La oposición de Australia logró varias concesiones este miércoles en la aprobación de una nueva ley antiterrorista, pero entiende que la norma todavía es violatoria de las libertades civiles.
La nueva ley impulsada por el gobierno puede ser utilizada para reprimir el disentimiento político legítimo, incluso medidas de desobediencia civil, y constituye una reacción excesiva ante los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, advirtieron grupos comunitarios.
Los partidos opositores lograron cambios significativos, pero la ley sigue atacando los derechos fundamentales de los ciudadanos, declaró Damien Lawson, portavoz de la Federación de Centros Jurídicos Comunitarios.
La propuesta original de enmienda a las leyes de seguridad vigentes habilitaba al fiscal general a proscribir grupos que él considerara terroristas.
En cambio, la versión aprobada este miércoles en el Senado luego de 20 horas de debate prevé la prohibición de organizaciones identificadas como terroristas por la Organización de las Naciones Unidas, y no por el gobierno australiano.
Además, la proscripción de esas organizaciones podrá ser anulada por voto mayoritario del Senado.
La iniciativa original fue presentada en marzo en la Cámara de Representantes, que la aprobó sin modificaciones al día siguiente y un día después la envió al Senado, el cual la sometió a una comisión jurídica y constitucional.
Ante la presión de la oposición y más de 400 solicitudes, la comisión recomendó numerosos cambios a la propuesta legislativa.
Al presentar el proyecto revisado al Senado el lunes, el ministro de Justicia y Aduanas, Chris Ellison, afirmó que la norma tiende a fortalecer nuestro arsenal en la guerra contra el terrorismo.
El opositor Partido Laborista tuvo dificultades internas para presentar una posición unánime contra la propuesta original.
El año pasado, los laboristas sufrieron una reducción de su respaldo electoral por su oposición inicial al rechazo de los solicitantes de asilo que llegan a las costas australianas, y ahora temen ser considerados débiles en los esfuerzos para combatir el terrorismo.
Sin embargo, miles de mensajes electrónicos y llamadas telefónicas los obligaron a presentar una serie de modificaciones.
Nuestro enfoque a este paquete de cinco disposiciones no es de aceptación ciega de la propuesta del gobierno ni de oposición total, declaró el lunes al Senado el laborista Robert Ray.
El laborismo coincidió con grupos comunitarios, sindicatos y organizaciones jurídicas en que la definición de terrorismo como cualquier acción destinada a promover una causa política, religiosa o ideológica mediante la fuerza o la intimidación es absolutamente inaceptable.
Por eso, negoció con el gobierno para que la definición incluyera únicamente aquellos actos que creen un grave riesgo a la salud o seguridad pública o a un sector del público.
No obstante esta modificación, Shane Rattenbury, de la organización ambientalista Greenpeace/Australia Pacífico, cree que las campañas de desobediencia civil pueden ser blanco de gobiernos hostiles en virtud de las nuevas normas.
Seguimos preocupados porque estas leyes pueden limitar el derecho a la protesta pacífica. Tememos que actividades políticas cruciales para la defensa del ambiente y la justicia social y económica se vuelvan ilegales, manifestó Rattenbury.
La polémica en torno a la propuesta antiterrorista obligó al gobierno a postergar la consideración del proyecto de enmienda de la ley sobre Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad hasta mediados de agosto en el Senado.
El proyecto prevé cadena perpetua para las personas vinculadas directa o indirectamente con organizaciones consideradas terroristas, así como la detención de sospechosos por largos períodos sin acusación ni acceso a un abogado. (FIN/IPS/tra-en/bb/js/mlm/hd/02
