El futuro de las demandas contra firmas tabacaleras depende en buena medida de la decisión de un tribunal de apelaciones de Australia en un caso contra la transnacional British American Tobacco (BAT), que fue condenada en primera instancia a pagar 400.000 dólares a una fumadora moribunda.
El juez Geoffrey Eames, integrante de la Corte Suprema del sudoriental estado de Victoria, condenó a la British American Tobacco Australian Services (BATAS), filial australiana de BAT, por obstrucción de la justicia.
BATAS destruyó o retiró del país miles de páginas de documentos relevantes en el caso.
BAT, la segunda tabacalera del mundo con ventas de 807.000 millones de cigarrillos en 2000, se juega mucho en la apelación, ante un tribunal de tres jueces, porque puede perder futuros juicios en Australia y otros países, con base en el antecedente de Victoria.
La corte de apelaciones terminará de escuchar a las partes a comienzos de la semana próxima, pero se prevé que no emitirá su veredicto hasta fines de este año o comienzos del próximo.
El veredicto de la Corte Suprema de Victoria fue emitido el 25 de marzo en beneficio de Rolah McCabe, de 51 años y afectada por cáncer de pulmón, quien morirá antes de fin de año según informes médicos.
Eames sostuvo que el acceso a documentos relevantes fue subvertido por la parte acusada y su abogado Clayton Utz, responsables de destruir esos documentos con la intención deliberada de privar a la demandante de un juicio imparcial.
La estrategia para alcanzar ese resultado fue exitosa, y no se trata de una estrategia que la corte pueda tolerar, aseveró.
El abogado Allan Myers, representante de BATAS, alegó el martes ante la corte de apelaciones que el fallo de Eames debe ser rechazado para no establecer un precedente mundial, que obligaría a cualquier compañía a preservar documentos para la eventualidad de que lleguen a ser importantes ante una futura demanda.
Myers sostuvo que esa preservación ni siquiera corresponde cuando se espera un juicio en el cual esos papeles tendrán relevancia, y consideró por completo injustificable la opinión de Eames sobre las intenciones de BATAS al destruir documentos.
Sin embargo, el abogado admitió que su colega Utz violó técnicamente una orden judicial de entregar documentos.
Eames afirmó que hay clara evidencia de que BAT adoptó una política de destrucción y ocultamiento de potencial evidencia en 1985, para prevenir fallos adversos, y de que BATAS aplicó esa política en gran escala en 1998, entre el fin de un juicio en el cual fue absuelta y el comienzo del tratamiento de la demanda de McCabe.
Una firma de abogados estadounidenses fue encargada en 1998 de custodiar fuera de Australia gran cantidad de documentos de BATAS, con la intención de sustraerlos al alcance de los jueces australianos, destacó.
Sólo una tabacalera es capaz de alegar que se le debe permitir destruir los documentos que la incriminan, si lo hace el día anterior al comienzo de un juicio, comentó el abogado Jonathan Liberman, del Centro VicHealth para Control del Tabaco, que promueve acciones judiciales en defensa de la salud pública.
Un probable demandado no sirve a los intereses de la justicia cuando destruye documentos que pueden ser usados en su contra, dijo el jueves a la corte de apelaciones el abogado de Mc Cabe, Tom Hughes.
BAT alega que la política aplicada desde 1985 se decidió para evitar pérdidas de tiempo y dinero, pero una ex abogada de la transnacional expresó a Eames su total seguridad de que el deseo de deshacerse de documentos era por completo ajeno a criterios de eficiencia, y se debía al riesgo de futuras demandas, indicó el juez en su fallo.
El fallo de Eames tendrá repercusiones negativas para BAT, aunque la corte de apelaciones dé la razón a la tabacalera.
La semana pasada, abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos pidieron a los defensores de McCabe que les permitiera examinar los expedientes del juicio, en el marco de una investigación para averiguar si la política de destrucción de documentos de BAT perjudicó a estadounidenses que demandaron a esa compañía.
McCabe anunció que donará 10 por ciento de la indemnización que reciba para una campaña de educación sobre los riesgos del tabaquismo, a cargo del Consejo de Cáncer de Victoria.
Quiero alertar a las jóvenes de hoy para que no cometan el mismo error que yo, engañadas por las firmas tabacaleras, indicó la demandante. (FIN/IPS/tra-eng/bb/js/mp/he hd/02
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