ECUADOR: Unión Europea observará transparencia electoral

La misión de la Unión Europea para observar el proceso político de Ecuador que culminará con las elecciones del 20 de octubre busca garantizar la estabilidad del futuro gobierno y consolidar la democracia, señaló la diputada del Parlamento Europeo Emma Bonino.

Un gobierno que surge de elecciones transparentes tiene más posibilidad de mantener la estabilidad, porque es más confiable y creíble para la población, dijo Bonino a IPS.

La presencia de 100 delegados de la Unión Europea (UE) en el proceso electoral ecuatoriano responde a una invitación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fue aceptada en el entendido de que la cooperación del bloque con América Latina debe ser también política, además de económica.

”Antes se pensaba que con la cooperación económica o técnica bastaba, pero ahora estamos convencidos de que es necesario ayudar a consolidar la estabilidad democrática, porque sólo así se puede caminar hacia un desarrollo sustentable”, afirmó la parlamentaria.

Bonino lidera la misión de Observación Electoral en Ecuador del Parlamento Europeo que permanecerá en este país desde tres semanas antes de la primera vuelta presidencial y hasta que finalice el escrutinio de la segunda ronda del 24 de noviembre, en caso de que esta última instancia sea necesaria.

La representante por el Partido Radical italiano en el Parlamento Europeo se reunió a mediados de este mes con los candidatos presidenciales y sus equipos asesores, de quienes obtuvo el compromiso de colaborar con la misión, que el día de los comicios tendrá delegados desplegados en varias ciudades.

La cooperación política para el fortalecimiento democrático en América Latina, como ocurre ahora con Ecuador, deberá continuar después de las elecciones con los gobiernos elegidos y con las organizaciones sociales, apuntó.

Sin embargo, muchas veces los gobierno no la aceptan y por eso ”la idea es mantener una mayor cooperación con entidades de la sociedad civil”, comentó.

Bonino recibió la denuncia del candidato presidencial Alvaro Noboa sobre un supuesto fraude en la segunda vuelta electoral de 1998, cuando perdió con el luego derrocado Jamil Mahuad, pero no presentó prueba alguna al respecto.

”Hablan de fraude, pero a la hora de presentar pruebas éstas no existen, lo cual invalida la denuncia”, arguyó Bonino.

Noboa, el mayor exportador de banano del mundo, semanas antes de las elecciones de 1998 figuraba en las encuestas de intención de votos con 23 puntos porcentuales debajo de Mahuad, pero cuando faltaba sólo una semana había achicado esa diferencia a 10 puntos y finalmente perdió las elecciones por 2,4 por ciento.

En esa oportunidad, una misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe destacó que el proceso electoral ecuatoriano había sido ”normal y transparente”.

El empresario bananero esta vez encabeza las consultas, seguido de cerca por el socialdemócrata Rodrigo Borja, de la Izquierda Democrática, y por el coronel Lucio Gutiérrez, candidato de un frente de partidos de izquierda y de grupos sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

Varias empresas encuestadores han señalado un descenso en los últimos días en las adhesiones a Alvaro Noboa y un aumento en las preferencias por Gutiérrez, en este primer tramo de la campaña por suceder al presidente Gustavo Noboa.

Sin embargo, los técnicos aclaran que aún es muy prematuro realizar conclusiones porque 60 por ciento de los consultados todavía se mantienen indecisos.

Hugo Barber, de la empresa Datanálisis, explicó que, aparte del alto número sin definición de voto, las diferencias entre los candidatos que lideran las preferencias son muy estrechas para arriesgar proyecciones.

”Es claro que Noboa está primero y Borja en segundo lugar, pero no es posible sostener que las tendencias sean claras, porque todavía nos manejamos con mucho margen de error”, comentó Barber.

Mientras, Bonino destacó el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral haya prohibido las encuestas tres semanas antes de las elecciones, porque podrían influir entre los votantes e incidir en los resultados.

”El error en las encuestas electorales no se ha presentado solamente en Ecuador. En las últimas elecciones de Francia también fallaron, lo cual responde muchas veces al tipo de consultas y a las formas de responder de la gente”, indicó.

La legisladora europea también se manifestó de acuerdo en la prohibición de divulgar encuestas realizadas el día de los comicios, llamada a boca de urnas, porque tienen mucho margen de error y podrían provocar reacciones de los simpatizantes de un candidato que se presenta ganador y luego pierde.

En la segunda vuelta presidencial de 1996 entre el derechista Jaime Nebot y el populista Abdalá Bucaram, las encuesta a boca de urna dieron un empate técnico, con tendencia a favor del triunfo de Nebot, quien finalmente perdió por ocho por ciento.

Bucaram gobernó sólo seis meses hasta que en febrero de 1997 fuera destituido por el Congreso, luego de grandes movilizaciones sociales en su contra.

Bonino destacó que las autoridades comiciales han mejorado en esta oportunidad diferentes aspectos prácticos, como habilitar más recintos electorales en las zonas rurales, para que los votantes viajen menos kilómetros para ejercer su derecho.

También se mejoró mucho en el diseño de la papeleta de votación respecto de 1998, que ”era muy confusa y podía ser causa de la alta votación nula en algunas zonas”, precisó.

La misión europea comenzó sus actividades el 9 de este mes con la llegada de un equipo de seis expertos electorales a Quito, y el día 16 se distribuyeron observadores por varias provincias, para seguir la campaña electoral y los preparativos administrativos de los comicios.

Los observadores de la UE tendrán en cuenta ”el grado de imparcialidad mostrado por el Tribunal Supremo Electoral y sus funcionarios y el grado de libertad de los partidos políticos para organizarse, movilizarse, reunirse y expresar sus puntos de vista públicamente”, informó Bonino.

Agregó que otra de las tareas será la de examinar ”el acceso justo a los recursos estatales destinados a las elecciones, el acceso justo de los partidos políticos y de sus candidatos a los medios de comunicación y el acto del voto y su recuento”. (FIN/IPS/kl/dm/ip/02

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