Las discrepancias técnicas y políticas respecto del manejo social más eficiente de los recursos hídricos de Perú retrasan el debate sobre el proyecto de la nueva ley de aguas para consumo y riego.
El proyecto de reforma legal busca, entre otras metas, mejorar la rentabilidad del sistema para atraer capitales que permitan financiar las obras de aprovechamiento de las aguas de deshielo de la cordillera de los Andes, que nutren los ríos amazónicos que atraviesan Brasil con destino al océano Atlántico.
Parte de esas aguas serían conducidas a la sedienta zona costera del océano Pacífico, donde vive la mayor parte de los 24 millones de peruanos y cuyo principal problema agrícola es la falta de un sistema de riego adecuado.
El agua de riego está a cargo de la Dirección General de Aguas y Suelo del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), a través de 104 Juntas de Usuarios, que se subdividen en 1.283 Comisiones de Regantes, entidades conformadas por agricultores que supervisan la distribución del agua.
El ministro de Agricultura, Alvaro Quijandría, prometió que los expertos de su cartera y del Inrena entregarán a fines de septiembre un borrador del proyecto respectivo.
El texto será puesto a consideración de las Comisiones de Regantes, del Colegio de Ingenieros Agrónomos y de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en asuntos de desarrollo.
Esperamos que el borrador no se retrase nuevamente y que el proyecto final, con la incorporación de las opiniones de los usuarios, pueda ser debatido por el Congreso legislativo y aprobado antes del fin de año, señaló Quijandría.
Portavoces del Ministerio de Agricultura indicaron que algunos expertos promueven la modificación radical de los conceptos básicos de la actual ley General de Aguas, incluyendo la posibilidad de entregar el manejo del servicio a empresas privadas.
La ley General de Aguas en vigor fue promulgada en 1969, durante el gobierno militar izquierdista de Juan Velasco Alvarado, y establece que es un bien público perteneciente al Estado quien debe administrarlo con sentido social.
Sin embargo, en 1991, cuando gobernaba Alberto Fujimori (1990- 2000), se promulgó la ley de Promoción de las Inversiones Agrarias, que incluyó el otorgamiento en concesión de los recursos hídricos. Pero esa medida nunca fue puesta en práctica.
La cantidad y calidad del agua dulce es uno de los mayores problemas que afronta la humanidad, junto con el cambio climático, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
Los problemas del agua y del clima pueden deteriorarse con grave consecuencias si no se aborda el problema con adecuadas políticas, advirtió el Comité Científico para los Problemas del Medio Ambiente, del Consejo Internacional para la Ciencia, en su informe PMAM-2000.
La probable privatización del sistema de distribución del agua ha provocado inquietud entre los agricultores peruanos, quienes buscan respaldo parlamentario para impedirlo.
El coordinador de la Comisión Agraria del Congreso, Wilmer Rengifo, se opone a la anulación de la ley de General de Aguas y propone reformarla agregándole sanciones para quienes no usen adecuadamente los recursos hídricos e incentivos para aquellos que hagan un buen uso del agua.
Pero la cuestión es compleja en un país donde el agua provoca una situación paradójica, pues su territorio contiene más de cuatro por ciento del agua dulce disponible en el planeta, pero 95 por ciento de su población vive en áreas en que es recurso natural es insuficiente y caro.
La geografía establece una distribución desigual del agua, pues el territorio está dividido longitudinalmente por los Andes, cuyos deshielos discurren hacia el océano Atlántico, convirtiendo en pantanosa la región amazónica, mientras la costa, donde vive la mayor parte de los peruanos, es una faja desértica, explicó Rengifo.
La zona regada abarca 1,1 millones de hectáreas, que corresponde a 57 por ciento de la extensión cultivada del país, mientras que el resto sólo recibe agua de lluvia.
Existen tres vertientes hídricas y la más importante corresponde a la cuenca amazónica, que representa 97 por ciento del agua disponible en el país.
En la región amazónica, pese a la abundancia de agua, sólo se riegan 200.000 hectáreas, porque se trata de un territorio tropical escasamente habitado, cuyos suelos son en su mayor parte altamente erosionables o están cubiertos por pantanos.
En el extremo sur oriental del país existe un pequeño sistema hidrológico, denominado vertiente del Titicaca, constituido por los ríos que vierten sus aguas en el lago de ese nombre, en la que se riegan 6.000 hectáreas y predomina el minifundio.
En tanto, en la larga y desértica costa peruana, de 3.000 kilómetros de extensión, hay únicamente 70 valles separados entre sí por desiertos de arena.
En esos valles existen en conjunto 903.000 hectáreas bajo riego controlado y que constituyen las tierras de más alto rendimiento y rentabilidad del país. (FIN/IPS/al/dm/en/02
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