Unos 80.000 civiles de Venezuela poseen armas con la licencia vencida, otros miles las portan sin permiso y no existe un censo creíble sobre las que usan policías y empresas de seguridad, mientras las balas del arsenal del hampa cobran 8.000 vidas cada año.
La crisis política que afronta el país, con el espectro de una guerra civil invocado por el gobierno y la oposición, ha puesto este asunto sobre el tapete y el desarme comienza a plantearse con fuerza, dijo a IPS Claudia Rodríguez, coordinadora en la no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Precisamente, el desarme de la población civil es uno de los puntos en discusión en la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición, instalada gracias a la gestión de una misión internacional encabezada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el colombiano César Gaviria.
Sin embargo esta cuestión quedó desplazada por el momento ante la urgencia de buscar una salida electoral a la crisis, al igual que la conformación de la llamada Comisión de la Verdad para investigar los disturbios políticos del 11 al 14 de abril, que costó la vida a más de 80 personas.
La oposición hace hincapié en el tiroteo suscitado el 11 de ese mes, cuando murieron 18 personas en el marco de una huelga general de tres días y una manifestación opositora que derivó en el frustrado golpe de estado cívico-militar, que separó del gobierno por dos días a Hugo Chávez.
Imágenes de partidarios del gobierno disparando, supuestamente grabadas en esa jornada, fueron divulgadas centenares de veces por las emisoras de televisión privadas y se convirtieron en consigna de la oposición para el desarme de los Círculos Bolivarianos, las organizaciones populares de apoyo a Chávez.
En cambio, el gobierno, que defiende el carácter pacífico de esos grupos sociales y vecinales, sostuvo que lo procedente era el desarme de la población civil en general e impulsó una ley al respecto, que se aprobó en agosto y contempla el control de esa tarea a la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas.
Gaviria indicó que el desarme civil es de importancia capital, pues Venezuela como nunca antes necesita que sus Fuerzas Armadas y su policía ejerzan el monopolio del uso de la fuerza, que es hoy la esencia de un estado democrático.
Un estudio de la Dirección de Armamento indica que unas 60.000 personas aún no han cambiado los permisos de porte de armas que otorgaba en el pasado el Ministerio de Interior por los que ahora emiten las Fuerzas Armadas, señaló el diputado Pedro Castillo.
En conjunto, el informe calcula que al menos 80.000 ciudadanos aún poseen armas de fuego sin su correspondiente permiso, que unas 40.000 han sido robadas a empresas de seguridad y que existen unas 600 comercializadoras de armamentos en el país.
Las cifras sobre delincuentes armados son objeto de especulaciones diversas en medios policiales, pero fuentes consultadas por IPS sólo se remiten a los delitos cometidos con ellas, como los 8.000 homicidios anuales o las casi 4.000 armas de fuego decomisadas cada mes.
El poder de fuego del hampa se evidencia en los asaltos a camiones blindados que transportan valores —20 en 2001 y 13 en lo que va de este año— perpetrados por bandas de entre seis y 20 personas cada una, provistas de ametralladoras, fusiles y otro tipo de arsenal de guerra.
Pero también hay grandes cantidades de armas livianas en manos de unos 50.000 empleados de empresas de vigilancia privada, mientras que no existe un censo actualizado de las que utilizan las policías municipales, estaduales, política, de investigaciones judiciales y de tránsito.
No hay información sobre cuántas armas ni de que tipo tienen las policías de los 23 estados del país ni de los municipios más importantes, advirtió Rodríguez.
Existe un manto de secreto sobre las compras y la atribución de las armas, lo que facilita su tráfico, agregó la responsable de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
La policía del occidental estado de Zulia, de gran producción petrolera, tiene por ejemplo 50 fusiles de asalto AR15, que no son sólo de guerra sino para eventos particulares de combate, explicó a IPS el indígena wayúu Daniel Pineda, del Comité de Defensa de los Derechos Humanos.
Más que la tenencia, nos preocupa el uso de las armas, por eso queremos que se aplique la prohibición de usarlas contra marchas públicas, puntualizó.
Pero, por otra parte, pedirle a la población que se desarme en los violentos barrios pobres es ilusorio mientras no cambien las condiciones de miseria, hacinamiento e inseguridad, dijo Pineda.
La Red que coordina Rodríguez pretende implementar un programa para que las comunidades de esos barrios pacten su desarme a cambio de obras y servicios, en vez de dinero, como se ha hecho en otros países.
La activista destacó la propuesta de la Fundación Oscar D'León, fundada por el más importante músico salsero de Venezuela, para que se instalen conservatorios de salsa en cada barrio que acepte un programa de desarme.
La iniciativa ha despertado el interés también del músico de merengue Johnny Ventura, ex alcalde de Santo Domingo, informó Rodríguez.
Sin embargo, mientras se implementan esos programas, pues hasta ahora son apenas motivo de debate auspiciado por el parlamento, gravita sobre la crisis la cuestión de los ciudadanos que van armados a las manifestaciones callejeras y se organizan para la eventualidad de usar armas en la contienda política.
La policía política allanó este mes una propiedad rural, ubicada a 100 kilómetros al oeste de Caracas, donde encontró 52 armas de fuego, incluidos 11 fusiles de asalto, y 145.000 cartuchos, lo que avivó la polémica sobre la organización de grupos paramilitares.
La oposición insiste en acusar a los Círculos Bolivarianos, defendidos por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, para quien las armas ilegales no están solamente en los barrios pobres sino también en las urbanizaciones de clase media.
El desarme debe abarcar a toda la población civil, apuntó Cabello. (FIN/IPS/hm/dm/ip/02
