Miles de profesores de Pakistán se movilizan contra un proyecto del gobierno para aumentar la participación privada en el sector educativo terciario, mediante más instituciones propias y presencia en la administración de las públicas.
Los profesores anunciaron que se abstendrán de dar clase los lunes y jueves hasta que las autoridades anulen parte de ese proyecto.
La resistencia sindical a la iniciativa se vincula en parte con la intención gubernamental de sustituir los actuales empleos públicos de unos 40.000 profesores de nivel terciario por contratos con remumeraciones variables en función de la oferta y la demanda, y ascensos asociados con el rendimiento profesional.
En la actualidad, los ascensos se producen por antigüedad.
La intención declarada del gobierno es lograr que aumenten la cantidad de estudiantes terciarios y la calidad del servicio que reciben.
Los críticos alegan que la iniciativa, recomendada por el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, equivale a excluir a los pobres de la educación superior, porque implicará aumento de su costo.
Pero el ministro de Educación y presidente de la nueva Comisión de Educación Superior estatal, profesor Atta-ur-Rehman, aseguró que ningún estudiante quedará excluido de una institución terciaria por motivos económicos.
Menos de tres por ciento de los pakistaníes en el tramo de edad de 17 a 23 años reciben en la actualidad educación terciaria, y la creciente demanda de ese servicio supera a su oferta, según las autoridades.
El resultado es que muchos jóvenes deben inscribirse en instituciones que carecen de habilitación oficial, resignarse a no recibir educación superior, o realizar estudios fuera del país, sostuvieron los autores del último informe sobre política nacional de educación.
En la actualidad hay en el país 68 universidades y otras 789 instituciones de educación terciaria habilitadas, y las autoridades prevén que el aumento de la participación privada determinará que la cantidad de centros educativos de ese nivel crezca de 15 a 40 por ciento en los próximos ocho años.
La liberalización puede determinar que la cantidad de estudiantes terciarios aumente de los actuales 100.000 a 200.000 en 2004, en una población total de 143 millones, según los cálculos gubernamentales.
La participación privada en la administración de instituciones terciarias estatales equivaldría a que esos centros de estudio sean dirigidos por saqueadores disfrazados, y privaría a la mayoría de su derecho a la educación, según el sindicalista Raja Mahboob Hussain, de la Comisión de Acción Conjunta formada por profesores.
Las universidades deben ser dirigidas sólo por profesores, para evitar que se degraden hasta convertirse en mercados y grandes tiendas, alegó Hussain.
Los profesores se movilizan contra la iniciativa del gobierno desde comienzos de este mes, y sostienen que el sistema de relación laboral por contrato sólo conduciría a crear inseguridad.
Muchos estudiantes terciarios se han sumado al movimiento de protesta, porque temen un aumento del costo de la educación que reciben.
En la actualidad, la mayoría de las instituciones terciarias públicas cobran unos 25 dólares anuales a cada estudiante, mientras institutos autónomos públicos cobran unos 400 dólares por año, y los privados unos 4.000.
El gobierno debería haber aprendido de la experiencia, porque en 1989 se otorgó mayor autonomía a algunas instituciones terciarias públicas, y éstas decidieron cobrar más a sus estudiantes, señaló el profesor Nazim Hussain, opositor al proyecto de reforma.
Las autoridades aseguran que destinarán 100 millones de dólares anuales más a educación terciaria, y que el presupuesto para ese sector, que es en la actualidad 0,39 por ciento del producto interno bruto (PIB), aumentará a uno por ciento del PIB en 2004.
El gobierno alega que eso permitirá establecer nuevas universidades públicas en las regiones menos desarrolladas del país, y permitirá mejorar servicios sin aumento de costos para los estudiantes.
Pero profesores y estudiantes dicen que las autoridades deberían aumentar mucho más el presupuesto para todo el sistema educativo, del actual 2,5 por ciento del PIB a por lo menos seis por ciento, en vez de apelar a la inversión privada. (FIN/IPS/tra- eng/ni/aag/js/ed lb/02
