Organizaciones estadounidenses de derechos humanos respaldaron este jueves las iniciativas para crear una comisión internacional con la misión de investigar la creciente ola de violencia contra activistas de Guatemala.
La propuesta fue presentada este mismo jueves por el procurador de Derechos Humanos del estado guatemalteco, Sergio Morales.
La Comision Investigadora de los Cuerpos Ilegales y Grupos Clandestinos de Seguridad propuesta por Morales al presidente Alvaro Portillo y al Congreso legislativo estaría integrada por representantes de la comunidad internacional y funcionarios del gobierno.
Morales lanzó su propuesta tras un análisis de las denuncias que ha recibido y que dejan en evidencia indicios de la existencia de organizaciones clandestinas dedicadas a amedrentar a los activistas de derechos humanos.
El funcionario afirmó que no habrá paz en Guatemala mientras persista (la) tolerancia a las violaciones de los derechos humanos.
El deterioro de la situación en el país centroamericano merece la atención de la comunidad internacional, que ha supervisado el cumplimiento de los acuerdos de paz que pusieron fin en 1996 a 36 años de guerra civil, indica un comunicado emitido este jueves por cuatro organizaciones humanitarias estadounidenses.
La declaración fue firmada por la filial estadounidense de Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA) y el Comité de Abogados para los Derechos Humanos (LCHR).
El año pasado, los defensores de los derechos humanos y los juristas de Guatemala sufrieron reiterados actos de violencia e intimidación, según la declaración, según la cual los perpetradores parecen estar estrechamente vinculados a actuales y antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad.
Al socavar el sistema de justicia y perpetuar un clima de impunidad, las acciones atribuidas a esos grupos han puesto en peligro la vigencia de la ley y el funcionamiento de la democracia en Guatemala. Para que se arraigue un sistema judicial efectivo y justo, los grupos responsables de estos actos deben ser descubiertos y desmantelados, agrega el comunicado.
Las organizaciones afirmaron que el presidente Alfonso Portillo no tomó acciones efectivas contra los responsables de la violencia que sufren los activistas, y respaldó la creación de una comisión investigadora internacional en la órbita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El cuerpo propuesto debería investigar la existencia de grupos armados ilegales y su aparente papel en ataques contra la comunidad de derechos humanos en Guatemala, agregaron.
Las organizaciones indicaron que el actual deterioro de la situación de los activistas se remonta a 1998, cuando defensores de derechos humanos y organismos de la Iglesia Católica lanzaron investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil.
Los estudios se concentraron en la violencia contra comunidades indígenas mayas durante el gobierno de Efraín Ríos Montt (1982- 1983), quien, según versiones insistentes, se presentará en las elecciones de noviembre como candidato a presidente.
En 1998, el obispo Juan Gerardi fue asesinado a golpes a pasos de su residencia, apenas dos días después de presentar el informe de una comisión de la Iglesia Católica que atribuía al ejército y a paramilitares 80 por ciento de las decenas de miles de muertes ocurridas en los años 80 a causa de la violencia política.
Cuatro hombres, entre ellos tres integrantes de la Guardia Presidencial dependiente del ejército, fueron luego acusados del asesinato de Gerardi.
El año pasado aumentaron las amenazas y los actos de violencia contra activistas de derechos humanos y religiosos, según las organizaciones de derechos humanos radicadas en Estados Unidos.
Entre los incidentes más serios de 2002 figuró el incendio intencional de la parroquia de la localidad de Nebaj, en el departamento de Quiche, donde se guardaban documentos relacionados con el informe de Gerardi y otros elaborados por un equipo de antropólogos forenses que exhumaron tumbas masivas abiertas en los años 80.
Un mes después, tres oficinas pertenecientes a la diócesis de San Marcos fueron objeto de saqueo, y el obispo de lugar, Alvaro Ramazzini, recibió varias amenazas de muerte.
A fines de abril, el contador de la fundación de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, Guillermo Ovalle de León, fue asesinado a tiros en un restaurante luego de haber recibido amenazas de muerte.
En mayo, cuatro antropólogos forenses fueron obligados a abandonar el país luego de recibir amenazas de muerte, y al mes siguiente un mensaje enviado vía fax a la prensa declaraba a 11 activistas como enemigos del Estado y los amenazaba de muerte.
En julio, desconocidos robaron las computadoras del local de la Oficina Nacional de Coordinación para los Derechos Humanos, compartido con otras cuatro organizaciones. Ese mismo mes, en la víspera de una visita del papa Juan Pablo II a Guatemala, hubo disparos en el tribunal que considera el asesinato de Gerardi.
En septiembre, apareció el cuerpo decapitado y sin sus orejas, nariz ni ojos del activista Manuel García de la Cruz, de la Coordinación Nacional de Viudas.
En los meses siguientes aumentaron las amenazas de muerte contra activistas, y el 9 de octubre el abogado maya Antonio Pop Caal fue secuestrado. Dos dirigentes indígenas fueron secuestrados en la localidad de Izabal en noviembre.
El mes pasado, el activista Amílcar Méndez sufrió varios disparos luego de brindar a la justicia evidencia del involucramiento de agentes del Estado con el secuestro de Pop Caal, cuyo cuerpo apareció a fines de año en el aeropuerto de Coban.
Ninguno de esos incidentes fueron investigados satisfactoriamente por el gobierno, ni los culpables conducidos ante la justicia, dijo el experto en asuntos guatemaltecos de la WOLA Geoff Thale.
Los activistas an participado en un diálogo de alto nivel con el gobierno, pero abandonaron esa instancia luego de la tercera reunión, cuando los ataques parecieron intensificarse. Las autoridades designaron un fiscal especial para investigar los casos. Sin embargo, no hubo avances.
La creación de una comisión internacional con amplias potestades integrada por expertos en investigaciones criminales sobre grupos clandestinos y paramilitares, así como conocimiento sobre la situación de Guatemala, sería el único medio de descubrir las fuerzas detrás de estos incidentes, según las organizaciones estadounidenses. (
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