La agudización de la crisis social de Perú, donde más de la mitad de sus habitantes son pobres y 20 por ciento indigentes, obliga a incorporar a la sociedad civil al pacto de desarrollo firmado entre el gobierno, la oposición y los empresarios, según expertos.
El presidente Alejandro Toledo suscribió con los líderes de los partidos opositores y las asociaciones empresariales un compromiso de estabilidad política para promover un conjunto de planes de desarrollo económico y social en los próximos 20 años.
El llamado Acuerdo Nacional propone fortalecer la democracia, promover la justicia social, llevar adelante una economía social de mercado basada en políticas de atención sectorial, imponer el respeto al desarrollo sustentable y gestión ambiental y reformar el Estado para lograr más eficiencia y transparencia.
Sin embargo, el sociólogo Alberto Panessi advirtió que es insuficiente un pacto de 20 años entre los dirigentes partidarios para reforzar la estabilidad del juego parlamentario, sino se incorporan de modo activo y con derecho a voz y voto a las organizaciones populares.
Pannessi explicó a IPS que la distribución masiva y prolongada de alimentos puesta en práctica por el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) para reducir el impacto social de la aplicación ortodoxa de las políticas neoliberales provocó un efecto perverso en la población de menores recursos.
Esa práctica, que prosigue y será difícil interrumpir, acostumbró a un gran sector social a que el problema se resuelve con asistencialismo, que basta estirar la mano para recibir, lo cual disminuyó la autoestima y dificulta la activa incorporación de la población en el esfuerzo por el desarrollo, apuntó.
El Acuerdo Nacional, al que también adhirieron la Iglesia Católica y la Evangélica, es percibido por la ciudadanía como un pacto entre políticos profesionales, que carece de mecanismos de participación del sector civil, comentó el abogado Estenio Silva, del no gubernamental Centro de Acción Legal Laboral.
Para que sea realmente democrático tendría que crearse una especie de fundación, constituida por representantes de las organizaciones civiles con capacidad para verificar el cumplimiento de los compromisos y para incorporar temas concretos dentro del marco del Acuerdo, añadió.
Por su parte, Nilver López, dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores de la Enseñanza del Perú, destacó que la ausencia de organizaciones populares en la elaboración del Acuerdo Nacional se comprueba en la omisión de compromisos concretos, como el de la estabilidad laboral.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) difundió el 23 de julio, al día siguiente de firmarse el acuerdo, su informe mundial sobre desarrollo humano, que muestra la profundización de la crisis económica y social que afrontan los 26 millones de peruanos.
El índice de desarrollo humano (IDH), que se calcula con base en la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización de adultos, la tasa de matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria, y el ingreso por habitante, ubicó a Perú en el puesto 82 de su escala, nueve lugares por debajo que en 2001.
El informe del PNUD (www.undp.org/spanish/) sobre 173 países está elaborado sobre la base de datos de 2000, y su actualización probablemente cambiaría la ubicación de algunas naciones en la lista.
El principal factor que determinó el descenso de Perú en la escala de IDH fue el incremento de la pobreza, que pasó de 41,6 por ciento de la población en 1986 a 54,1 por ciento en 2000. El informe agrega que alrededor de 20 por ciento de los peruanos viven en la indigencia.
El capítulo sobre Perú indica, además, que el producto por persona aumentó de 704 dólares constantes en 1961 a 954 dólares en 1981 para luego caer a 841 dólares en 2000, mientras que la esperanza de vida promedio de su población pasó de 68,5 años en 1996 a 68,8 años en 2000.
El PNUD concluyó que la evolución del índice de desarrollo humano peruano fue lento, oscilante y desigual, característica que perpetuó y agravó las desigualdades sociales y entre las regiones, y provocó el aumento de la pobreza en amplias zonas del país, especialmente en las áreas rurales.
El desarrollo humano no es sólo una meta de crecimiento, es una propuesta ética que revaloriza a la persona humana en su conjunto, puntualizó Luis Vargas, el coordinador de la encuesta efectuada por el PNUD en Perú.
La información contenida en el informe del PNUD sirvió de base para la propuesta del sociólogo Oswaldo de Rivero, denominada Pacto Social de Supervivencia.
De Rivero, ex diplomático y ahora consultor internacional, es autor del ensayo El mito del desarrollo, un análisis crítico de la globalización en el marco del neoliberalismo.
Si bien es importante reforzar la institucionalidad democrática, también es urgente resolver la seguridad alimenticia, porque no producimos lo suficiente y precisamos ayuda internacional, alcanzar seguridad energética y mejorar el índice por persona de consumo de agua, que es uno de los más bajos del mundo, señaló.
Al ingresar al nuevo milenio, Perú y un número creciente de países pobres sufren de desequilibrio físico-social entre una población en expansión y la disponibilidad adecuada de alimentos, energía y agua, precisó de Rivero. (FIN/IPS/al/dm/02
