hugo Chávez convocada por Fedecámaras, la principal asociación empresarial, y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
Desde el comienzo de la huelga el 2 de diciembre, y pese a que la economía casi se paralizó, los empresarios compraron al Banco Central divisas al ritmo de los tiempos de intensas importaciones hasta llegar a un promedio diario de entre 50 y 60 millones de dólares.
Así, las reservas del país bajaron en esos dos meses de 13.000 a 11.000 millones de dólares.
Sin embargo, ”el gobierno ha podido reponer reservas y la justicia puede intervenir para garantizar la libertad económica y el abastecimiento de la población”, comentó a IPS un magistrado del Tribunal Supremo que pidió la reserva de su nombre.
Las organizaciones de empresarios han pedido al Tribunal que anule el control del mercado de divisas y de los precios impuestos a centenares de alimentos y medicinas.
Pero el viceministro de Industria, Víctor Alvarez, aseguró que ”el control de cambios se levantará cuando las reservas se ubiquen entre 18.000 y 20.000 millones de dólares”. El Banco Central informó que hasta el lunes se contabilizaron 14.624 millones de dólares en sus arcas.
”El control de cambios tiene sus días contados en la medida en que las reservas se recuperen, y (luego) evolucionará hacia otro sistema de administración de divisas”, explicó Alvarez.
Fuentes del Ministerio de Finanzas aseguraron a IPS que se estudia aplicar en el segundo semestre del año un sistema de adjudicación de divisas al sector privado, ”que sume al cambio básico una tasa Tobin”, es decir un impuesto a las transacciones financieras que en la práctica implante un cambio dual.
La ”tasa Tobin” es la propuesta presentada en 1971 por el economista estadounidense y premio Nobel James Tobin de gravar las transferencias financieras internacionales y especulativas, para destinar esos recursos al combate mundial contra la pobreza, una tesis defendida por el movimiento contra el actual rumbo de la globalización.
La aplicación del control de cambios actual, el tercero que se implanta en Venezuela en dos décadas, quedó en el medio del enfrentamiento político que se arrastra desde hace un año y medio entre el gobierno de Chávez y Fedecámaras.
Los puntos más altos de esa crisis fueron el 12 de abril de 2002, cuando el entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, se hizo cargo del gobierno tras el golpe de estado cívico militar que alejó a Chávez del gobierno por dos días, y la huelga de diciembre y enero organizada junto a la CTV.
Chávez pidió a Cadivi que no se entregara ”ni un dólar para los golpistas”, mientras que los líderes empresariales acusan al presidente de establecer el control de cambios como ”una medida de retaliación (represalia) política” por su militancia opositora.
Quienes soliciten divisas desde enero deben cubrir un abanico de requisitos y sobre todo de solvencia, no sólo con los impuestos sino con los aportes legales para la seguridad social, la construcción de viviendas y la capacitación de sus trabajadores.
En Venezuela, el gran productor y proveedor de divisas es el sector público. Ocho de cada 10 dólares que ingresan al Banco Central son aportados por la estatal industria petrolera, mientras que los exportadores privados apenas aportan entre 10 y 15 por ciento.
En cambio, el sector privado demandó 1.170 millones de dólares cada mes el año pasado, principalmente con destino a importaciones y, entre ellas, en especial la de alimentos e insumos para la producción agroindustrial.
Hernández dijo que desde que instaló Cadivi, en febrero, se han recibido 2.200 solicitudes de divisas, pero sólo ha entregado 137 millones de dólares.
El gobierno comenzó a importar directamente alimentos, como pollo de Brasil, harina de trigo de Italia y fríjoles que llegan mediante la intermediación de Cuba.
Aunque en los mercados populares relacionados con organismos públicos hay suficiente alimentos, en los supermercados y otros abastos de clase media escasean la harina, el queso blanco duro (el de mayor consumo nacional) y el pollo entero.
También algunas panaderías racionan la venta del producto, ya que cerraron sus puertas dos de los 13 principales molinos del país.
Esta situación se debe a que los industriales y comerciantes se han volcado sobre los productos de venta libre, dejando a un lado aquellos de primera necesidad y cuyo precio es regulado.
”Estamos luchando porque se acelere el proceso de entrega de las divisas, pero no sabemos lo que pasa entre los empresarios, Cadivi y la banca”, dijo el ministro de Agricultura, Efrén Andrades.
Uno de los directores del Banco Central, Domingo Maza, comentó a IPS que ”hasta ahora, la política de control de cambios no ha funcionado, y el principal obstáculo ha sido la cantidad de requisitos que estableció Cadivi”.
El comercio exterior se ha resentido, en primer lugar con Colombia, principal proveedor y destino de productos no- tradicionales venezolanos.
Los exportadores colombianos lograron en la reunión entre Chávez y su par de Colombia, Alvaro Uribe, a fines de abril, el compromiso venezolano de agilizar los trámites para que sus clientes accedan a los 300 millones de dólares que les adeudan.
Mientras, el banco de importaciones y exportaciones de Estados Unidos (Eximbank) suspendió de su sistema de garantías los embarques de productos hacia Venezuela, y el índice londinense FTSE, que hace un seguimiento a inversiones en medio centenar de países, excluyó a Venezuela de su lista de elegibles.
