En Nicaragua, Guatemala y Costa Rica se debate la efectividad de la prohibición del comercio de fauna, que atenúa pero no elimina la amenaza de extinción de especies, según especialistas y empresarios.
En América Central está prohibido comerciar ejemplares del cocodrilo moreleti, el loro nuca amarilla y la tortuga baula, tres especies amparadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Sin embargo, las tres siguen recorriendo el camino sin retorno de la extinción, mientras Guatemala, Nicaragua y Costa Rica discuten la efectividad de instrumentos nacionales e internacionales contra el tráfico de especies.
Desde 1975, cuando la CITES entró en vigor, más de 30.000 especies animales y vegetales fueron incorporadas a la convención bajo diversas estrategias de protección, tanto en el Apéndice I, que prohíbe la venta, como en el Apéndice II, que contempla el comercio controlado.
Pero cada vez que se discute la incorporación de una nueva especie, ecologistas y empresarios protagonizan intensos regateos.
Las medidas de CITES sirven, pero una regulación dura afecta el comercio internacional, dijo a Tierramérica Pablo Soto, propietario de un criadero de cocodrilos e iguanas en Guatemala.
En ocho años no he podido exportar un solo cocodrilo moreleti (Crocodylus moreleti), y eso no variará hasta que nazca la tercera generación de esa especie, que padece contaminación sanguínea, provocada por el apareamiento entre padres e hijos, lamentó Soto.
El moreleti, muy apreciado por su piel, fue incluido en el Apéndice I en los años 90. En Guatemala habita en los departamentos de El Petén, Alta Verapaz y Quiché, aunque no existe un censo confiable de su población.
El empresario no cuantificó las pérdidas que sufrió por no haber podido exportar 153 cocodrilos criados en su granja, pero criticó al estatal Consejo de 5reas Protegidas (CONAP), que prohíbe liberar ejemplares nacidos en cautiverio para lograr la regeneración sanguínea.
La CITES es necesaria, pero las autoridades guatemaltecas obstruyen la investigación científica y la reproducción en cautiverio, se quejó el técnico del Museo de Historia Natural, Manuel Acevedo.
Por falta de recursos, el CONAP no ha podido controlar el tráfico de fauna y la depredación que provocan el consumo de carne y el uso de vegetales en la medicina tradicional, dijo a Tierramérica la ex responsable de CITES en el organismo, Migdalia García.
En noviembre, la CITES transfirió al loro de nuca amarilla (Amazona auro-palliata) del Apéndice II al I. Se abrió entonces una dura polémica entre los exportadores y el Ministerio de Ambiente de Nicaragua, que apoyó la protección, propuesta por Costa Rica.
La medida fue adoptada sin el requisito de informar a los sectores implicados con 330 días de antelación, se quejó también la Asociación de Criadores y Exportadores de Fauna Silvestre de Nicaragua.
Además, la decisión fue tomada sin una evaluación científica que la respalde, dijo a Tierramérica el presidente de la asociación, Juan José Quezada Peralta.
A juicio de José Morales, ex autoridad científica de CITES, había otras alternativas lógicas y sensatas para proteger al nuca amarilla, como un proyecto de reproducción en cautiverio.
La experiencia nicaragüense e internacional con el Apéndice I arroja resultados negativos, pues las prohibiciones más bien promueven el contrabando, opinó Morales.
De acuerdo a los exportadores, Nicaragua aún alberga más de 204.000 ejemplares de nuca amarilla.
Si bien estaba permitido exportar hasta cinco por ciento de esa población, las trece empresas agrupadas del sector alegan que sólo vendían en el exterior un promedio anual de 650 ejemplares.
Los exportadores presionan para evitar la prohibición al comercio de un producto que reporta importantes ingresos, afirmó a Tierramérica el científico nicaragüense Jean-Michel Maes.
Según Maes, el saqueo de nidos de loro nuca amarilla hizo mermar la población de esta especie en 48 por ciento entre 1995 y 1999.
Por cada loro exportado, entre cinco y nueve individuos son extraídos de su hábitat, y entre dos y cinco son objeto de contrabando, señaló el experto.
Durante 110 millones de años, la tortuga baula (Dermochelys coriacea) logró sobrevivir a catástrofes como las glaciaciones, pero bastó un modelo no sustentable de desarrollo, como el turismo no planificado, para empujar al borde de la extinción a una especie que convivió con el mamut.
La inclusión de esa y otras tortugas marinas en el Apéndice I atenúa, pero no resuelve los problemas que atentan contra esa especie, declaró a Tierramérica Jorge Gamboa, asesor técnico del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica.
En 2001 sólo 65 ejemplares de baula desovaron en playa Grande, Costa Rica, el principal sitio de anidación de la especie en el océano Pacífico. En 1988, mil 362 individuos llegaron a la zona.
La Convención Internacional para la Conservación y Protección de la Tortuga Marina apenas está en proceso de delinear una política para abatir los estragos a la especie, ocasionados además por el saqueo de huevos y la matanza que representa la industria pesquera, explicó Gamboa.
CITES da los lineamientos, pero cada país es responsable de establecer y aplicar políticas propias de protección a la vida silvestre, dijo.
Un turismo desordenado causa efectos en las playas de anidación, donde aspectos como la iluminación artificial son nefastos para las crías que, atraídas por la luz, sufren desorientación en su camino al océano, abundó Gamboa.
Hasta ahora, ninguna de las especies amparadas por la CITES se ha extinguido por prácticas comerciales.
*Publicado originalmente el 8 de febrero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
