El alto costo de la vida figura entre las principales preocupaciones de las familias en Cuba, donde los salarios resultan cada vez más insuficientes para cubrir todas las necesidades de alimentación y vestuario.
"Todo está muy caro, el dinero no alcanza" es la queja más común de la gente, sobre todo de aquella que carece de ingresos adicionales a su salario, ya sea por la vía de remesas provenientes del exterior o el desarrollo de más de una actividad laboral.
El cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, terció esta semana en la cuestión en una crítica Carta Pastoral emitida con motivo de los 150 años de la muerte del sacerdote Félix Varela, uno de los pensadores más destacados del independentismo cubano en el siglo XIX.
"Aunque la escuela y los cuidados de la salud son gratuitos, los salarios no se ajustan en general al costo de la vida", alertó el jefe de la Iglesia católica cubana.
En su opinión, los problemas derivados de los bajos ingresos "crean situaciones que hacen difícil la vida de la familia" y los sacerdotes acogen, "con frecuencia mayor que la esperada, las angustias de la gente".
Informes oficiales sitúan el salario medio en 262 pesos, equivalentes a igual cantidad en dólares al tipo de cambio oficial y a 10 dólares en el canje paralelo de las CADECAS (Casas estatales de Cambio).
Esas fuentes aseguran, además, que más de 1,1 millones de trabajadores recibieron aumentos salariales al finalizar 2002, en tanto más de 1,4 millones participan de sistemas de estimulación mediante el pago en divisa libremente convertible.
María Josefina Bello, subdirectora de una escuela primaria, elevó a 450 pesos su sueldo mensual, pero no tiene otros ingresos, aparte de la pensión para los niños de su ex esposo.
"Probablemente hay países con peor situación, pero cuando yo estudiaba, en los años 80, salarios como el mío eran mucho dinero y con lo que daban en la bodega comíamos bien", se lamenta.
Bello se refiere a la época anterior a la crisis económica que sacudió a Cuba luego de la caída del socialismo en Europa oriental y la desaparición de la Unión Soviética, a principios de la década de 1990.
En esa etapa, el estado aseguraba una canasta básica a precios subsidiados mediante la cartilla de racionamiento que, si bien austeramente, satisfacía las necesidades fundamentales de la familia.
Esa distribución regulada subsiste hasta hoy, pero garantiza sólo una mínima parte de los requerimientos alimenticios y no incluye, como antes, artículos de vestir y calzado.
"Gasto unos 40 pesos al mes y unos 100 en agua, luz, gas y teléfono. Lo que se lleva el dinero es la shopping (tienda con precios en dólares) y el agromercado, donde una cabeza de ajo puede costar hasta cinco pesos y una libra de carne de puerco, unos 25 pesos o más", explica.
La recesión hizo caer el producto interno bruto (PIB) en 34,8 por ciento entre 1990 y 1993, y obligó al gobierno a autorizar la libre circulación del dólar, además de abrir el país al turismo y a la inversión extranjera, entre otras reformas aún vigentes.
También se ampliaron los oficios que se pueden ejercer de modo independiente o por cuenta propia, lo cual permitió la apertura de pequeños restaurantes y cafeterías, y posteriormente se autorizó el alquiler de habitaciones al sector privado.
Las estrictas regulaciones y los impuestos se encargaron de evitar el crecimiento de ese sector, que en 2001 constituyó solamente 3,8 por ciento del total de ocupados en el país, equivalentes a 3,968 millones de personas.
Economistas y medios independientes presumen que el número de cuentapropistas (152,3 en 2001) sería mucho mayor si se pudiera contabilizar a quienes, para mejorar sus ingresos, ejercen sin licencia y evaden los impuestos.
Al respecto, el cardenal Ortega dijo que profesionales, empleados y obreros que no reciben ayuda económica de familiares o amigos residentes en el extranjero "se ven forzados a realizar algún tipo de actividad laboral legal o ilegal simultánea a su trabajo".
Ante la "zozobra" y los "temores" que causa la situación de ilegalidad debido a los altos impuestos, el prelado preguntó "a quienes deben responder" si no sería posible reducir racionalmente la carga impositiva para que "lo ilegal se haga legal".
En su opinión, una rebaja de los impuestos que cobra el Estado a los trabajadores independientes ayudaría a "evitar la corrupción" y a legalizar actividades que se realizan en forma clandestina.
Las reflexiones del cardenal Ortega coinciden con una fuerte ofensiva gubernamental contra la droga, aunque orientada también contra el desarrollo de actividades como el alquiler privado de habitaciones a extranjeros sin la correspondiente licencia y el pago de impuestos.
Según diversos testimonios, la policía ha desmantelado centenares de fábricas clandestinas de diversos productos desde el inicio, en enero pasado, de sus operaciones para impedir la propagación de un "incipiente mercado de expendio y consumo de drogas".
Al respecto, el arzobispo Ortega advirtió que el uso de drogas en todo el mundo "y ahora también en Cuba", tiene sus promotores en delincuentes perversos, "pero sus mejores aliados son la falta de sentido para la vida" y el derrotismo.
