Estados Unidos y cinco países de América Central no deben apresurarse a firmar un acuerdo de libre comercio, que hundirá a agricultores y otros grupos vulnerables en una pobreza mayor de la que ya sufren, advirtieron 63 organizaciones de la sociedad civil.
Sindicatos y organizaciones de fomento al desarrollo y a la agricultura, de derechos humanos y de solidaridad con países centroamericanos, la mayoría estadounidenses, firmaron una carta dirigida al presidente George W. Bush, quien se reunió este jueves con sus pares de los cinco países centroamericanos.
El tratado comercial ocasionará grandes perjuicios a los agricultores, trabajadores y gobiernos locales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, según la carta.
Bush recibió este jueves en Washington a los presidentes Abel Pacheco, de Costa Rica, Francisco Flores, de El Salvador, Alfonso Portillo, de Guatemala, Ricardo Maduro, de Honduras, y Enrique Bolaños, de Nicaragua.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, y otros funcionarios del gobierno promocionan el acuerdo como mecanismo para acabar con la pobreza y promover el desarrollo en América Central.
Por su parte, los cinco presidentes de la región latinoamericana argumentan que el tratado reducirá las barreras comerciales estadounidenses a sus productos agrícolas.
El acuerdo abrirá América Central a las exportaciones estadounidenses de maquinarias y equipos, productos químicos, plasticos y textiles, manzanas, maíz, trigo, arroz y alimentos procesados. Mientras, los países centroamericanos podrán vender a Estados Unidos caña de azúcar, café y pescado.
La agricultura representa un tercio de la fuerza de trabajo de la región, según la Organización Internacional del Trabajo.
Las exportaciones de Estados Unidos a América Central crecieron 42 por ciento entre 1996 y 2002, año en que ascendieron a 9.000 millones de dólares, cifra equivalente a las ventas sumadas a Rusia, India e Indonesia.
Mientras, las importaciones de productos centroamericanos a Estados Unidos sumaron 11.000 millones de dólares, 74 por ciento libres de aranceles.
Pero los activistas manifestaron en su carta a Bush, cuya copia fue enviada también a los cinco presidentes centroamericanos, grandes preocupaciones por la participación de la sociedad civil y la transparencia en el proceso de negociaciones.
El diálogo contó, hasta ahora, con limitada participación de la sociedad civil, aparte del sector empresarial, según la carta, que describe el plan de realizar audiencias públicas en los países involucrados como insignificante.
Faltan siete meses para el plazo fijado para terminar el texto del acuerdo, y hasta ahora no se estableció un proceso significativo para la participación de la sociedad civil de América Central, advierte.
El texto en negociación aún no está disponible al público, lo que sí sucede con los dos proyectos para el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), difundidos parcialmente en el sitio de las negociaciones en la red informática mundial Internet.
Para que cualquier acuerdo comercial sea legítimo, el plazo debe extenderse, el texto debe publicarse y deben crearse mecanismos para la participación en los procesos de negociación e implementación del acuerdo, dijo la activista Vicki Gass, de la no gubernamental Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
Muchas de las organizaciones firmantes de la carta manifiestan preocupación sobre asuntos concretos de las negociaciones, como agricultura y desarrollo sustentable, derechos laborales, normas de inversión, protección de los conocimientos tradicionales, acceso a las medicinas y garantías para los servicios públicos esenciales.
Algunos activistas temen que los sindicatos centroamericanos no participen en las negociaciones previstas para mayo.
La actual política comercial estadounidense llama, en principio, al respeto de principios internacionales sobre derechos laborales. Eso obligó a Guatemala a reformar sus leyes laborales, elevar el salario mínimo y aumentar las sanciones a las violaciones de esos derechos.
Pero el tratado comercial en negociaciones no incluye medidas al respecto. Se aceptan las actuales leyes laborales, que en América Latina están, con frecuencia, por debajo de las normas internacionales, dijo el activista Stephen Coats, del estadounidense Proyecto de Educación Sindical de las Américas.
El acuerdo en ciernes significará un retroceso en los compromisos asumidos en las últimas dos décadas por Estados Unidos de proteger los derechos de los trabajadores, agregó.
Los activistas también manifestaron preocupación por la posibilidad de que el acuerdo incluya una cláusula presente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en los borradores del ALCA, según la cual los inversores extranjeros tendrán el derecho a querellar a gobiernos por leyes que reduzcan sus beneficios.
La cláusula se aplicó para permitir la instalación en una localidad de México de un basurero de residuos tóxicos, contra la ley que vetó en el sudoccidental estado estadounidense de California el uso de un aditivo de combustible carcinogénico y para eliminar los subsidios al sistema postal de Canadá.
Es un mecanismo antidemocrático e injusto que no debería repetirse en el acuerdo con América Central o en otros, pero todo evidencia que es exactamente lo que los negociadores estadounidenses intentan hacer, dijo la coordinadora del programa comercial de la organización no gubernamental The Development GAP, Karen Hansen-Kuhn.
Algunos agricultores estadounidenses también se oponen al acuerdo. Desde la firma del TLCAN en 1993, las importaciones de Estados Unidos desde Canadá y México crecieron con demasiada rapidez, lo cual originó un exceso de oferta que redujo los precios en los tres países, afirmaron.
Nuevos tratados comerciales significarán menos agricultores trabajando, dijo la activista de la Coalición Nacional de la Familia Granjera Dena Hoff. Si la intención es mantener a los campesinos en la tierra y que prosperen, deben tener precios por encima del costo de producción, agregó.
