LIMA – La campesina quechua Felipa Noamesa, residente en el departamento de Cusco, en el sur de Perú, prepara cada mañana como desayuno una crema de habas que acompaña con pan y sopa de verduras con fideos. Sus hijos ya son mayores, así que su prioridad es que su nieta de cinco años no sufra anemia o desnutrición, dos problemas que observa con frecuencia a su alrededor.
“En casa de mis vecinas hay niñitos que no quieren comer, que están con la barriguita hinchada, tienen parásitos, sus ojitos se ven amarillos y en la escuela se duermen, no aguantan”, relata a IPS esta horticultora de 44 años, durante una entrevista en su parcela en Paruro, el pueblo donde vive con su pareja, su hija y su nieta de cinco años, Mayra, a quien cuida mientras su mamá se va a estudiar.
En su casa no se consume carne de res, cerdo o cordero, pero sí incluye en su dieta al cuy (Cavia porcellus), un roedor andino de reconocido valor nutricional y que ella cría en un pequeño galpón junto a su vivienda, al lado de un huerto ecológico.
“Para el almuerzo hago caldo, guiso o asado de cuy y lo combino con choclo (maíz fresco), papita, hortalizas de mi huerto y quesito”, describe en su vivienda en Paruro, cabecera de la provincia del mismo nombre y a más de 3000 metros sobre el nivel del mar.
Perú, con 33 millones de habitantes, afronta una crisis política e institucional agravada por la presidencia interina de Dina Boluarte, que en diciembre del 2022 sustituyó a Pedro Castillo, destituido y encarcelado por un oscuro intento de controlar todos los poderes tras menos de 19 meses en el cargo.
A esa crisis institucional se suma la recesión económica, la reducción de la producción agrícola por fenómenos climáticos como El Niño y un nivel de pobreza que escaló a 30 % en el 2023, según datos oficiales y aún provisionales.
“Perú tendrá un par de generaciones con muchos mayores problemas de salud, con mucha menor productividad y con muchas más restricciones para generarse medios de vida sostenibles en el sentido amplio”: Carolina Trivelli.
En ese contexto, la anemia y desnutrición infantil en niñas y niños menores de cinco años registra una prevalencia preocupante.
Según las cifras oficiales presentadas el año pasado, la desnutrición crónica afectó a 11,7 % de dicha población, pero con un mayor impacto en zonas rurales donde fue de 24 % respecto de 7 % registrado en áreas urbanas.
Otras formas de malnutrición también presentan indicadores preocupantes: 42 % de la población de seis a 35 meses tiene anemia, con mayor porcentaje en el ámbito rural (51,5 %) que en el urbano (39 %). Mientras, 9 % de la infancia menor de cinco años presenta sobrepeso y obesidad.
En el altoandino departamento de Cusco, con una población de 1,4 millones divididos en sus 13 provincias, la desnutrición infantil llega a 14 % y la anemia a 51 %. Solo le supera el centrooccidental departamento de Huancavelica, con 29 % de desnutrición infantil. Es una situación que refleja el duro impacto de la desigualdad y pobreza.
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Una factura que pagará todo Perú
Carolina Trivelli, economista e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, una organización con más de 50 años de trabajo en el país, indica que, con la pandemia de covi-19 y la crisis económica posterior, se ha restringido el acceso de las personas y familias a alimentos nutritivos y saludables.
“Desgraciadamente la desnutrición crónica dejó de reducirse y se ha quedado estancada en alrededor de 11,7, 11,5, 12 % con lo que ha dejado de caer en los últimos tres y cuatro años”, dijo a IPS en una entrevista en su domicilio en Lima quien fuera ministra de Desarrollo e Inclusión social durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).
Sostuvo que ello tiene que ver con la situación de las familias, del aparato público y condiciones estructurales como la alta inflación alimentaria que afecta la capacidad de las familias en un contexto de recesión, de obtener alimentos en cantidad y calidad suficiente para enfrentar la desnutrición. A ello se suman la anemia, el sobrepeso y la obesidad.
Trivelli remarcó que esos tres elementos configuran un conjunto de problemas de malnutrición que afectan particularmente a los grupos más vulnerables, entre ellos niñas y niños de los sectores socioeconómicos más vulnerables.
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Al mirar las cifras de consumo de alimentos relevantes para enfrentar la anemia y la desnutrición crónica infantil, la diferencia entre el consumo del 20 % más pobre y del 20 % menos pobre es enorme. Por lo que no solo existe un problema de acceso a los alimentos restringidos, sino que es fuertemente restringido en los sectores más vulnerables.
“Esa factura la va a pagar el Perú, la vamos a pagar todos los peruanos las próximas dos generaciones”, alertó.
La especialista en economía agraria sostuvo que “Perú tendrá un par de generaciones con muchos mayores problemas de salud, con mucha menor productividad y con muchas más restricciones para generarse medios de vida sostenibles en el sentido amplio”.
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Enfocarse en agua y saneamiento
En Calca, otra de las provincias de Cusco, están algunos de los municipios con tasas más preocupantes de desnutrición y anemia. Por ejemplo, en el municipio de San Salvador con cerca de 6000 habitantes, la anemia infantil llega a 26 %.
Ese hecho se relaciona con la calidad de sus viviendas, que en su mayoría están en condición precaria y con bajos niveles de acceso a los servicios, especialmente las ubicadas en el campo.
“Como autoridad estamos priorizando proyectos de seguridad alimentaria para la crianza de gallinas y cuyes para que las familias mejoren su consumo nutricional, y además estamos entregando en los puestos de salud jarabe de hierro para que se suministre a las criaturas y sus madres” refirió a IPS desde San Salvador su alcalde, Ernesto Fisher.
En entrevista telefónica, Fisher, en el cargo desde 2022, manifestó que para erradicar el problema es necesario atender las deficiencias de agua y saneamiento en su localidad. Con ese fin, diseña proyectos destinados a garantizar el recurso hídrico para el riego de los cultivos familiares, el agua potable y el servicio de desagüe conectado a la red pública.
“Sin saneamiento no se puede hablar de lucha contra la anemia y desnutrición. No podremos concluirlo en esta gestión, pero dejaremos los proyectos encaminados para que de acá a ocho años todo San Salvador cuente con agua y saneamiento”, se comprometió.
Hizo un llamado a las autoridades nacionales, especialmente a la presidenta Boluarte, a que prioricen los proyectos que ayuden a cerrar las brechas de desigualdad como asegurar el agua para sus diferentes usos. “El resto es luego”, puntualizó para remarcar que esta debe ser la máxima prioridad.
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No se trata solo de presupuesto
Perú cuenta con una experiencia de política pública que redujo la desnutrición crónica infantil entre 2008 y 2016, según documenta el propio Banco Mundial como una experiencia de éxito.
Sin embargo, la situación actual evidencia que el problema dejó de ser una prioridad. Trivelli sostuvo que no se trata solo de presupuesto, sino de conjugar múltiples esfuerzos de forma simultánea para que los recursos se gasten de forma efectiva,
“Podemos dar a una familia todos los alimentos y capacitación que necesita, pero si no tiene desagüe, una fuente de agua segura, un manejo adecuado de residuos sólidos, los problemas de desnutrición crónica y de anemia no van a reducirse. Si esos niños van a una escuela que no tiene baños, vamos a seguir reproduciendo ese ciclo”, advirtió.
Las estadísticas evidencian que son las personas en mayor pobreza, de zonas rurales, niñas y niños, quienes están siendo afectados directamente con políticas que no los están colocando como el centro de su accionar.
Trivelli planteó que la anemia y desnutrición crónica infantil se consideren un problema prioritario de interés público con una instancia al más alto nivel a cargo por ejemplo de la Presidencia del Consejo de Ministros, y así superar la dispersión existente en su abordaje.
“No hablamos de un tema de salud únicamente sino de crisis alimentaria, de desarrollo, de pobreza y requiere ser parte de la agenda pública”, dijo.
ED: EG