Las políticas económicas impulsadas por el FMI en Bolivia fueron la causa de los últimos disturbios en ese país sudamericano, que dejaron hasta este viernes al menos 27 muertos y 100 heridos, acusaron críticos de la institución.
El detonador de las violentas protestas fue un aumento de 12,5 por ciento sobre los salarios anunciado por el gobierno con el argumento de que era necesario para recortar el déficit presupuestal y así obtener un crédito de 4.000 millones de dólares del FMI (Fondo Monetario Internacional).
Policías y estudiantes realizaron el miércoles una marcha que fue seguida de incendios y saqueos, tras lo cual el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada anuló el ajuste fiscal, llamado impuestazo, y la capital La Paz fue militarizada.
Los enfrentamientos entre policías amotinados y soldados causaron 18 muertos ese día. La violencia continuó el jueves y dejó al menos nueve muertos más en actos de vandalismo, bloqueos de rutas y marchas de trabajadores y opositores que exigían la renuncia del presidente.
Para este viernes, la calma parecía haber retornado a la capital de Bolivia, el país más pobre de América del Sur, luego de un acuerdo que puso fin al motín policial.
Activistas bolivianos están convencidos de que el rechazo a los nuevos impuestos fue lo que lanzó a los manifestantes a las calles, señaló 50 Años es Suficiente, una coalición de grupos críticos hacia las políticas del Fondo y el Banco Mundial.
Sin embargo, un funcionario del FMI dijo a IPS que su institución no sugirió que el gobierno introdujera nuevos impuestos.
Según medios de prensa bolivianos, el presidente del Banco Central de Bolivia afirmó que el Fondo había exigido una reducción del déficit presupuestal de 8,5 por ciento a no más de 5,5 por ciento para conceder un nuevo préstamo.
Pero el gobierno sostuvo que el aumento de impuestos no forma parte del programa recomendado por el FMI.
En el papel eso es verdad, pero en la realidad es sabido que el FMI propone activamente sus propias soluciones para los problemas que identifica y en este caso la introducción de nuevos impuestos era el remedio prescripto por el FMI para el déficit, afirmó 50 Años, con sede en Washington.
Definitivamente hay conciencia en la población directamente afectada en Bolivia de que el Fondo es el que orquesta esta política económica del gobierno, desde que ambos firmaron el acuerdo (provisional) de octubre, señaló Stasy McDougall, coordinador de campaña de la coalición.
Un portavoz del FMI dijo a IPS que la institución lamenta las muertes y la violencia ocurridas en Bolivia, pero negó que se debieran a medidas promovidas por el Fondo.
El enfrentamiento en un comienzo fue entre la policía y los militares, y no tenía relación con ninguna medida específica. Básicamente era un problema por los salarios de los policías, sostuvo el portavoz, Francesco Baker.
Baker también negó que el FMI haya recomendado el aumento de impuestos en consultas directas con funcionarios bolivianos.
No analizamos medidas específicas, sino la situación de déficit presupuestal. Un déficit alto no es sostenible, aclaró el funcionario.
Bolivia ha estado en discusiones con el FMI desde octubre y alcanzó un acuerdo provisional para obtener un préstamo de 4.000 millones de dólares.
Uno de los requisitos constantes del Fondo es que los países prestatarios reduzcan su déficit presupuestal para financiar programas de alivio de la pobreza descriptos en un documento estratégico de reducción de la pobreza, en el que la institución recomienda a los gobiernos las medidas a tomar.
Una de esas medidas es el incremento de la recaudación fiscal.
El costo de la aplicación del programa del FMI en Bolivia hasta 2006 se estima en 7.400 millones de dólares, de los cuales 3.700 millones (incluidos ingresos fiscales) procederían de fuentes domésticas y 2.800 millones de fondos extranjeros.
Según el documento estratégico de reducción de la pobreza, el déficit presupuestal boliviano de 900 millones de dólares podría corregirse a través del sector privado (por ejemplo, mediante concesiones de rutas) y del aumento de la recaudación, previas mejoras en la administración fiscal.
Las políticas impulsadas por el FMI y la presión de Estados Unidos para poner fin a los cultivos de coca sin ofrecer una alternativa económica a los cultivadores representan una enorme carga para Bolivia, sostuvo la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización no gubernamental.
Las protestas son resultado de la frustración y desesperación de la población por su situación económica, dijo Tina Hodges, de WOLA.
Bolivia está bajo presión del FMI para reducir su déficit… y por eso el gobierno anunció los nuevos impuestos, agregó.
El impuestazo, anulado inmediatamente después del estallido de las protestas, fue la gota que rebasó el vaso para una población afligida por la pobreza y la desigualdad social, que se agravó con los programas de liberalización económica.
La mayoría de los 8,5 millones de habitantes de Bolivia son agricultores de subsistencia, mineros o pequeños artesanos, con bajos ingresos. El ingreso anual promedio por habitante apenas llega a mil dólares.
Sindicatos, empresarios y líderes de la oposición amenazaron con una huelga general en protesta por las medidas de austeridad del presidente Sánchez de Lozada, un millonario propietario del mayor grupo minero de Bolivia.
