Inspectores de la policía fronteriza de Portugal alertaron esta semana sobre la extrema permeabilidad de las fronteras de la zona sudoccidental de Europa para el ingreso de inmigrantes irregulares.
Los agentes del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) realizaron una huelga de 24 horas el 6 de enero, para pedir mejores condiciones laborales, contratación de nuevos inspectores y adquisición de equipos técnicos que les permitan cumplir su misión de control.
La costa del país sobre el océano Atlántico es una de las puertas de ingreso a la Unión Europea (UE) y al área Schengen, un grupo de países que acordaron eliminar los controles fronterizos al movimiento de personas entre sus territorios.
El Acuerdo de Schengen fue firmado en 1985, en la sudoriental ciudad luxemburguesa del mismo nombre, por Alemania, Bélgica, Francia, Holanda y Luxemburgo.
Esos países, miembros de la UE, querían permitir el libre desplazamiento por sus territorios de cualquier persona que ingresara en forma legal al bloque europeo, pero la idea no era compartida por sus socios en la UE, partidarios de acotar el libre desplazamiento a los ciudadanos de Estados miembros.
El acuerdo de Schengen entró en vigor en 1995, y en la actualidad lo integran, además de los miembros originales, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Italia, Portugal y Suecia, todos miembros de la UE, e Islandia y Noruega, que no forman parte de ese bloque.
El área Schengen cuenta con normas unificadas sobre visas, asilo y controles fronterizos. Gran Bretaña e Irlanda integran la UE pero no esa área.
Portugal y los demás países que administran fronteras externas del área asumieron la obligación de mantener eficientes controles de las mismas, en especial para evitar la entrada de inmigrantes irregulares.
Es difícil honrar en forma cabal nuestros compromisos, si tenemos una computadora obsoleta para cada cinco inspectores, y al perseguir en el sur del país a traficantes de mano de obra clandestina se nos averió un automóvil porque ya tenía 300.000 kilómetros recorridos, dijo a IPS el presidente del sindicato del SEF, Gonçalo Rodrígues.
Según ese sindicato, para controlar con eficiencia las fronteras son necesarios unos 2.000 inspectores, en lugar de los actuales 683.
Hasta hace dos o tres años, residían en Portugal unos 150.000 inmigrantes, casi todos provenientes de países en que se habla portugués. Hoy hay más de 600.000, muchos de ellos ilegales, víctimas de las mafias del Este europeo, y el número de agentes del SEF es muy insuficiente para esa nueva realidad, explicó Rodrígues.
Las cifras oficiales del SEF indican que hasta el 31 de octubre de 2002 residían en el paós 436.215 extranjeros, pero especialistas calculan que otros 200.000 ingresaron en forma irregular, y logran sobrevir y trabajar en forma clandestina.
La insuficiencia de los controles es uno de los motivos del aumento del número de inmigrantes.
Si el país no renueva sus equipos y contrata el número necesario de personal adecuado para funciones de control, puede ser expulsado del Acuerdo de Schengen, ya que podrá poner en peligro la seguridad de los demás miembros, advirtió Rodrígues.
Hasta comienzos de 2000, la inmensa mayoría de los inmigrantes a Portugal provenían de países y territorios en que se habla portugués: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé-Principe, Timor Oriental y los enclaves de Goa, Diu y DamFo en India, de Macao en China y de Malaca en Malasia.
Pero la afluencia al país de grandes sumas de dinero provenientes de la UE, destinadas a infraestructura para alcanzar el promedio de ese bloque, lo ha llenado de obras en construcción que atraen a trabajadores de países ex socialistas europeos, en especial ucranianos, rusos, moldavos, rumanos y búlgaros.
Por otra parte, la dificil situación económica vivida por Brasil en los últimos años hizo aumentar el ingreso anual de personas provenientes de ese vasto pais sudamericano, de 13.700 en 1999 a los actuales 54.400, sin contar los irregulares.
Además, inmigrantes legales muchas veces usan a Portugal como puerta de entrada a otros países del área Schengen, debido a la mayor facilidad relativa para obtener permisos de residencia.
Especialistas calculan que trabajadores extranjeros, entre ellos los presuntos 200.000 inmigrantes irregulares, son en la actualidad 6,3 por ciento de la población de 10 millones de personas del país, que tiene 89.000 kilómetros cuadrados.
Al flujo de capitales europeos para obras de infraestructura se añadió el de cuantiosas sumas de dinero circulante en el mercado común de la UE desde la apertura de fronteras el 1 de enero de 1993, cuando se formó un espacio económico común que creó 2,5 millones de puestos de trabajo.
Desde esa fecha, las empresas del bloque comenzaron a tener acceso a un mercado muy ampliado, y su riqueza aumentó unos 171.400 millones de dólares, lo cual contribuyó mucho a que el producto interno bruto (PIB) de la UE creciera 1,8 por ciento.
En la última década, el PIB por habitante de Portugal creció de unos 9.500 a unos 14.000 dólares por habitante, porque el país formó parte junto con España, Gracia e Irlanda de un grupo receptor privilegiado de fondos de la UE, por razones de menor desarrollo relativo.
Organizaciones humanitarias locales han acusado a muchos empresarios inescrupulosos de contratar a inmigrantes irregulares para no pagar contribuciones a la seguridad social.
Los empleadores que incurren en esa práctica pagan una pequeña multa si son sorprendidos por inspectores del trabajo, y el mayor costo en esos casos corresponde a los inmigrantes irregulares, que deben abandonar el país y el área Schengen.
Ante la protesta sindical, y quizá para evitar problemas con sus socios en el Acuerdo de Schengen, el gobierno llamó a aspirantes a 184 cargos de agente, una medida claramente insuficiente según el sindicato.
En la actualidad, dos inspectores controlan el flujo diario de 2.500 pasajeros en el aeropuerto internacional de Faro, capital de la meriodinal región turística de Algarve, ejemplificó Rodrígues.
Compañías aéreas amenazan con demandar al Estado por atrasos significativos en los vuelos, causados por esa insuficiencia de personal, señaló.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, todos los países tomaron medidas serias para el combate al terrorismo, excepto Portugal, donde en promedio, confiscamos 10 pasaportes falsos por día, alegó el sindicalista, quien anunciar una segunda huelga para el 18 de enero.
No son las huelgas las que ponen el peligro la seguridad nacional y fragilizan los controles en el área Schengen, sino la falta de medidas adecuadas por parte de los gobernantes, arguyó. (
