Estudiantes y profesores de España realizaron este martes una huelga general contra un proyecto de ley de educación impulsado por el gobierno, en forma exitosa, según los convocantes, y con escaso apoyo, de acuerdo con la versión del oficialismo.
El proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación será sometido a votación parlamentaria este jueves, y el gobernante Partido Popular (PP) cuenta con mayoría para aprobarlo, pese a la oposición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la coalición Izquierda Unida (IU, basada en el Partido Comunista).
La iniciativa introduce una prueba de reválida al finalizar el bachillerato, como requisito indispensable para ingresar a la universidad. En la actualidad es suficiente con aprobar el curso, sin necesidad de un examen final.
También incorpora una diversificación del bachillerato en sus dos últimos cursos, para que los estudiantes puedan elegir entre tres especialidades: técnica-profesional, científica y humanística.
Entre los aspectos resistidos del proyecto están la designación de directores de centros de estudio sin participación de los consejos escolares, integrados por padres de alumnos, y el carácter voluntario asignado a la enseñanza infantil de tres a seis años.
La obligatoriedad se mantiene de los siete a los 16 años, o sea hasta el fin de secundaria.
Una de las reformas más polémicas es la que incluye las calificaciones en la materia de religión (católica), y las de la materia alternativa para quienes no desean estudiarla, entre las computables para la calificación promedio de los alumnos.
Los programas y educadores de esa materia son definidos en forma autónoma por autoridades de la Iglesia Católica.
En vísperas de la huelga, el presidente de la Conferencia Episcopal católica, cardenal Antonio María Rouco, alabó el proyecto y calificó de manipulación las críticas que ha recibido.
Noventa por ciento de los colegios católicos españoles están financiados por el Estado, con aproximadamente 2.300 millones de dólares anuales.
Hicieron huelga este martes de 65 a 74 por ciento de los educadores de la enseñanza pública, y de 82 a 95 por ciento de sus alumnos, según las organizaciones convocantes.
Pero fuentes oficiales afirmaron que la medida involucró de cero a 10 por ciento de los educadores, según el centro de enseñanza de que se tratara, y que el cumplimiento por parte de alumnos fue muy desigual.
La Confederación General de Comisiones Obreras, una de las organizaciones convocantes, sostuvo que cumplieron la huelga 68 por ciento de los educadores de secundaria, y 62 por ciento de los de primaria.
El Ministerio de Educación alegó que casi todos los integrantes del personal docente y el alumnado de enseñanza infantil y primaria asistieron a sus escuelas.
El gobierno de la central comunidad autónoma de Madrid, una de las 17 que integran España, está en manos del PP, pero informó que 25,4 por ciento de los profesores y 72 por ciento de los alumnos secundaron la huelga.
En los centros de enseñanza privados, la huelga fue nula, según la Federación de Religiosos de la Enseñanza y la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza, ambas vinculadas con la Iglesia Católica.
El gobierno de la nororiental comunidad autónoma de Cataluña indicó que en los centros de enseñanza públicos hicieron huelga 70 por ciento de los maestros de primaria y de 50 a 60 por ciento de los de secundaria.
Entre las manifestaciones realizadas en medio centenar de ciudades se destacó la de Madrid, a la que asistieron 40.000 personas según la policía, y 150.000 según los organizadores.
Al término de esa movilización, la presidenta del Sindicato de Estudiantes, Miriam Municio, anunció que el 14 de noviembre habrá más protestas.
El acto madrileño terminó con una marcha por el centro de la ciudad, y contó con la presencia de los dirigentes del PSOE Jesús Caldera y Fernando López Aguilar, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, y el candidato ecologista a la alcaldía de Madrid, José María Mendiluce.
También participaron los secretarios generales de las federaciones de enseñanza de la Unión General de Trabajadores, Jesús Ramón Copa, y Fernando Lezcano, de Comisiones Obreras.
Caldera expresó ante periodistas su esperanza de que las protestas logren que el gobierno rectifique su posición, como lo hizo en el caso de una ley de desempleo, después de que las centrales sindicales convocaran a una exitosa huelga general.
El dirigente socialista criticó con aspereza al PP por el trámite legislativo del proyecto. A una ley tan importante como esta le hizo dedicar poco tiempo en el parlamento, donde cada enmienda se discutió en menos de 40 segundos, señaló.
A fines de octubre, el parlamento dedicó durante tres días un total de 17 horas y 10 minutos para escuchar 23 intervenciones de los diputados y votar 1.166 enmiendas al proyecto de ley.
Esta reforma es absolutamente demandada por padres y profesores, ahí están las encuestas que lo dicen, afirmó este jueves la ministra de Educación, Pilar del Castillo.
La actitud del PSOE en este asunto es decir 'no, no, no', (…) o ponerse a la cabeza de la manifestación, pero sin aportar soluciones, aseveró.
Los socialistas levantan la bandera de la demagogia, pero lo que está dejando atrás nuestro sistema de educación (…) es que uno de cada cuatro alumnos termine sus estudios sin tener la titulación correspondiente, destacó Del Castillo.
La nueva ley contribuirá a resolver ese problema, porque ofrecerá más vías de enganche, de manera que los que lleguen mal puedan reengancharse y obtener el título, añadió. (FIN/td/mp/ed lb/02
