Un año después de la rápida sucesión de golpe y contragolpe de Estado en Venezuela, los dos bloques que aún se disputan el poder son más débiles y los problemas sociales más graves, mientras las muertes de abril de 2002 siguen impunes.
La situación venezolana aparentemente se ha estabilizado, tras un largo año de confrontación entre el grupo de interés militar que encabeza el presidente Hugo Chávez, en el gobierno, y la derecha ultraconservadora que propició su derrocamiento, dijo a IPS el politólogo y general retirado Alberto Muller.
Estamos en presencia de dos bloques debilitados, gobierno y oposición, que han perdido la brújula, mientras la población espera alternativas a sus problemas de desempleo, carestía e inseguridad personal, opinó José Vicente Carrasquero, profesor del posgrado de Ciencias Políticas de la caraqueña Universidad Simón Bolívar.
En la tarde del 11 de abril de 2002, tercer día de una huelga general para que Chávez renunciara, una manifestación de cientos de miles de opositores cambió su ruta anunciada y marchó hacia el palacio de gobierno, defendido por oficialistas. En confusos tiroteos, murieron 19 personas y otras 71 fueron heridas.
Generales y almirantes dirigidos por el entonces comandante del ejército, Efraín Vásquez, depusieron y encarcelaron a Chávez a primera hora del día 12, y colocaron en su lugar a Pedro Carmona, entonces presidente de la central patronal Fedecámaras, como jefe de Estado con poderes omnímodos.
Estallaron protestas y saqueos, y el día 13 militares constitucionalistas y partidarios civiles de Chávez, que se tomaron céntricas calles de Caracas, le devolvieron el poder.
Desde entonces, gobierno y oposición se culpan entre sí por la interrupción del orden constitucional, por las víctimas mortales, que fueron 70 del 11 al 13 de abril, y por el deterioro de las instituciones, la economía y el nivel de vida de los venezolanos.
La oposición, agrupada en la llamada Coordinadora Democrática de partidos y grupos civiles, además de las mayores centrales sindical y patronal, presiona por una consulta electoral para desalojar a Chávez del poder antes del fin de su mandato en 2006.
La Coordinadora lanzó el 2 de diciembre una huelga en apoyo a la solicitud de un referendo consultivo sobre la presidencia de Chávez, mientras buscaba acuerdos con el gobierno en una mesa de negociación que dirige César Gaviria, secretario general de la Organización de Estados Americanos.
El referendo consultivo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. La huelga, que se prolongó 63 días sin lograr su objetivo de fondo, causó estragos en la actividad petrolera, dañó a centenares de empresas y dejó a decenas de miles de personas sin empleo.
Entre ellas, y por despidos, perdieron su trabajo 16.000 de los 39.000 empleados de la estatal industria petrolera.
Se ha calculado que el costo total de la huelga para el país fue unos 7.500 millones de dólares, o sea cerca de siete por ciento del producto interno bruto anual.
Tras la huelga, el gobierno recuperó a marchas forzadas la producción petrolera e implantó controles de cambio y de precios.
La Coordinadora tuvo que aceptar la tesis oficialista según la cual la única alternativa electoral anticipada legal es un referendo revocatorio del mandato presidencial, previsto en la Constitución y que puede hacerse a fines de este año.
Un año después, han decaído las manifestaciones multitudinarias que ocupaban las calles casi a diario, con más frecuencia contra el gobierno que a su favor. También disminuyó la violencia que acompañó algunas de esas demostraciones.
Este aniversario será recordado con algunas marchas de grupos opositores, y con actos a favor del gobierno, que organizó un foro con invitados como el líder opositor boliviano Evo Morales y el activista francés José Bové y su compatriota el periodista Ignacio Ramonet, director del periódico Le Monde Diplomatique.
La confrontación entre los bloques que disputan el poder tiene momentos cíclicos. Estamos en un momento de enfriamiento, aprovechado por el gobierno para una batalla psicológica de desgaste de las fuerzas opositoras, comentó Carrasquero.
Sin embargo, mientras más tiempo pase será peor para Chávez, porque el venezolano, por su cultura política, termina evaluando a un gobernante por los resultados, que son desastrosos en términos económicos y sociales, y por eso el presidente no tiene escapatoria si se concreta un referendo sobre revocar o no su mandato, agregó el experto.
Las encuestadoras atribuyen 60 por ciento o más de rechazo a Chávez entre sus consultados, contra 35 a 40 por ciento de aceptación. El apoyo al mandatario ganó algunos puntos porcentuales tras la huelga, pero muy pocos sobre su permanente piso duro, por encima de 25 por ciento según todos los sondeos.
Los problemas sociales, agudizados por la disminución de 8,9 por ciento del producto interno bruto en 2002, incluyen desempleo abierto superior a 20 por ciento de la población económicamente activa, más de la mitad de los trabajadores en la economía informal, 56 por ciento de hogares en la pobreza, e inflación anualizada por encima de 30 por ciento.
Las predicciones para 2003 indican que esos problemas se agravarán.
Otros indicadores de la calidad de vida ahondaron su deterioro, entre ellos la seguridad. En varios fines de semana de este año murieron más de 100 personas a manos de criminales, y la tasa de homicidios es 33 por 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina.
Muller observó que el clima de estabilización se debe a que buena parte de la oposición ya entiende que no puede resolver la actual crisis del Estado sino mediante prácticas democráticas, sin actos que sean preludio de nuevos enfrentamientos violentos.
A su vez, según el general retirado, eso es lo que quiere el sector mayoritario, institucional, de las Fuerzas Armadas: que se establezca un ambiente interno de paz que permita resolver las diferencias civilizada y democráticamente.
En cuanto al entorno internacional, hay evidencias de que Estados Unidos contribuyó a las demostraciones de la oposición hace un año, y ahora, envalentonado por lo que sucede en Iraq, puede verse tentado a resolver estos otros problemas en otras latitudes, como es la presencia molesta del grupo de origen militar que gobierna con Chávez, dijo Muller.
Sin embargo, es poco probable que Washington se involucre en lo inmediato en una labor de envergadura en Venezuela, pendiente como está de temas más urgentes que siguen al de Iraq, como (los de) Siria, Irán y Corea del Norte, añadió.
España y Estados Unidos fueron acusados de simpatizar con Carmona porque sus embajadores en Caracas se reunieron con él apenas tomó el poder. Ambas naciones, junto con Brasil, Chile, México y Portugal, integran en la actualidad el grupo de países que apoya la mediación de Gaviria en Venezuela. (
