Las mujeres ocupan sólo 10 por ciento de los escaños parlamentarios de América Latina y el Caribe y la desigualdad de género es clara en la actividad política y empresarial de la región, destacó este viernes un organismo del sistema de las Naciones Unidas.
La XXXIV Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe señaló en el cierre de su reunión de dos días en Santiago que es necesario incluir la dimensión de género al formular políticas públicas.
Se ha avanzado en el plano legal al eliminar discriminaciones explícitas y crear leyes a favor de la mujer y la equidad de género, dijo a IPS Sonia Montaño, jefa de la Unidad de Desarrollo y Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de la cual depende la Conferencia Regional.
Sin embargo, hay escasa inclusión en la vida polVtica y empresarial, y obligaciones laborales asumidas casi exclusivamente por mujeres, que les impiden compartir sus aspiraciones ciudadanas en el ejercicio de la política, además de cierto rasgo de exclusión en los propios partidos, opinó.
Montaño destacó, sin embargo, logros como la existencia de ministerios para la rpomoción de la mujer en ocho países de América Latina.
La ministra del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, Adriana Delpiano, afirmó que el país ha dado importantes pasos hacia la integración de la mujer al poder político, entre ellas la designación de cinco ministras por parte del presidente Ricardo Lagos.
Ese es uno de los indicadores de un cambio cualitativo en materia cultural, al igual que el hecho de que la Cámara de Diputados esté presidida por la legisladora Adriana Muñoz, sostuvo.
Pero la ministra admitió que la participación de mujeres en el parlamento y los gobiernos locales aún es baja.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indicó en su Informe de Desarrollo Humano 2002 que sólo 10,1 por ciento de los integrantes del parlamento chileno son mujeres, y Delpiano señaló que la presencia femenina en cargos municipales es menos de 20 por ciento.
Delpiano atribuyó ese hecho al sistema que determina la elección de dos integrantes de cada cámara parlamentaria en las circunscripciones correspondientes, y a conductas machistas de los partidos al definir sus candidaturas.
En materia parlamentaria, una de las excepciones es Costa Rica, con 30 por ciento de mujeres, pero aun esa proporción es muy inferior a la presencia femenina en la población, que es más de la mitad en casi todo el mundo.
La directora del Instituto Nacional de la Mujer de Uruguay, Ana María Balparda, dijo a IPS que su país todavía está lejos de la equidad de género, y que es muy difícil motivar a las mujeres para que luchen por posiciones de poder en un mundo diseñado por hombres.
Las uruguayas se acostumbraron a oír y pensar que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, y eso es cierto en la ley pero no en las costumbres, afirmó.
Nadie le pega a las mujeres en la calle, pero hay muy pocas legisladoras, no hay ninguna ministra ni subsecretaria, y la oficina que dirijo es sólo un organismo dependiente de un ministerio (el de Educación), señaló Balparda.
La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, creada en 1977 en La Habana, se reúne dos veces al año para identificar necesidades regionales de las mujeres, presentar recomendaciones, realizar evaluaciones y supervisar el cumplimiento de acuerdos y planes regionales.
En ella participan representantes de organismos gubernamentales encargados de la cuestión de la mujer de los Estados miembros de la CEPAL, que es a su vez una de las cinco comisiones económicas regionales del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas.
En la reunión de Santiago se analizaron políticas públicas y se anunció la ejecución de un proyecto de gobernabilidad democrática e igualdad de género.
El secretario ejecutivo de la CEPAL, Jose Antonio Ocampo, apuntó que esa iniciativa se debe a la recomendación realizada por la Mesa durante su reunión de octubre de 2001 en Puerto España, para fortalecer las oficinas nacionales de la mujer y apoyar a nivel local capacidad y formulación de políticas.
La ministra de Mujer y Desarrollo Social del Perú, Ana María Romero, subrayó que la equidad social exige fortalecer la gobernabilidad democrática y la equidad de género.
Perú ha avanzado hacia esas metas pero necesita descentralización para alcanzarlas, agregó.
El cambio en las relaciones entre hombres y mujeres amplía las bases de sustentación democrática de la gobernabilidad, afirmó la especialista Virginia Guzmán, de la CEPAL, en un estudio titulado Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible.
El proyecto sobre género y políticas públicas, financiado por la Cuenta para el Desarrollo de Naciones Unidas, busca eliminar obstáculos políticos y electorales a la participación de la mujer en la toma de decisiones.
El aumento de la participación femenina puede lograrse mediante la transverzalización de la perspectiva de género, el diseño de políticas de promoción de la igualdad de género por parte del Estado y el aumento de la participación de la mujer en organismos encargados de tomar decisiones, alegó la coordinadora del proyecto, Patricia Cortés.
La idea central es que cada país desarrolle un plan adecuado a su realidad y fortalezca a los organismos encargados de la cuestión de la mujer, para que incorporen sus demandas a la vida política, explicó Montaño.
Funcionarios y representantes de movimientos por los derechos de la mujer abogaron en el Foro por indicadores económicos que registren el valor del trabajo doméstico femenino, y pidieron estadísticas desagregadas por género en la base de todas las políticas públicas, para detectar núcleos de inequidad.
La Mesa Directiva preparó la agenda de la IX Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, que se realizará en 2004 y considerará cuestiones relacionadas con pobreza, violencia, derechos humanos y participación política. (FIN/IPS/tra-eng/gz/mp/hd ip/02
