El gobierno de Brasil decidió buscar una posición equilibrada y unificada respecto de los productos transgénicos, tratando de conciliar las presiones de amnbientalistas, científicos y empresarios.
Un grupo de trabajo creado el martes con representantes de nueve ministerios, tendrá un mes para procurar una definición gubernamental armónica sobre la cuestión.
Uno de los problemas a los que el grupo deberá hallar solución es la creciente cosecha ilegal de soja transgénica en el sur del país que, según datos oficiales, llegará este año a casi cuatro toneladas.
La polémica entre quienes alertan sobre los potenciales riesgos sanitarios y ambientales de los organismos transgénicos y quienes propugnan su investigación y desarrollo dividió a los ministerios de Ambiente y Agricultura del anterior gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).
La controversia se repite en la actual administración de Luiz Inácio Lula da Silva, con el Ministerio de Ambiente opuesto a la introducción de organismos genéticamente modificados y la cartera de Agricultura favorable a los cultivos transgénicos.
Los transgénicos son variedades vegetales o animales obtenidas en laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies con el fin de mejorar sus características, hacerlos resistentes a plagas, o a condiciones climáticas severas.
El cultivo de transgénicos está prohibido en Brasil debido a un simple fallo judicial provisorio, de junio de 2000, que impidió la siembra comercial de una variedad de soja desarrollada por la corporación estadounidense Monsanto.
El caso, iniciado en 1997, debería recibir un fallo judicial definitivo en 60 días, tras numerosas postergaciones gestionadas por autoridades y organizaciones ambientalistas.
La ambigüedad del gobierno y la incertidumbre judicial son señaladas como causas de la siembra ilegal de soja transgénica en el sur de Brasil.
De acuerdo a las denuncias, ocho por ciento de la cosecha nacional de soja de este año es transgénica, sostuvo el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues.
Los cultivos proceden en general de semillas contrabandeadas desde Argentina, donde casi todos los cultivos de soja son transgénicos.
La producción de soja modificada de Brasil sumaría entonces casi cuatro millones de toneladas, pues el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística estima que la producción total de este año será de 48,5 millones de toneladas.
Los agricultores del sur brasileño estiman que el volumen de la cosecha transgénica es aun mayor, de 8,5 millones de toneladas, con un valor de 1.740 millones de dólares.
En el meridional estado de Río Grande del Sur, con extensas fronteras con Argentina, se dice que más de 70 por ciento de la soja es transgénica, aseguró el presidente de la Federación de la Agricultura local, Carlos Sperotto.
Qué hacer con esa cosecha ilegal es uno de los problemas cuya solución deberá sugerir el grupo interministerial dedicado a evaluar diversos aspectos de la ingeniería genética aplicada a la agricultura.
A juicio del ministro Rodrigues, defensor de la biotecnología, no se debe olvidar la realidad socioeconómica y descartar la producción, sacrificando a unos 155.000 agricultores involucrados.
Pero seis organizaciones no gubernamentales que promueven la Campaña por un Brasil libre de transgénicos reclaman una acción efectiva del gobierno, que elimine la soja ilegal y castigue a los responsables de su siembra.
Las presiones sobre las autoridades proceden de varios frentes, mientras no existen estudios científicos concluyentes sobre los efectos de los transgénicos en el ambiente y la salud humana.
El investigador Manoel Teixeira Souza, de la estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), lamentó que la polémica se hubiera iniciado por la variedad de soja Roundup Ready, creada por Monsanto para soportar sus herbicidas y facilitar la aplicación de estos venenos.
La nueva tecnología aparece así asociada a factores adversos, como el mayor uso de agrotóxicos y el avance de una transnacional sobre el mercado nacional, cuando podría ser exactamente al revés, observó a IPS el agrónomo que investiga el genoma del banano en el Centro de Recursos Genéticos y Biotecnología de Embrapa, con sede en Brasilia.
La polémica en estos términos perjudica la investigación, paralizando proyectos e inhibiendo inversiones, señaló Souza, responsable del desarrollo de una papaya transgénica, cuyas semillas podrían perderse por la demora en su siembra, mientras un producto obtenido por el mismo método se cultiva para exportación en Hawai.
No hay tecnología que ofrezca cien por ciento de seguridad, pero los conocimientos actuales permiten crear alimentos transgénicos relativamente seguros y resistentes a plagas, sostuvo.
Yo prefiero una fruta transgénica que no requiere agrotóxicos a otra tratada con fungicidas, opinó Souza.
En cambio, el nuevo presidente de Embrapa, Clayton Campanhola, afirmó al asumir el cargo hace un mes que el organismo estatal – – que reúne 40 centros especializados de investigación – – debe respetar la vigencia del principio de precaución en sus actividades.
De acuerdo al principio de precaución, los países tienen derecho a prohibir la introducción o desarrollo de sustancias u organismos cuya inocuidad no esté suficientemente probada.
La cautela y la necesidad de mayores estudios sobre los transgénicos en un país rico en biodiversidad como Brasil, son también los argumentos que esgrime la ministra de Medio Ambiente, Marina da Silva, para oponerse a la producción comercial de organismos genéticamente modificados.
Pero será dificil resistir las presiones económicas. Seis asociaciones empresariales de la cadena productiva del algodón, que incluye la industria textil, defienden el cultivo del algodón transgénico, para evitar la caída de la producción nacional y el aumento de las importaciones.
La modificación genética representa una reducción de 60 por ciento en los costos de producción. Sin ella y con la competencia de otros países, especialmente Estados Unidos, que ya emplean la nueva tecnología, los agricultores abandonarán el algodón por otra siembras, arguyen los empresarios.
El algodón transgénico reduce a menos de un tercio la necesidad de aplicación de venenos, reduciendo el costo y favoreciendo la salud de los trabajadores y el ambiente, sostuvo Helio Tollini, director de la Asociación Brasileña de los Productores de Algodón, en entrevista con IPS.
El algodón es una de las siembras más atacadas por hongos, insectos y bacterias, en una lista que incluye casi 250 agentes patógenos, y exige por tanto una aplicación intensiva de pesticidas o el desarrollo de variedades resistentes.
Tollini, sin embargo, no reclamó una liberación inmediata de semillas transgénicas, sino un gran esfuerzo de investigación con datos nacionales para que dentro de tres años como mínimo el país pueda adoptar una decisión definitiva. (
