El Banco Mundial debe mostrar transparencia al dirimir la demanda formulada contra Bolivia por una empresa que no logró mantener la concesión de un servicio de agua potable por protestas de la población, advirtieron este jueves 300 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo.
Los activistas pidieron que se permita el acceso del público a las audiencias del tribunal especial que analizará el litigio de la empresa Aguas del Tunari contra el gobierno boliviano. El tribunal fue creado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Aguas del Tunari reclama una indemnización de 25 millones de dólares a Bolivia, pues el gobierno rescindió el contrato de la concesión del servicio de agua potable en la central ciudad de Cochabamba, la tercera del país, luego de intensas protestas contra el alza de tarifas.
Las organizaciones de la sociedad civil también solicitaron que los tres miembros del tribunal —el estadounidense David Caron, que lo preside, el canadiense Henri Alvarez y el mexicano José Luis Alberro-Semerena— viajen a Bolivia para atender el testimonio directo de los residentes de Cochabamba.
En un caso anterior, las audiencias fueron abiertas al público y se difundieron los documentos al respecto a través del sitio del Ciadi en la red mundial informática Internat, dijo el subsecretario general del organismo, Antonio Parras, quien se encargó de recibir la petición de las organizaciones.
La empresa Aguas del Tunari se retiró hace dos años de la central ciudad de Cochabamba, luego de protestas contra el aumento de las tarifas de agua potable que llevaron al gobierno a declarar el estado de emergencia. Una persona murió en las manifestaciones.
Bechtel Enterprises, del sudoccidental estado de California, Estados Unidos, posee 27,5 por ciento de Aguas del Tunari.
El 25 de febrero, Aguas del Tunari presentó una demanda ante el Ciadi en que reclamó 25 millones de dólares como compensación por haberse visto obligada a retirarse de Cochabamba. Un tribunal de tres personas fue designado el 5 de julio para arbitrar la disputa.
La primera audiencia debería celebrarse el 5 de septiembre, según los estatutos del Ciadi.
El Ciadi tiene la misión de promover las inversiones internacionales mediante procedimientos de conciliación y arbitraje orientados a resolver las diferencias entre los inversionistas extranjeros y los países receptores, según se indica en su sitio en Internet.
Desde 1972, los tribunales instituidos por el organismo del Banco Mundial dictó 67 fallos. En la actualidad tiene 38 casos con dictamen pendiente.
Manifestamos nuestro compromiso compartido con el derecho de los pueblos a participar en los asuntos públicos que afectan a sus comunidades y naciones, afirmaron los activistas en su petición.
Respetuosamente, le pedimos que garantice la participación del público en el arbitraje entre Aguas del Tunari-Bechtel Enterprises y la República de Bolivia, un caso que afecta directamente una de las necesidades humanas más fundamentales: el acceso al agua, agrega el documento.
Parras afirmó que, si el gobierno boliviano y Aguas del Tunari aceptan, las audiencias podrían ser públicas. Un portavoz de Bechtel Enterprises se rehusó a comentar la petición.
En cuanto a los representantes oficiales de Bolivia, los activistas afirmaron que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, iniciado a comienzos de agosto, podría acceder al pedido.
Es difícil saber la cooperación que brindará el gobierno. Hemos percibido algunas señales de que aspiran a trabajar con la sociedad civil, dijo el activista estadounidense Soren Ambrose, de la red internacional 50 Años Son Suficiente, que actúa por la reforma del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Aguas del Tunari se estableció en Bolivia en 1999. Activistas atribuyeron la concesión del servicio a una empresa privada a presiones del Banco Mundial.
Semanas más tarde, las tarifas del agua potable subieron más de 50 por ciento promedio, según la carta presentada por los activistas al Ciadi. El incremento varió entre 10 y 106 por ciento, de acuerdo con informes de Bechtel Enterprises.
La empresa ordenó a las familias que viven con un salario mínimo de 60 dólares mensuales (y frecuentemente con menos) que pagaran 25 por ciento de sus ingresos solo para conservar el abastecimiento de agua, indica la petición de las organizaciones no gubernamentales.
Las protestas duraron meses. El gobierno declaró el estado de emergencia y las fuerzas de seguridad reprimieron las manifestaciones con una violencia tal que 100 personas resultaron heridas y un joven de 17 años murió.
Bechtel Enterprises afirmó que las nuevas tarifas del agua habían sido establecidas por los reguladores del gobierno. Incluso con los porcentajes de aumento más altas, los consumidores habrían pagado por el agua 20 por ciento menos que el promedio sudamericano, afirmó la compañía.
El reclamo de 25 millones de dólares es muy superior a las inversiones de Aguas del Tunari en Cochabamba, según los activistas, que también cuestionan la independencia del presidente del tribunal del Ciadi, nombrado por el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn.
Eso no significa necesariamente que el presidente esté sesgado, pero el Banco Mundial está muy involucrado en el proceso de concesión a privados del agua potable de Cochabamba, dijo el director de programas internacionales de la organización no gubernamental Earthjustice, Martin Wagner. (FIN/IPS/tra- en/ml/ld/mj/dv/02
