Un grupo de 14 periodistas colombianos huyeron del oriental departamento de Arauca tras ser declarados objetivos militares por guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha. Su comunidad quedó desinformada por la censura de los violentos.
Esos periodistas se trasladaron a Bogotá hace una semana sin sus familias, tras saber que figuraban en listas de condenados a muerte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y luego de que dos colegas fueran asesinados desde mediados de 2002.
Los 14 trabajaban en medios de comunicación de la ciudad de Arauca, capital del departamento, o de localidades vecinas. Otros dos comunicadores también amenazados, de la localidad de Saravena, aún no han escapado de ella por temor a una emboscada.
Arauca, con cerca de 300.000 habitantes, es una región estratégica por sus recursos petroleros para las FARC, el también izquierdista Ejército de Liberación Nacional y las paramilitares AUC.
En septiembre, el presidente Alvaro Uribe transformó a ese departamento en una de las llamadas zonas especiales de rehabilitación o de seguridad, bajo control de las Fuerzas Armadas, al amparo del estado de excepción vigente desde el 12 de agosto, pero eso no puso fin a la violencia.
Un habitante de Arauca que pidió anonimato por razones de seguridad dijo a IPS que desde entonces explotaron nueve coches- bomba, que mataron a por lo menos 10 personas, el comercio decayó en las ciudades y los asesinatos selectivos aumentaron, al igual que las renuncias de funcionarios amenazados por grupos armados.
Las amenazas para silenciar a periodistas comenzaron a mediados del año pasado, y desde entonces se materializaron dos asesinatos.
La primera víctima, en junio de 2002, fue Efraín Varela, director de la emisora Meridiano 70, y la segunda, el 18 de marzo, Luis Alfonso, director del noticiero de la misma emisora y colaborador del diario El Tiempo, único de circulación nacional.
El asesinato de Alfonso causó enérgicas condenas de la organización no gubermamental Reporteros sin Fronteras, con sede en Francia, y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que cuestionaron la efectividad del gubernamental programa de protección para periodistas.
Angel León, director del noticiero de la emisora Radio DIC, dijo a IPS que tras la muerte de Varela llegó a ese medio de comunicación un correo electrónico del bloque de las AUC en Arauca, con amenazas a todos los periodistas, a los presentadores de telenoticieros locales, a los gerentes de las emisoras y a los dueños de los medios de comunicación.
La situación se agravó el 28 de marzo, cuando el corresponsal en Arauca de la radioemisora Caracol, Rodrigo Avila, dio a conocer dos listas de periodistas condenados a muerte, una de las AUC con 10 nombres, que incluía a los asesinados Alfonso y Varela, marcados con una cruz, y otra de las FARC con ocho nombres.
Un periodista que pidió no ser identificado por razones de seguridad dijo a IPS que la declaratoria de Arauca como zona de rehabilitación aumentó los problemas de los reporteros, porque a las presiones de grupos armados ilegales se sumaron las de algunos miembros de fuerzas de seguridad.
Según la fuente, los periodistas se exponen a represalias si no difunden por completo los comunicados que reciben de guerrilleros y paramilitares.
Pero los funcionarios de seguridad también se molestan cuando un periodista omite de los boletines oficiales términos como narcoterroristas, narcoguerrilleros o delincuentes, usados por el gobierno para referirse a los grupos armados ilegales.
Uribe pide resultados a los militares en todo el país, y especialmente en las zonas de rehabilitación.
Eso a veces lleva a que miembros de las Fuerzas Armadas quieran utilizar a los periodistas para enviar mensajes de operativos supuestamente exitosos, y presionen para lograrlo, indicó el presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), César Velásquez.
Pero la prensa no puede ser la caja de resonancia de las partes, para agrandar o achicar los hechos según sus intereses, o para quedarse callados frente a algunos hechos, aseveró.
Según el vicepresidente Francisco Santos, el gobierno se interesó por la situación de los periodistas de Arauca, y ofreció trasladar a Bogotá a los que quisieron abandonar ese departamento, pero la mayoría lo hizo por sus propios medios.
Santos dijo que ha sostenido varias reuniones con periodistas, organizaciones gremiales y miembros de los ministerios de Defensa y del Interior, para discutir con qué garantías de seguridad podrían regresar a Arauca los periodistas que huyeron, y que se ha planteado un cronograma de actividades para ese retorno.
Los periodistas deben comprender que en una región tan difícil, que estuvo olvidada durante décadas por el Estado, cuando el gobierno empieza a intervenir de modo muy directo, obviamente los guerrilleros y paramilitares que la habían controlado quieren demostrar, mediante la intimidación, que la recuperación está fracasando, alegó.
Las presiones en Arauca hicieron primero que los periodistas de Arauca practicaran la autocensura, y en la actualidad ese departamento no sólo es un sitio peligroso, sino que es un sitio sin periodistas, señaló Ignacio Gómez, de la Fundación para la Libertad de Prensa.
Si no se aplican correctivos, los colombianos tendrán que acostumbrarse a (contar sólo con) los boletines que emiten el Ejército y los actores violentos, añadió.
Según organizaciones internacionales, en los últimos 14 años fueron asesinados en Colombia unos 115 periodistas, y eso ha convertido al país en uno de los más peligrosos para ejercer la profesión.
