La política de mano dura contra la guerrilla adoptada en Colombia por el gobierno de Alvaro Uribe no es ajena a la influencia de la campaña internacional contra el terrorismo puesta en marcha por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.
Pero el clima en que Uribe asumió el gobierno el 7 de agosto estuvo marcado por la profundización de la violencia, luego del fracaso en febrero del diálogo de paz entre su antecesor, Andrés Pastrana, y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En sus primeras semanas de gestión, Uribe decretó el estado de conmoción interior, que restringe libertades y derechos individuales, en el que también amparó la aplicación de un impuesto de 1,2 por ciento al patrimonio y cuya recaudación está destinada a fortalecer el ejército.
La creación de la Red de Informantes, para colaborar con las autoridades en su búsqueda de guerrilleros, paramilitares y delincuentes a cambio de recompensas, fue otra de las medidas adoptadas por Uribe en los primeros días de gobierno. El propósito es contar con un millón de informantes.
Además, el gobierno constituyó un cuerpo de milicianos campesinos para apoyar a las fuerzas de seguridad, integrado por jóvenes soldados conscriptos o por voluntarios que continuarán viviendo en sus casas. Se pretende alcanzar 20.000 efectivos para esta tarea.
El servicio militar obligatorio pasó de 12 a 18 meses y las autoridades no descartan convocar a los reservistas.
Por otra parte, Bogotá se propone crear un centro nacional de inteligencia en la órbita de la presidencia, para coordinar las acciones del Departamento Administrativo de Seguridad, la policía y el ejército.
El clima favorable a la política de seguridad democrática, bandera del nuevo gobierno, fue evidente a partir de la ruptura de tres años y medio de negociaciones entre Pastrana y las FARC. El epílogo de ese intento pareció dar razón a Uribe, que así ganó la presidencia en la primera vuelta electoral de mayo.
Uribe recibió también del gobierno de Pastrana el Plan Colombia, que cuenta con un fuerte componente militar de ayuda estadounidense y fuera concebido originalmente para la lucha antinarcóticos. El costo del programa es de 7.500 millones de dólares.
Pero el Congreso estadounidense permitió este año que esa asistencia, de 1.300 millones de dólares, fuera también utilizada en la guerra contrainsurgente.
Además, los legisladores de Estados Unidos aprobaron un paquete de gastos para su lucha antiterrorista una semana antes de que asumiera Uribe, que incluye unos 20 millones de dólares para que Colombia fortalezca hasta fines de 2003 la inteligencia y el entrenamiento de sus tropas.
Así, el clima de violencia interna de Colombia coincidió con la consternación internacional por los atentados cometidos el 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono, la sede del Departamento de Estado, en Washington.
Estados Unidos tuvo como primer objetivo el derrocamiento del movimiento fundamentalista islámico Talibán, que controlaba Afganistán y protegía a la red Al Qaeda y a su líder, el saudita Osama bin Laden, señalado por Washington como responsable de los ataques.
La magnitud de los atentados hizo que amplios sectores de la opinión pública internacional tendieran un cheque en blanco al presidente (de Estados Unidos George W.) Bush para restringir las garantías civiles, patrimonio político y cultural de Estados Unidos, opinó el profesor de la Universidad Nacional Marco Romero.
En todo el mundo, también en Colombia, los amigos del recorte de las garantías democráticas empezaron a usar el discurso antiterrorista sin una definición objetiva de lo que es terrorismo, dijo Romero a IPS.
En Colombia se logró crear un ambiente de desconfianza a la institucionalidad democrática, añadió.
El analista político Camilo Borrero, del Centro de Educación Popular (Cinep), de Bogotá, coincidió con Romero. Señaló a IPS que las prioridades de los derechos humanos en la agenda global bajó de perfil, permitiendo que en muchos casos se soslayara la violación a las libertades y los derechos fundamentales.
Esa visión se corresponde en Colombia con el resultado de la encuesta realizada por la organización chilena Latinobarómetro, que investiga la opinión en América Latina frente respecto de la democracia, la economía, la política y cuestiones sociales.
En Colombia existe una cultura autoritaria en alza, señala la conclusión del último trabajo Latinobarómetro, donde sólo 11 por ciento de los consultados dijo sentirse satisfecho con la democracia, mientras 57 por ciento se manifestó indiferente ante una ruptura del estado de derecho.
Romero indicó que el sentimiento a favor de la seguridad como valor supremo de la sociedad llevó a afirmaciones esquizofrénicas de algunos países, que declaran hoy terroristas a organizaciones que antes consideraban políticas y militares.
La Unión Europea (UE) incluyó en junio en su lista de organizaciones terroristas a las guerrillas izquierdistas colombianas FARC y Ejército de Liberación Nacional, junto con los paramilitares de derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia. Estados Unidos adoptado igual decisión el año pasado.
La decisión de la UE fue tomada luego de un ataque de las FARC, la guerrilla más fuerte de Colombia, contra la localidad de Bojayá, en el noroccidental departamento del Chocó, que dejó un saldo de unos 100 civiles muertos, la mayoría de los cuales se habían refugiados en un templo católico.
Pero la cruzada antiterrorista de Washington también llevó a declaraciones contradictorios de sus portavoces.
El subsecretario de Estado estadounidense, Rand Beers, afirmó a fines de 2001 que miembros de las FARC habían sido entrenados por Al Qaeda. Sin embargo, en agosto desmintió sus propias palabras ante informes de agencias de inteligencia de su país que aseguraron no haber encontrado evidencia alguna de ese tipo.
Quiero que se borre lo dicho. Cuando lo declaré creí que era cierto y correcto, pidió Beers a los periodistas.
Mientras, todavía falta confirmar si existen nexos entre las FARC y el Ejército Republicano Irlandés, una sospecha surgida luego de que fueran detenidos en Colombia los irlandeses Niall Connly, James Monaghan y Martín Mc Auley, supuestamente ligados a esa organización.
Romero destacó que, al cumplirse un año de los atentados contra los símbolos del poderío estadounidense, han comenzado a surgir cuestionamientos contra la pretensión de establecer una inquisición para combatir el terrorismo.
Se ha empezado a hacer un llamado a la conciencia de la opinión pública acerca de que no puede haber una lucha contra el terrorismo que no esté fundada en el respeto de las garantías y de derechos, puntualizó.
En este sentido, el senador Carlos Gaviria, del Frente Democrático, cuestionó la defensa del estado de conmoción interior realizada por el ministro del Interior, Fernando Londoño.
Aquí se habla de defender la democracia, acabando la democracia (…) de defender el estado de derecho, acabando el estado de derecho (…) las garantías procesales son patrimonio de la humanidad, sostuvo Gaviria en un debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. (FIN/IPS/yf/dcl/dm/ip/02
