Las autoridades de salud de Perú se inclinan por los métodos naturales de control de la natalidad aprobados por la Iglesia Católica, una tendencia combatida por grupos feministas que defienden los estrictos programas de planificación familiar en vigor desde hace más de una década.
Las organizaciones de mujeres Flora Tristán, Manuela Ramos y Demus condenaron el fundamentalismo conservador en salud reproductiva que lleva adelante el gobierno de Alejandro Toledo, en un acto realizado frente a la sede del Ministerio de Salud.
Las organizaciones feministas pidieron al ministro de Salud, Fernando Carbone, que mantuviera los métodos de salud reproductiva adoptados por los gobiernos anteriores de Alberto Fujimori (1990- 2000) y de Alan García (1985-1990).
Carbone respondió que los programas de planificación familiar en aplicación no serán dejados de lado, aunque admitió que algunos aspectos de ellos podrían ser revisados.
El gobierno desinforma sobre los métodos anticonceptivos, señalaron las activistas femeninas el 28 de mayo, en la celebración del Día Internacional de Acción de Salud por la Mujer.
También reclamaron que se mantenga el ritmo de las campañas oficiales de ligadura de trompas, colocación de dispositivos intrauterinos y distribución de píldoras anticonceptivas.
El propio Carbone reconoció no tener información suficiente sobre el método de aspiración manual endouterina, que las organizaciones de mujeres piden por su menor costo y posibilidad de autoaplicación, al igual que las píldoras anticonceptivas de emergencia, también llamadas píldoras del día siguiente.
Muchos gobiernos no han decidido aún sobre el uso de las píldoras anticonceptivas de emergencia, porque pueden tener efectos secundarios y en la práctica su uso constituye un aborto, pues provoca la expulsión de un óvulo ya fecundado, y tenemos que defender la salud de las madres y también del niño por nacer.
La Iglesia Católica rechaza, por considerarlo un aborto, la utilización de las píldoras del día después, usadas por las mujeres luego de una relación sexual en que se suponen riesgos de embarazo.
Las activistas demandan el empleo de esas píldoras en especial en los casos de violación, y precisan que el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001) emitió una resolución ministerial incluyendo las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE), que el gobierno actual ha ignorado.
En lugar de calificar de abortiva a las PAE, Carbone debería comprender que esas píldoras evitan que las mujeres violadas o embarazadas contra su voluntad tengan que recurrir al aborto para interrumpir la gestación no deseada, sostuvo la dirigente feminista Cristina Carrera.
Toledo no se ha pronunciado al respecto, pero los dos ministros de Salud que ha designado en su primer año, Luis Solari y su sucesor Carbone, son médicos vinculados a la prelatura católica Opus Dei, de tendencia conservadora, que se opone a la adopción y difusión de la mayoría de métodos anticonceptivos.
La jerarquía católica peruana criticó duramente las políticas demográficas de los gobiernos de García y de Fujimori, que consiguieron bajar la natalidad de tres por ciento a 1,7 por ciento.
La Iglesia Católica no acepta los métodos anticonceptivos de implante intrauterino ni las píldoras que inhiben la ovulación o promueven el desprendimiento de los óvulos fecundados, procedimientos que consideran abortivos e inclusive objeta la distribución gratuita de condones.
Para la Iglesia, así como para el Opus Dei, solamente son admisibles para los solteros la castidad, es decir la abstinencia sexual absoluta, y para los casados el método del ritmo del ritmo, que consiste en la abstinencia sexual en los días de fertilidad, explicó Carrera.
Solari y Carbone no se atrevieron a suprimir esos programas, pero les quitan recursos y desactivan la difusión de procedimientos anticonceptivos que permiten a las mujeres decidir sobre sus embarazos. Es decir, tratan de desmontar sigilosamente la política de planificación familiar, opinó.
El ex ministro Solari es uno de los más influyentes dirigentes de Perú Posible, el partido de Toledo, y es conocida su oposición pública a la planificación familiar.
El control natal es un método darwinista, que corrompe y destruye la trascendencia sobrenatural del matrimonio y la transmisión de la vida. La ideología de género es conflictiva y tiene un tinte neomarxista, dijo Solari en un seminario médico internacional realizado en noviembre de 1999 en Brasilia.
Posteriormente calificó de objetivo perverso e inmoral la inclusión de cursos de educación sexual en los grados superiores de educación secundaria, una política adoptada por el gobierno de Fujimori para reducir los embarazos de adolescentes.
Cuando asumió el ministerio, en julio de 2001, Solari prometió despojarse de actitudes confesionales, pero no ocultó entonces que considera abortivos la mayoría de los más efectivos métodos anticonceptivos.
Por su parte, Carbone, que lo reemplazó en el cargo en febrero y es uno de sus discípulos y colaboradores más próximos, no se ha pronunciado tan claramente como Solari contra los métodos de planificación familiar que aún maneja el ministerio de Salud.
Un comunicado de prensa distribuido en la manifestación feminista de la semana pasada sostiene que Carbone trata de priorizar métodos tradicionales y obsoletos como el de Billing (abstinencia sexual periódica basada en la observación del moco cervical).
Roxana Vásquez, dirigente del instituto Demus, indicó que la demora en la inclusión de las PAE en la metodología de anticoncepción atenta contra la salud y la vida de las mujeres porque promueve el aborto, una de las más frecuentas causas de muerte de las mujeres más pobres.
Precisó que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 31 por ciento de los nacimientos ocurridos en Perú en los últimos cinco años eran no deseados y que la mortalidad materna es de 245 por cada 100.000 mujeres en edad fértil, la segunda más alta en América Latina, sólo superada por Haití.
En Perú el aborto es ilegal. Se calcula que cada año se producen 320.000 abortos, 20 por ciento de los cuales corresponden a adolescentes en edad escolar.
Según el Centro Latinoamericano Salud y Mujer, cinco de cada 100 mujeres se han practicado un aborto por lo menos una vez en Perú y, por consiguiente, han puesto en riesgo su vida, porque su clandestinidad obliga a realizarlos sin las debidas garantías. (FIN/IPS/al/dm/he pr/02
