La oposición, policías, grupos humanitarios y hasta políticos oficialistas de Bolivia se alinearon contra la OEA por liberar de culpa y cargo al gobierno y a los militares en relación con la muerte de 29 personas durante una protesta policial en febrero.
Según el informe elaborado por la OEA (Organización de Estados Americanos) a pedido del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, los responsables de la violencia de los días 12 y 13 de febrero fueron los policías que se manifestaron contra el gobierno, mientras éste y las Fuerzas Armadas actuaron en el marco de sus competencias.
La insubordinación policial violó la Constitución y las leyes bolivianas, y eso quebrantó las instituciones del Estado, agregó la comisión de la OEA llamada a investigar lo ocurrido en esos dos días, los más violentos del país desde la recuperación democrática en 1982.
Policías y militares hicieron de la plaza Murillo de La Paz, donde están las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, un auténtico campo de batalla con fuego cruzado, en el que murieron combatientes de ambos bandos, así como civiles ajenos al conflicto.
Esos enfrentamientos dejaron como saldo, además de 29 personas muertas y más de 200 heridas, decenas de comercios y oficinas públicas saqueadas debido a la ausencia de control policial o militar en las calles de La Paz.
El gobierno elogió el domingo, mediante un comunicado, la consistencia técnica y profesional del equipo de la OEA, y afirmó que su informe es un aporte importante para el pleno esclarecimiento de los hechos.
En cambio, el comandante general de la policía, Edgar Pardo, y otros oficiales de ese cuerpo rechazaron el informe por considerarlo insuficiente y carecer de un análisis completo y certero sobre la realidad de los hechos acaecidos.
También el diputado y líder de los cultivadores de coca Evo Morales, principal dirigente opositor, cuestionó el documento de la OEA y anunció que su partido, el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), recurrirá a la Organización de las Naciones Unidas.
Ese informe ha profundizado la confrontación entre la policía y las Fuerzas Armadas, y no vaya a ser que César Gaviria, secretario general de la OEA, sea responsable de otro 12 y 13 de febrero, comentó.
Morales echó de menos en el reporte del organismo una referencia al intento del gobierno de aplicar un impuesto de 12,5 por ciento a los salarios de más de 130 dólares, que el 11 de febrero llevó al amotinamiento policial, y por ende a su represión mediante las Fuerzas Armadas.
Los policías demandaban además aumentos salariales, al igual que muchos otros trabajadores.
El MAS fue uno de los convocantes de una huelga general y otras protestas contra ese impuesto, junto con organizaciones sindicales y de campesinos.
También la no gubernamental Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) acusó a la OEA de encubrir y apoyar al gobierno de Sánchez de Lozada.
El activista Sacha Llorenti, de la APDH, criticó al equipo de la OEA por proponer que la participación de militares en los enfrentamientos de febrero sea evaluada por la justicia militar, lo cual a su juicio es inconstitucional y antijurídico.
El documento de la OEA elogia a las Fuerzas Armadas por actuar los días 12 y 13 de febrero en defensa de la democracia y en forma contenida.
Incluso algunos dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, principal aliado de Sánchez de Lozada, deslizaron sutiles críticas al informe de la OEA por ignorar el antecedente inmediato de la violencia de aquellos días, es decir, el impuesto a los salarios, que el gobierno retiró tras las protestas.
Las autoridades preveían cerrar con esa medida tributaria una brecha desfavorable entre ingresos y gastos de la administración del Estado, de aproximadamente 240 millones de dólares.
Según la versión gubernamental, la decisión de aplicar ese impopular impuesto se debió a la presión del Fondo Monetario Internacional por una reducción del déficit fiscal de 8,5 a cinco por ciento del producto interno bruto, que es de unos 8.000 millones de dólares.
Sin embargo, el Fondo negó haber sugerido la aplicación de un gravamen a los salarios.
Finalmente, Sánchez de Lozada optó por conseguir financiamiento de la comunidad internacional para compensar el déficit fiscal. (
