oct (IPS) La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reclamó este lunes al gobierno que suspenda la ofensiva contrainsurgente en el territorio de la etnia embera katío, pues pone en peligro a la población del lugar.
La ONIC presentó un documento al presidente Alvaro Uribe, en el que solicita la suspensión inmediata de los operativos militares en el territorio embera katío, situado en el norte, la adopción de medidas urgentes de protección humanitaria y garantías para que los organismos humanitarios del Estado mantengan una presencia permanente en la zona.
Armando Valbuena, presidente de la ONIC, afirmó que las acciones militares ignoran la solicitud de medidas cautelares para proteger a la comunidad embera katío, efectuada al gobierno de Colombia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión exhortó en abril de 2000 a las autoridades colombianas que concertaran las medidas de protección en el territorio de los embera katío con las víctimas de la violencia.
Las autoridades afirmaron este miércoles que la avanzada militar pretende ubicar los frentes 18 y 58 de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que desde comienzos de octubre llevan a cabo una ofensiva en la zona de río Esmeralda.
Los rebeldes asesinaron a un líder de los emberá, tribu que habita un corredor estratégico para el tráfico de drogas y armas cercano a la frontera con Panamá, y provocaron el desplazamiento de unos 800 indígenas.
Valbuena dijo a IPS que los concejos de las comunidades embera pidieron hace más de un año al gobierno que las medidas de protección se limitaran estrictamente a las de carácter humanitario.
Valbuena explicó que los indígenas se oponen a las acciones militares porque éstas desconocen totalmente los derechos de la población civil, incrementan los riesgos y son una de las causas del desplazamiento forzado.
De acuerdo al dirigente indígena, grupos rebeldes libran entre sí una guerra a muerte que alcanza a los asentamientos nativos, cuyos miembros son asesinados continuamente, acusados de auxiliar a alguno de los bandos en pugna.
Este miércoles una misión de la Cruz Roja ingresó a la zona para contactar a los grupos ilegales y solicitarles que garanticen el respeto a la etnia y el retorno de los desplazados.
Los embera katío sufrieron el asesinato de 16 de sus integrantes en los dos últimos años, entre estos cuatro de sus principales líderes.
La etnia sostuvo un prolongado conflicto contra el gobierno durante los años 80 y hasta mediados de los 90, por la construcción de una represa que afectó el equilibrio ambiental de la zona y disminuyó drásticamente las poblaciones de peces, el principal sustento de los indígenas.
La población indígena, que constituye dos por ciento de los 42 millones de colombianos, no ha logrado mantenerse al margen de la violencia y el conflicto armado.
Sus territorios, que ocupan 27 por ciento de la superficie del país, son escenario de combates o zonas propicias para los cultivos ilegales de coca, mientras los propios indígenas se han convertido en blanco de los grupos rebeldes, los paramilitares o las fuerzas de seguridad.
La ONIC reclama la creación de una comisión que contribuya a persuadir al ejército, los paramilitares de derecha y las FARC de que se abstengan de acciones armadas en sus territorios.
De acuerdo a la organización indígena, la comisión debería estar integrada por la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros representantes de la comunidad internacional.
Asimismo pidió al gobierno que verifique las condiciones para el retorno de los 800 desplazados y que lleve a cabo un programa de atención especial para ellos.
Según organizaciones independientes de derechos humanos, las comunidades indígenas del norte colombiano son blanco de la guerrilla y los paramilitares, que ignoran sus tradiciones ancestrales y violan sistemáticamente sus derechos y los principios humanitarios. (FIN/IPS/yf/dcl/hd/ip/02
