Culpable de divorcios, matrimonios de conveniencia y serios conflictos familiares, la escasez de vivienda en Cuba posterga indefinidamente el viejo sueño de la casa propia para muchas personas.
Según datos oficiales, alrededor de 85 por ciento de las viviendas pertenecen a quienes la habitan, pero esa propiedad no da derecho a la compra-venta de inmuebles, monopolizada por el Estado.
No puedo vender esta casa en la cual ya no cabemos, ni comprar otra con más habitaciones. Tampoco puedo permutarla por una mayor, y para ampliar ésta debo comprar los materiales a precio de oro en las tiendas (que sólo venden) en dólares, se quejó Mariela Campos, maestra de 40 años.
Campos es propietaria gracias a la Ley General de Vivienda de 1985, que transfirió inmuebles del Estado a quienes residían en ellos, pero alega que las muchas regulaciones impuestas en los últimos años no le permiten mejorar sus condiciones de vida en materia de vivienda.
Vivo en un apartamento pequeño, con mi esposo y tres hijos, y quería cambiarme para otro con una habitación más. Cuando fui a hacer las gestiones me dijeron que desde el año pasado no se puede hacer, dijo a IPS.
Campos añadió que funcionarios del Instituto Nacional de la Vivienda, ente estatal que administra y regula todo lo concerniente al sector, le explicaron que las permutas sólo se permiten ahora entre casas con la misma cantidad de metros cuadrados.
Si vas para una casa más grande, se supone (que) pagues dinero y eso es ilegal, así que nada puedo hacer, lamentó la mujer.
Las autoridades cubanas definen la legislación sobre el tema como noble y altruista, porque el Estado subsidia 50 por ciento del valor de las viviendas, que se pagan en 20 años con un interés bancario de tres por ciento como máximo.
Pero hay insatisfacción de la población, concentrada en los decretos y disposiciones que regulan el proceso legal para que los particulares construyan, remodelen o amplíen un inmueble.
El esfuerzo propio no puede ser una vía para el lucro, ni para levantar lujosas viviendas, como tampoco un camino abierto a donde vayan a parar los deficitarios recursos del Estado, según autoridades del sector.
Las medidas aplicadas en los últimos años intentaron entre otras cosas frenar el auge de la permuta, que se convirtió en la única forma de actuar de manera privada en el sector de la vivienda, debido a la prohibición de compra-venta inmobiliaria.
Según autoridades, hubo momentos en que grandes cadenas de permutas involucraron hasta 20 casas y escondieron la venta ilícita de dos o tres inmuebles. La legislación actual establece que en esos intercambios no pueden participar más de tres viviendas, con superficie similar.
Sólo en 2000, las autoridades confiscaron 1.400 viviendas mal habidas, realizaron 548 expulsiones de ocupantes ilegales e impusieron multas que sumaron más de 1,5 millones de dólares por infracciones de las normas vigentes.
Este año, un número aún no informado de inmuebles han sido también confiscados al amparo del Decreto-Ley 232, que establece sanciones a conductas relacionadas con las drogas, los actos de corrupción y otros comportamientos ilícitos.
Esa norma dispone la confiscación de viviendas o locales en los que se produzcan, trafiquen, adquieran, guarden, consuman u oculten drogas ilícitas, o de cualquier modo se produzcan hechos relacionados con ellas, directa o indirectamente.
A quien comete delito se le debe castigar según lo establecido en el Código Penal, pero la confiscación de la casa puede dejar en la calle a toda una familia, no necesariamente involucrada en los hechos, comentó Campos.
En los fundamentos del Decreto-Ley se considera inaceptable que personas inescrupulosas se aprovechen de las conquistas de la obra revolucionaria y las usen para actividades de lucro y enriquecimiento personal.
En La Habana, obtener una habitación por medio de una permuta suele costar de 4.000 a 5.000 dólares, según la ubicación y el estado del inmueble.
Esa inversión, ilegal y costosa en la isla, puede ser considerada vital para la vida de una familia o una joven pareja necesitada de privacidad.
En este tipo de negocios no sólo hace falta dinero, a veces hay que buscar fórmulas que ayuden a encontrar resquicios a la ley, como los divorcios o matrimonios de conveniencia, comentó un abogado conocedor del tema.
Para economistas, la escasez de vivienda es el problema social más grave que afecta al país, y el déficit acumulado en los últimos 20 años podría rondar el millón y medio de unidades.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de 1986 a 1999 se construyeron en la isla, en promedio, unas 35.000 viviendas anuales, con un máximo cercano a 40.000 en 1987.
Eso no era suficiente para la reposición de viviendas, afirmó la CEPAL en un extenso estudio sobre la economía cubana de los años 90.
Varios estudios han señalado que el mayor déficit de vivienda se concentra en la capital, de 2,2 millones de habitantes, donde el estado constructivo de 46 por ciento de los 556.000 inmuebles residenciales va de regular a malo.
Expertos esperan que el Censo de Población y Viviendas realizado en septiembre, cuyos resultados fueron anunciados para julio, permita conocer la real magnitud del problema.
Entre otros datos, esa encuesta demográfica deberá reflejar no sólo la cantidad de inmuebles residenciales disponibles, sino también sus características.
El Censo de Población y Viviendas de 1981 indicó que el país disponía de 2.291.077 inmuebles residenciales para una población de 9.723.605 habitantes, que a inicios del actual siglo ya había auemntado a 11,2 millones.
De acuerdo con cálculos de la CEPAL, a comienzos de los años 90 faltaban en América Latina unos 20 millones de viviendas, y era preciso construir de 2,3 a 3,2 millones de unidades anuales, sólo para evitar el crecimiento de ese déficit.
