Sindicalistas y campesinos de Paraguay realizarán este jueves una huelga general contra la política económica y las privatizaciones, añadiendo tensión a una crisis que amenaza desestabilizar el gobierno de Luis González Macchi y que ya costó la vida de un agricultor.
La Central Nacional de Trabajadores (CNT), la principal organización sindical del país, anunció la huelga en reclamo de cambios económicos y de la derogación de la ley de privatizaciones.
Convocamos a toda la ciudadanía a apoyar esta medida, para poder rectificar el rumbo de nuestro país y así rechazar las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, y defender nuestra soberanía, dijo el presidente de la CNT, Eduardo Ojeda.
La medida recibió el respaldo de otras organizaciones de la sociedad civil que desde hace semanas llevan adelante marchas contra el proceso de reformas del gobierno, que incluye la venta de la empresa estatal de telefonía Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).
La crisis llegó a su punto más alto el martes al mediodía en la ciudad de Coronel Oviedo, 140 kilómetros al este de Asunción, donde la policía reprimió a unos 5.000 campesinos que marchaban hacia la capital paraguaya para exigir la derogación de la Ley 1.615 de Privatizaciones.
Las organizaciones sociales tratan de presionar al Senado para que apruebe el proyecto de derogación de esa norma sobre privatizaciones, que cuenta desde el 23 de mayo con media sanción de la Cámara de Diputados.
El incidente del martes se desató cuando los campesinos intentaron romper una barrera policial para continuar con la movilización, acompañados por los diputados Waldemar Zárate, Daniel Rojas y Luis Alberto Wagner, del opositor Partido Liberal, y el defensor del Pueblo Adjunto, Raúl Marín.
El agricultor Calixto Cabral, de 34 años, murió de un disparo en la cabeza, mientras otro labriego, Teresio Velázquez, quedó en estado grave tras recibir una bala en el abdomen. Al menos otras cinco personas resultaron heridas.
El Congreso Democrático del Pueblo, integrado por campesinos, sindicalistas y dirigentes de otros grupos de la sociedad civil, anunció, tras los choques, que las conversaciones con el gobierno criminal de González Machi habían sido interrumpidas.
El presidente reunió de urgencia a su gabinete para analizar la situación y, horas después, anunció por televisión que había decidido postergar sin plazo la venta de Copaco, prevista inicialmente para el 14 de este mes, con el objeto de pacificar los espíritus y devolver la calma a la ciudadanía.
González Macchi también responsabilizó a los sectores que recurren a la violencia, de los daños que están causando a la ciudadanía, así como de los lamentables hechos de sangre del miércoles.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Jaime Bestard, señaló a Zárate, Rojas, Wagner y Marín de ser los principales instigadores de los manifestantes.
Mientras, el presidente del gobernante Partido Colorado, Nicanor Duarte, indicó que la venta de Copaco es un proceso que ha fracasado, y si fracasa un proceso, entonces los gestores deben renunciar o deben irse.
Hay procedimientos que no han dado resultados esperados, entonces los funcionarios dependen del éxito o del fracaso de sus gestiones, advirtió Duarte.
No obstante, González Macchi aseguró que no renunciará y llamó al Congreso y a las organizaciones sociales a iniciar un diálogo amplio, para resolver las diferencias que puedan existir respecto de los grandes temas sociales y económicos que hoy se debaten.
La privatización de Copaco había sido suspendida en otras seis ocasiones ante denuncias de supuestas irregularidades, entre las que figura la participación de un escribano amigo del presidente, que habría recibido más de 500.000 dólares por la escritura de esa firma de telefonía.
González Macchi considera clave la venta de Copaco, pues le permitirá recibir 400 millones de dólares para destinarlo a obras de infraestructura, con el fin de reactivar la economía, en retroceso desde 1995.
En tanto, el vicepresidente Julio César Franco, del Partido Liberal, criticó en más de una oportunidad la privatización de la compañía telefónica por la falta de transparencia en torno al proceso y por el manejo irresponsable que le dio González Macchi.
El presidente del Banco Central, Raúl Vera Bogado, insistió el miércoles en que la venta de Copaco es imprescindible para lograr un acuerdo en negociación desde hace semanas con el FMI, para un crédito stand by (en espera) por unos 60 millones de dólares.
Si hay cosas que investigar, existe un ámbito adecuado para su realización. Si se duda de la capacidad de investigación, la sociedad tiene que asumir el rol de contralor y seguir la conducción del proceso, subrayó Vera Bogado.
Por su parte, los ministros Oscar Stark, de la Reforma, y James Spalding, de Hacienda, advirtieron que la suspensión de la privatización afectará la imagen externa de Paraguay y desalentará a los inversionistas extranjeros interesados en Copaco.
El senador colorado Juan Carlos Galaberna sostuvo que las protestas contra la ley de privatizaciones son apoyadas y financiadas por partidarios del ex general Lino Oviedo, exiliado en Brasil.
Galaberna y su par Luis Alberto Mauro, del partido Encuentro Nacional, aliado con el gobierno, afirman que Oviedo procura la renuncia de González Macchi para llegar al poder antes de las elecciones de 2003.
En los incidentes del miércoles, la policía incautó a los manifestantes un automóvil en el que se encontraron camisetas con leyendas de apoyo al ex militar.
Oviedo fue detenido el 11 de junio de 2000 en la localidad brasileña de Foz de Iguazú, en la frontera con Paraguay, acusado de ser el autor intelectual del asesinato el 23 de marzo de 1999 en Asunción del vicepresidente paraguayo Luis María Argaña.
El ex general, dejado en libertad el año pasado por la justicia brasileña luego de rechazar el pedido de extradición de Paraguay, anunció su intención de volver a su país para disputar la presidencia en 2003. (FIN/IPS/rp/dm/ip/02
