La situación de Colombia obstaculiza el plan del nuevo gobierno brasileño para afirmar su liderazgo en América del Sur, un desafío que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva empezará a afrontar este viernes, cuando su par colombiano Alvaro Uribe visite Brasilia.
El país vecino preocupa por su gran exportación de cocaína, por los conflictos armados que amenazan desbordar sus fronteras y también por la presencia estadounidense en su territorio, incluso militar, que restringe posibilidades de influencia brasileña en Colombia y en el subcontinente.
Lula impulsa una diplomacia audaz, en vez de la postura ”burocrática, de excesiva cautela” que ubicaba a Brasil en un papel ”inferior a su importancia política”, dijo a IPS el profesor de economía internacional Theotonio dos Santos, de la Universidad Federal Fluminense de la ciudad de Niterói, cercana a Río de Janeiro.
La primera señal de esa nueva política fue una iniciativa para amortiguar el conflicto en Venezuela entre el presidente Hugo Chávez y sus opositores, que provocó varias muertes y amenazaba con crear el caos en ese país.
Brasil encabezó en enero la creación del Grupo de Amigos de Venezuela, constituido además por Chile, España, Estados Unidos y México, para apoyar la mediación de César Gaviria, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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El gobierno brasileño también desea actuar como mediador en Colombia, en busca de una salida negociada del conflicto armado que comenzó hace 40 años y en el cual participan fuerzas del gobierno, grupos guerrilleros izquierdistas y paramilitares derechistas.
Esa intención lleva a Brasilia a resistir presiones de Bogotá y Washington para calificar de ”terroristas” a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional.
Brasil se opone al ”Plan Colombia”, mediante el cual Estados Unidos aportó ayuda financiera y militar a ese país para combatir al narcotráfico y la guerrilla, y que según sus críticos puede llevar a la total militarización colombiana y a una extensión del conflicto a países vecinos.
Impedir que eso ocurra y contener la política belicista de Uribe, para que se reanuden las negociaciones de paz, es una ”tarea en defensa de la soberanía nacional” de Brasil, ya que apunta a mantener control sobre el territorio amazónico brasileño, vecino a Colombia, arguyó Dos Santos.
Esa opinión refleja la convicción generalizada entre sectores nacionalistas brasileños, desde la izquierda a los militares, de que la Amazonia es blanco permanente de la codicia internacional, en especial de Estados Unidos.
Lula buscó evitar las dificultades que implicaría una iniciativa propia, y pidió formalmente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que actúe para impulsar negociaciones de paz en Colombia.
La nueva política exterior brasileña es orientada por una ”visión estratégica” que deja en segundo plano lo meramente económico, según sus ejecutores, y la prioridad asignada por Brasilia a América del Sur exige superar tensiones para unir a la región en negociaciones comerciales y otras cuestiones internacionales.
Brasilia intenta, por ejemplo, promover pronto una reunión de cancilleres sudamericanos para discutir tanto la amenaza de una guerra en Iraq como el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los conflictos en Colombia y Venezuela.
En el frente comercial, el nuevo gobierno brasileño se dispone a aplicar una política de ”generosidad” con sus socios del Mercado Común del Sur (Mercosur), Argentina, Paraguay y Uruguay, y con otros vecinos sudamericanos.
Concesiones en algunos puntos son el costo del liderazgo, necesario para defender ”intereses geopolíticos”, sostuvo el canciller Celso Amorim en una reunión con senadores hace dos semanas.
Un ejemplo fue la liberación, el 11 de febrero, de las importaciones de neumáticos recauchutados provenientes de Paraguay y Uruguay, que puso fin a una prolongada disputa comercial.
En realidad no fue un gesto de pura generosidad, ya que un fallo del mecanismo de solución de controversias del Mercosur había condenado la prohibición brasileña de esas importaciones, aplicada desde el 9 de enero de 2002.
Pero Brasil mantuvo trabas al ingreso de esos productos, invocando motivos ambientales y sanitarios.
Brasil alegaba que los recauchutados duran menos que los nuevos, y que ya es preciso eliminar más de 100 millones de neumáticos desechados al aire libre, en los cuales se estanca agua donde se reproduce el mosquito transmisor del epidémico dengue.
El problema se prolongó porque el anterior gobierno de Fernando Henrique Cardoso ”se dejó presionar por las multinacionales y los productores de neumáticos brasileños para permitir trabas incoherentes”, dijo a IPS el presidente de la firma uruguaya Serisur, Gustavo Albano.
Serisur es la única empresa de Uruguay que logró reanudar sus exportaciones de neumáticos recauchutados a Brasil. Las demás perdieron capacidad exportadora debido al cierre del mercado brasileño por varios años.
Pero no habrá más conflictos de ese tipo ni ”a causa de algunas cajas de melocotones”, prometió Marco Aurelio García, asesor internacional de Lula, quien asumió el gobierno el 1 de enero.
Pero hablar de generosidad es ”retórica”, porque los acuerdos internacionales implican ”concesiones recíprocas”, en la cooperación por interés común, comentó a IPS Sonia Camargo, directora del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Católica de Río de Janeiro.
Brasil busca con su nueva postura fortalecerse ante Estados Unidos en las negociaciones del ALCA y en otras instancias de su interés. La diferencia es una política externa más activa, basada en la coherencia con la política interna, sostuvo.
En la actualidad, el país posee una democracia estable, y hay fuerte respaldo de la población a la política gubernamental de combate al hambre, la miseria y la desigualdad social.
Eso ejerce un ”efecto de demostración” y puede aumentar la ascendencia sobre las demás naciones sudamericanas, la mayoría de las cuales están en crisis, explicó Camargo.
