Analistas y empresarios de Colombia elogiaron las intenciones del Plan de Desarrollo que presentará al Congreso el presidente Alvaro Uribe, pero dudaron de que sea congruente con el programa de ajuste anunciado, al igual que sindicatos y organizaciones no gubernamentales.
Las primeras objeciones a ese plan para los próximos cuatro años, denominado Hacia un Estado comunitario y que Uribe presentará antes del 7 de febrero, fueron planteadas por el consultivo Consejo Nacional de Planeación (CNP), integrado por 26 representantes de sectores económicos, sociales, ambientalistas y culturales.
El objetivo de lograr seguridad, base del programa de gobierno del mandatario, no sólo implica el uso de la fuerza, sino también garantizar el acceso a empleo, vivienda, servicios médicos y todo lo que signifique mejorar las condiciones de vida de los colombianos, afirmó el CNP en un documento entregado a Uribe.
Las metas del plan son que el producto interno bruto crezca 3,9 por ciento, crear 310.000 empleos y 1,5 millones de cupos educativos, implementar una estrategia de seguridad democrática y ampliar los servicios de salud.
Analistas independientes insistieron en que el concepto de Estado comunitario debe incluir participación ciudadana, descentralización y transparencia del Estado.
Hablar de más cupos escolares o de más empleos, mientras (…) se anuncian despidos masivos en la administración pública y recortes en los presupuestos educativos, es un contrasentido, dijo a IPS Fabio Zapata, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Nacional de Educadores.
En 2002, fueron excluidos en forma temporal o definitiva del sistema escolar cerca de 290.000 niños y niñas, o sea 3,6 por ciento del total de los que asistían a escuelas públicas), en especial de áreas rurales, debido al desplazamiento forzoso de 2.900 educadores que en su mayoría están desempleados, destacó.
El presidente del CNP, Roberto Ortegón, opinó que el plan de desarrollo está bien encaminado, pero demandó mayor claridad y compromiso por parte del Estado acerca del origen de los recursos que se invertirán, cuya disponibilidad no es segura.
Hemos advertido que en el texto preliminar del Plan de Desarrollo se mencionan muchas obras, pero no se expresan directamente las prioridades, y (…) lo urgente es articular el plan económico con la equidad social, sostuvo.
El plan debe asumir la situación de guerra que vive el país, pero la estrategia para lograr legitimidad del Estado debe ser acompañada por respeto de los derechos humanos y búsqueda de acuerdos humanitarios que ayuden a superar el conflicto armado, y no concentrarse en destinar más recursos a la guerra, apuntó Ortegón.
Además, el enfoque del crecimiento económico debe ser más regional, y no sólo por sectores, como está planteado, para aprovechar las ventajas comparativas de cada región, sus fortalezas y oportunidades, añadió.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Carlos Rodríguez, expresó satisfacción por las intenciones declaradas del plan, pero añadió que en un país donde más de un tercio del presupuesto se utiliza en el pago de la deuda pública, surgen dudas sobre la verdadera disponibilidad de recursos para la inversión social.
Nadie entiende cómo habrá tanto empleo en una economía que según los analistas sólo crecerá dos por ciento, cuando se ha dicho que la única garantía para disminuir la desocupación es crecer más de cinco por ciento, comentó.
Representantes del sector de la construcción manifestaron su complacencia por el papel que el plan asigna a su actividad, al prever asignación masiva de subsidios y tasas de interés preferenciales para favorecer la oferta de vivienda.
La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción del centrooccidental departamento de Cundinamarca, Lina Echeverri, dijo que los empresarios recibieron con agrado el anuncio de que el gobierno ha elegido a la construcción como pilar de la reactivación económica.
Ofrecer subsidios de vivienda no es fácil. Sin embargo, creemos que habrá coherencia entre lo anunciado y lo que se cumplirá, y por eso estamos tranquilos, señaló.
El analista económico Javier Fernández Riva opinó que es posible comenzar el año con un optimismo razonable por factores como la alta tasa real de cambio, las bajas tasas de interés y la mejora de la situación fiscal.
Pero otros expertos pronosticaron que el gobierno de Uribe tendrá dificultades para cumplir con sus objetivos de inversión social, dado que el déficit fiscal al finalizar 2002 fue cerca de cuaro por ciento del producto interno bruto, muy por encima del 2,3 por ciento pactado con el Fondo Monetario Internacional.
Uribe anunció pocas semanas después de asumir la presidencia el 7 de agosto que llevaría a cabo profundas reformas en materia fiscal, laboral y de seguridad social, y pondría en marcha un proceso de renovación de la administración pública, para poder cumplir con ese compromiso ante el Fondo.
El Plan Nacional de Desarrollo contiene una parte de objetivos generales para el cuatrienio que abarca, y planes anuales de inversión, dependientes del presupuesto que aprueba cada año el Congreso.
En el presupuesto para 2003, aprobado en diciembre y de cerca de 47.000 millones de dólares, poco más de 11 por ciento se destinó a gastos sociales, 38 por ciento a pagos de deuda externa, y algo más de la mitad a gastos de funcionamiento, que en considerable parte serán bélicos.
En agosto, Uribe estableció para financiar la guerra un impuesto de 1,2 por ciento a los patrimonios con valor superior a 60.000 dólares, con el que ha recaudado unos 800 millones de dólares.
Según el ministro de Hacienda, Roberto Junguito, 43 por ciento del presupuesto para 2003 se financiará con impuestos, otro 43 por ciento con préstamos y emisión de bonos, y 14 por ciento con otros ingresos. (
