El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, llegará este domingo a Venezuela como árbitro de una crisis política agravada por pronunciamientos militares a favor y en contra del presidente Hugo Chávez.
Ratificamos nuestra lealtad y respaldo a las instituciones democráticas y a la autoridad y liderazgo del presidente de la República, sostuvo este viernes el general Jorge García, jefe de las unidades terrestres y navales acantonadas en la región de Caracas, rodeado por la veintena de comandantes de sus batallones, en uniforme de fajina.
Un grupo de 14 generales y almirantes, activos aunque sin mando de tropas, se declaró el martes en desobediencia legítima, pidió a sus pares y a la población que desconocieran la autoridad del presidente, conformó un mando militar paralelo y se sumó a la oposición, que exige la renuncia de Chávez.
Miles de personas acudieron a respaldar a esos militares a la plaza de Altamira, en un vecindario de clase media de Caracas, que los disidentes declararon zona liberada, y varias decenas de oficiales de menor jerarquía, sobre todo de la Guardia Nacional (policía militarizada) se sumaron, desarmados, a la disidencia.
En la ciudad occidental y petrolera de Maracaibo, el general Alberto Gutiérrez, jefe de la división del ejército en esa zona fronteriza con Colombia, se rodeó de sus oficiales para aseverar este viernes que conocemos muy bien a esos generales que se han salido del marco constitucional: no tienen liderazgo ni nos han perturbado.
¿Qué ejemplo es ése para los subalternos? ¿Quieren hacer un nuevo golpe?, se preguntó Gutiérrez. Y agregó: Somos fieles cumplidores de la Constitución y apoyamos y defendemos al gobierno de nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez Frías.
También el comandante de la Guardia Nacional, general Eugenio Gutiérrez, leyó este viernes una declaración ratificando nuestros principios institucionales, y repudiar la incitación a la violencia y el pronunciamiento de algunos oficiales.
El secretario general de la OEA, que encabeza un esfuerzo de mediación para solucionar la crisis política del país, consideró perniciosa la participación de los militares en la política venezolana, y condenó la desobediencia de los 14 oficiales apenas ésta se produjo el martes, considerándola contraria a la Carta Democrática Interamericana.
Pero Gaviria suavizó su posición, cuando la oposición y el general Enrique Medina, portavoz de los oficiales rebeldes, se mostraron molestos con sus declaraciones, y divulgó un segundo comunicado en el que reiteró sus críticas al gobierno e insistió en el diálogo como alternativa a la confrontación.
El director de la oficina de la OEA en Caracas, Carlos Carbacho, dijo este viernes que Gaviria puede tratar la disidencia militar con la oposición política, pero descartó que el secretario general se siente a debatir con uniformados.
Los 14 oficiales disidentes y varios de los que se les sumaron, están bajo investigaciones administrativas o judiciales por haber participado en el efímero golpe de Estado que depuso a Chávez en abril.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela (ejército, armada, fuerza aérea y guardia nacional) cuentan con 125.000 efectivos, comandados por 240 generales y almirantes.
Gaviria lidera el Grupo de Trabajo Tripartito integrado por la OEA, el independiente Centro Carter —del ex presidente y premio Nobel de la Paz Jimmy Carter— y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aceptado por el gobierno y la oposición para facilitar la búsqueda de soluciones a la crisis.
Aunque no es un mediador formal, sino un facilitador, Gaviria va camino de convertirse en árbitro a medida que se agrava la situación y aumenta la preocupación internacional por la crisis venezolana.
El llamado a la desobediencia de los 14 oficiales fue censurado por los cancilleres de la Comunidad Andina y causó preocupación en Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina, como Paraguay y República Dominicana.
La oposición tiene en jaque a Chávez con una ofensiva de marchas, huelgas, manifestaciones y una campaña de recolección de firmas para un referendo que habilite un rápido relevo del poder.
La Coordinadora Democrática, que nuclea a partidos políticos y centrales sindicales y empresariales, acusa al mandatario de implantar un modelo político autoritario y contrario a los valores democráticos y los derechos, incluido el de la propiedad privada.
La mayor parte de la coalición opositora y la jerarquía de la Iglesia Católica apoyaron en abril la sustitución de Chávez por el empresario Pedro Carmona, entonces presidente de la central empresarial, en un clima conmocionado por la muerte de 18 personas en un confuso tiroteo al término de una marcha que exigía la renuncia del mandatario.
Algunos sectores desesperados están tratando de dar un nuevo golpe de estado, y se está cocinando a fuego lento desde la plaza de Altamira, dijo Chávez este viernes, en un acto para promover la construcción de viviendas populares.
No se equivoquen. Yo no voy a renunciar, y si pretenden atentar contra las instituciones por la vía armada, pues les responderemos por la vía armada, añadió Chávez.
Mientras, algún atisbo de acuerdos políticos preceden la llegada de Gaviria. La Asamblea Nacional legislativa aprobó una nueva ley electoral con votos del oficialismo y de algunos legisladores de la oposición.
Por otra parte, diputados del gobernante Movimiento Quinta República estudian la propuesta de pequeños partidos aliados para que el parlamento convoque a una consulta popular, si bien no en los términos propuestos por la oposición.
Los votos de esos sectores minoritarios pueden reforzar la frágil mayoría parlamentaria del oficialismo, de 86 diputados chavistas contra 79 opositores. (FIN/IPS/hm/dcl/ip/02
