El ex dictador de Guatemala, Efraín Ríos Montt, aplaudido hace 20 años por el presidente estadounidense Ronald Reagan como un aliado contra el comunismo en América Latina, no goza ahora del favor de Washington.
En una declaración inusual, el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos indicó el martes que sería difícil mantener buenas relaciones con Guatemala si Ríos Montt triunfa en las elecciones presidenciales de este año.
El ex dictador fue elegido el fin de semana candidato del gobernante Frente Republicano Guatemalteco.
Esta es la primera vez en las últimas décadas en que Washington rechaza explícitamente la candidatura presidencial de un derechista en América Latina.
En cambio, las críticas a políticos izquierdistas han sido comunes durante el gobierno de George W. Bush, iniciado en enero de 2001.
El presidente Reagan (1981-1989), principal apoyo externo de la dictadura de Ríos Montt, pertenece, al igual que el actual mandatario, George W. Bush, al Partido Republicano.
Quisiéramos tener una relación normal y amistosa con el próximo presidente de Guatemala, pero a la luz del entorno del señor Ríos Montt, sería difícil que tuviéramos con él el tipo de relación que preferiríamos, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher.
El asesinato de decenas de miles de indígenas y la destrucción de cientos de poblados en la campaña contrainsurgente dirigida por Ríos Montt en 18 meses de presidencia, en 1982 y 1983, es de particular preocupación para los funcionarios estadounidenses que hablaron con la prensa luego de las declaraciones de Boucher.
El gobierno de Bush confía en que la Corte Constitucional de Guatemala descalifique a Ríos Montt, como lo ha hecho ya en dos ocasiones. La constitución de ese país prohíbe que ex dictadores sean presidentes, y el candidato del FRG se encaramó al gobierno en un golpe de Estado contra el general Romeo Lucas García.
Pero funcionarios y activistas de derechos humanos estadounidenses consideran que Ríos Montt ganó gran influencia sobre los tribunales en los últimos tres años, en los que presidió el Congreso legislativo.
El presidente Alfonso Portillo, cuyo mentor es Ríos Montt, dijo no creer que esta vez la Corte Constitucional bloquee la candidatura presidencial.
Las declaraciones de Portillo fueron lo que llevó al Departamento de Estado a manifestarse, indicaron fuentes de la cartera que comanda Colin Powell.
De todos modos, el vínculo bilateral no está en su mejor momento, debido a una amplia gama de conflictos que incluyen casos de corrupción, violaciones de derechos humanos y narcotráfico.
El gobierno estadounidense indicó este año que Guatemala no estaba cooperando lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico, pero suspendió las sanciones a que lo facultan las leyes en esos casos.
El Departamento de Estado, al igual que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, cuestionó a comienzos de este mes la absolución del coronel retirado Juan Valencia, condenado en octubre por el brutal asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack.
La condena había sido considerada una victoria contra la impunidad de los militares acusados de violaciones de derechos humanos durante los 36 años de guerra civil que concluyeron en 1996. Mack había documentado atrocidades cometidas contra indígenas en ese periodo.
El autor material del crimen, sargento Noel de Jesús Beteta, admitió haber asestado 27 puñaladas a Mack siguiendo órdenes de Valencia, emitidas desde el Estado Mayor Presidencial (EMP), cuerpo militar de elite que funcionaba tanto como agencia de inteligencia como escuadrón de la muerte.
Creemos que las autoridades guatemaltecas deberían continuar buscando justicia en este caso, había dicho Boucher luego de la absolución de Valencia.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional indicó que 103 jueces y fiscales fueron objeto de amenazas entre enero de 2002 y febrero de 2003. Varios magistrados fueron asesinados.
El EMP debió haberse disuelto por los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla que pusieron fin en 1996 a la guerra civil, pero no solo existe sino que su presupuesto aumentó.
Ríos Montt no estuvo directamente implicado en los recientes episodios de violencia e intimidación, pero los principales objetivos de las amenazas fueron personas dedicadas a investigar abusos cometidos durante su gobierno.
Una Comisión de la Verdad patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en 1999 que 200.000 personas murieron durante la guerra civil, la mayoría a manos de las fuerzas armadas y paramilitares afines al gobierno, y que Ríos Montt aprobó, al menos, estas masacres.
Resulta paradójico que Estados Unidos considere ahora inaceptable a Ríos Montt, pues el presidente Reagan reconoció su gobierno y la cruenta lucha contrainsurgente que desarrolló, dijo el experto Bill Spencer, director de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
El propio Reagan visitó al dictador en la ciudad de Guatemala en 1983. Luego, levantó el embargo de armas que había impuesto el presidente Jimmy Carter (1977-1981).
Nos habría gustado que el Departamento de Estado hubiera criticado a Ríos Montt en 1982 y 1983. Nos alegra que ahora reconozca la gravedad de los abusos que ocurrieron hace 20 años, dijo la activista Joanne Mariner, de la organización Human Rights Watch.
Ríos Montt se retiró el ejército en 1974 para aspirar a la presidencia, esa vez por vía democrática en las elecciones del mismo año, cuyo triunfo le fue arrebatado mediante un fraude, según expertos locales.
Convertido en pastor de una iglesia evangélica, Ríos Montt dejó la lectura de la Biblia en un templo en marzo de 1982 para asumir el poder mediante una asonada militar y lanzar una campaña contrainsurgente más agresiva que la de sus predecesores.
Reagan apoyó el recrudecimiento de la campaña militar contra la guerrilla, que incluyó la implantación del estado de sitio, la censura de prensa y tribunales secretos de fuero especial.
También incrementó la formación de patrullas civiles de autodefensa, ordenó grandes operativos de control y registro en las ciudades y envió a las tropas especiales a las zonas rurales, donde llevaron a cabo una política de tierra arrasada y matanzas colectivas.
Organismos locales e internacionales aseguran que en el primer año de gobierno de Ríos Montt fueron asesinadas más de 15.000 personas, 70.000 buscaron refugio en países vecinos, en especial en México, y unos 500.000 se internaron a vivir a las montañas.
En agosto de 1983, Ríos Montt fue depuesto por otro golpe de Estado, que llevó al poder al general Oscar Mejía Víctores, quien llamó a elecciones en 1985, en las que triunfó Vinicio Cerezo, iniciando una era de gobiernos democráticos y un diálogo de paz con la guerrilla que concluyó con el acuerdo de 1996.
La líder indígena y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú presentó una denuncia por crímenes a la humanidad contra Ríos Montt ante la Audiencia Nacional de España.
