Estados Unidos ofreció en Kenia cinco millones de dólares a cambio de información útil para arrestar a un acusado de planificar el genocidio de 1994 en Ruanda.
El primer blanco de la campaña Recompensa por Justicia es el empresario y magnate ruandés Felicien Kabuga, a quien se ha visto en Gabón, Kenia, Madagascar y Europa. La campaña comenzada en Kenia se extenderá a otros países y a la búsqueda de otros sospechosos.
Una fotografía de Kabuga fue publicada en diarios de Kenia, junto con las leyendas Se busca y Financió la masacre de hombres, mujeres y niños de Ruanda.
El acusado integra la etnia hutu, mayoritaria en su país, e investigadores del genocidio sostiene que utilizó sus vastos recursos para propiciar la masacre de 800.000 integrantes de la etnia tutsi y hutus moderados en 1994, cuando era uno de los propietarios de la emisora de radio y televisión Milles Collines.
En las transmisiones de esa emisora se brindó información a milicianos hutu sobre el paradero de tutsis, así como consejos para asesinarlos.
El embajador estadounidense para Asuntos de Crímenes de Guerra, Pierre-Richard Prosper, lanzó la oferta de recompensa esta semana en Nairobi.
Kabuga es acusado de genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones de la Convención de Ginebra (de derechos humanos), indicó.
El magnate compró para las milicias hutu Interahamwe, responsables de miles de asesinatos, uniformes, vehículos y armas, así como machetes, hachas y otras herramientas agrícolas sabiendo que serían usadas como armas, afirmó.
Las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas que crearon la Corte Penal Internacional para Ruanda (CPIR), instaron a los Estados miembros del foro mundial a apoyar a ese tribunal, incluso en la búsqueda de personas acusados, y facilitar la declaración de testigos que puedan brindar evidencia.
Hasta ahora, 13 sospechosos detenidos en Kenia fueron entregados a la CPIR, y las autoridades keniatas han intentado varias veces arrestar a Kabuga.
Estados Unidos instaló una fuerza especial en Nairobi para coordinar esfuerzos con los servicios de seguridad de Kenia en la búsqueda del acusado.
Quienes tengan información sobre el paradero de Kabuga fueron exhortados a proporcionarla por los teléfonos 0722-298483 o 0733- 250208, o a la dirección de correo electrónico rewards@state.gov.
Es posible que Kabuga no esté en Kenia en la actualidad, y en ese caso la campaña evitará que él y otros sospechosos de genocidio ingresen al país, comentó el fiscal general Amos Wako.
Washington lanzó en enero de 2001 un programa de oferta de grandes recompensas por facilitar el arresto de presuntos terroristas, y el año pasado incluyó en la lista a 13 acusados del genocidio en Ruanda, pero la falta de resultados condujo a la nueva táctica de campañas locales, inaugurada con Kabuga.
Las autoridades estadounidenses planean extender la oferta de recompensas a otros países y por otros acusados del genocidio.
Washington piensa que Kabuga financia en la actualidad a milicianos Interahamwe que luchan contra el gobierno ruandés desde bases en República Democrática de Congo (RDC), y Prosper viajó el jueves a Kinshasa para discutir el asunto con el presidente de ese país, Joseph Kabila.
Las autoridades estadounidenses sospechan que por lo menos ocho acusados ante la CPIR actúan como comandantes de esas milicias en RDC.
Analistas han cuestionado los motivos de Estados Unidos para respaldar con tanto entusiasmo a la CPIR, ya que se opone a la Corte Penal Internacional, que será instalada el 1 de julio.
La Corte Penal Internacional no está bajo autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la CPIR y otros tribunales internacionales para casos específicos, que ofrecen mayores garantías, arguyó Prosper.
Negociamos desde 1995 por la Corte Penal Internacional. Trabajamos de buena fe para lograr pautas que considerábamos apropiadas. Reconocemos que se trata de una causa noble, pero el resultado fue erróneo y no podemos respaldarlo, añadió. (FIN/IPS/tra-eng/ks/mn/lp-mp/hd/02
