Perú deberá reanudar la erradicación de cultivos de insumos para drogas y abandonar el modelo de sustitución por productos legales, conocido como desarrollo alternativo, según establece la nueva ley de preferencias arancelarias andinas de Estados Unidos, señalaron expertos.
Eso significa el retorno de la tensión social y de la violencia campesina a la selva central y sur central, especialmente en los valles de los ríos Monzón, Ene y Apurimac, dijo a IPS Flavio Solórzano, analista de la organización no gubernamental Acción Social y Desarrollo.
Los gobiernos anteriores diseñaron la estrategia de desarrollo alternativo, basada en la sustitución de las plantaciones ilícitas por otras legales rentables, para evitar así la erradicación forzosa y el consiguiente enfrentamiento con los 400.000 agricultores que viven de la producción de coca.
El modelo alternativo ha fracasado. Los cultivos comerciales que podrían interesar a los campesinos no demostraron en ningún momento ser suficientemente rentables. Además, nunca se ha diseñado una política de desarrollo para la Amazonia, afirmó el experto en asuntos amazónicos Roger Rumrrill.
Medios de prensa consideraron inminente un masiva acción represiva en las zonas productoras de coca de la selva central, a pesar de que el gobierno se comprometió en agosto a erradicar los cultivos ilegales gradualmente y en forma concertada con los dirigentes campesinos.
El diario limeño La Razón informó el 3 de este mes que los agricultores de la central zona de Monzón advirtieron preparativos policiales para erradicar por la fuerza los cultivos de coca y se aprestan a movilizarse para impedir esas acciones.
Los agricultores señalaron a La Razón que fuerzas policiales utilizarán helicópteros proporcionados por la agencia antidrogas de estadounidense DEA para esparcir defoliadores químicos sobre las plantaciones y luego tratarán de incendiarlas.
Dirigentes de los cultivadores de coca peruanos aguardan esas operaciones desde la promulgación el 6 de agosto de la ley estadounidense de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de Drogas (Atpdea), que renovó y amplió las facilidades para las importaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
La nueva norma implica reanudar las operaciones de erradicación radical del cultivo de insumos para producir drogas, como marihuana, coca —de la que deriva la cocaína— y la adormidera, materia prima de la heroína.
Los agricultores indígenas de la sierra andina asentados como colonos precarios en los valles selváticos se oponen a los compromisos asumidos en el marco de la Atpdea, pues la coca es su única fuente de ingresos tras el fracaso de los cultivos alternativos, coinciden funcionarios del gobierno y analistas.
La caída de la cotización internacional del café fue un fuerte golpe para las posibilidades de la sustitución de cultivos, mientras otros productos promovidos, como los frutos tropicales, ofrecen un mercado incierto y precios relativamente bajos.
Entra las condiciones establecidas para gozar de las preferencias comerciales figuran la solución de los litigios judiciales entre inversores estadounidenses con empresas locales o con el Estado y la interdicción inmediata de los cultivos de coca, marihuana y amapola.
El director de la oficina antidrogas del gobierno peruano (Devida), Nils Ericsson, sostuvo ante una comisión parlamentaria que es necesario reforzar la acción contra las drogas para evitar que se extienda nuevamente el cultivo de coca, lo cual implicaría para Lima perder las ventajas del Atpdea.
La acciones contra los cultivos de coca están suspendidas desde hace meses, por lo que al hablar de reforzar la acción de represión, Ericsson está proponiendo, en realidad, reanudarlas, dijo Solórzano.
Los productores de coca consiguieron el 5 de agosto, luego de una amenaza de marchar hacia Lima, el compromiso del gobierno de Toledo de no intentar la erradicación forzosa y masiva de las plantaciones ilegales.
El gobierno impulsará de manera concertada la reducción gradual y sostenible de la hoja de coca, se señala en el acta del acuerdo firmada por el ministro de Agricultura, Alvaro Quijandría, y el dirigente de los campesinos del valle de Apurimac Antonio Laynes.
Allí también se propone conformar una comisión con representantes del gobierno, legisladores y productores agrícolas para que en 60 días presente un proyecto de ley que promueva la industrialización de la coca, una antigua iniciativa de los sectores que propician la legalización de los cultivos de coca.
Se calcula que alrededor de 40.000 hectáreas de la selva están sembradas de arbustos de coca, de cuya hoja se obtiene por maceración la pasta básica para la producción de cocaína.
Ericsson explicó que los narcotraficantes, que en la actualidad pagan unos 34 dólares el kilogramo de hoja de coca, se llevan 80 por ciento de la cosecha, mientras que el Estado compra el resto a sólo un dólar el kilogramo, a través de la empresa Enaco.
La firma Enaco vende el producto a la industria farmacéutica internacional y al empresa transnacional Coca Cola, uno de cuyos ingredientes secretos es un extracto de la hoja de coca.
El diario La Razón publicó que los operativos de interdicción de cultivos ilegales comenzarán en el valle de Monzón, porque en esa zona, además de la coca, los campesinos están sembrando amapola, de cuya flor se extrae un latex que es transformado en opio. (FIN/IPS/mj/dm/dv ip/02
