El gobierno de Venezuela, respaldado por la OEA, inició el diálogo con la oposición, pero las brasas de la confrontación que llevó a la crisis institucional de la semana pasada todavía arden y los protagonistas se muestran dispuestos a reavivar el fuego.
La asamblea extraordinaria de la OEA (Organización de Estados Americanos) expresó este viernes en Washington la satisfacción por la reinstalación del gobierno democráticamente elegido de Hugo Chávez, y respaldó su iniciativa de convocar de inmediato a un diálogo nacional sin exclusiones.
La OEA también advirtió la excesiva polarización de la sociedad venezolana, exhortó a todos los sectores a participar en el diálogo y los alentó a desarrollar sus actividades respetando el estado de derecho, así como la búsqueda de la reconciliación nacional.
Chávez ofreció el jueves envainar la espada, al instalar, como primera fase de las conversaciones, el Consejo Federal de Gobierno, que reúne al Poder Ejecutivo, gobernadores y delegados de los alcaldes. En ese marco, aliados y opositores cruzaron fuertes críticas.
Paralelamente, fueron puestos en libertad Pedro Carmona, el empresario que gobernó de facto por dos días y único civil golpista detenido, y la mayoría de los generales, coroneles y almirantes que derrocaron a Chávez. Pero el proceso judicial contra todos ellos continúa.
Sin embargo, los ánimos siguen crispados en todos los escenarios, desde los salones de la OEA en Washington hasta las humildes barrios del sudoeste de Caracas que pagan las consecuencias de los saqueos, pasando por militares, políticos, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
El canciller venezolano Luis Alfonso Dávila replicó en la OEA el diagnóstico que el secretario general del foro americano, el colombiano César Gaviria, presentó a la asamblea sobre la situación de Venezuela tras una visita de dos días al país.
Dávila, ante la queja de Gaviria por la excesiva polarización, explicó que la misma es el resultado de 40 años de injusticias y gobiernos que permitieron dividir el país en 80 por ciento de pobres y una minoría de 20 por ciento que pudo acceder a educación, bienestar y poder.
El representante de Caracas también rechazó la propuesta del secretario de Estado (canciller) estadounidense, Colin Powll, de que Gaviria fuese facilitados del diálogo en Venezuela.
Los venezolanos tenemos pantalones largos, respondió Dávila, quien luego dijo a periodistas que la nacionalidad colombiana de Gaviria podría ser un obstáculo adicional.
En tanto, en Venezuela, portavoces de los principales grupos de la oposición en el parlamento pidieron la renuncia de Chávez. Los legisladores de la minoría consideran que es un presidente ilegítimo y reclaman una rápida convocatoria a elecciones generales y castigo a chavistas a quienes culpan de crímenes.
En el marco de las manifestaciones del 11 de este mes, cuando estalló la crisis, murieron baleadas 14 personas, mientras que al menos otras 40 perecieron en enfrentamientos callejeros y saqueos que acompañaron la reacción popular que dos días después permitió el retorno de Chávez a la presidencia.
Pero en ese mismo ámbito parlamentario los representantes afines al gobierno tienden ramas de olivo, aunque insisten en que debe respetarse la Constitución y la legalidad de Chávez. También aseguran que en los enfrentamientos callejeros que precipitaron la crisis hubo muertes causadas por disparos de uno y otro bando.
La conformación de una comisión investigadora, que ofrezca credibilidad y confianza a los dos polos del país, parece ser la pieza clave para destrabar el juego y quitar presión a la efervescencia política y social.
En el terreno militar, los oficiales que pidieron la renuncia de Chávez y apoyaron el golpe de Estado, incluso algunos que declaran abiertamente a los medios de comunicación desde una semiclandestinidad, afirman que persisten las fracturas en las Fuerzas Armadas.
Generales y almirantes, así como sus abogados, declararon a la televisión a las puertas del fuerte Tiuna, principal instalación militar de Caracas, para reclamar su inmediata puesta en libertad, invocando preceptos de la Constitución de 1999, prácticamente abrogada por Carmona.
Uno de ellos, el contraalmirante Carlos Molina -retirado por Chávez y llamado de nuevo a filas por Carmona- exhortó a la sociedad civil a que no desmaye y continúe adelante, al tiempo que llamó fascinerosos a los seguidores de Chávez que hace una semana rodearon la sede del gobierno para reponer al presidente.
En un hotel del otro extremo de la sociedad, organizaciones no gubernamentales que llevan adelante una oposición militante contra Chávez realizaron una asamblea para discutir los próximos pasos que darán a fin de conseguir un cambio de gobierno.
Por su parte, las centrales sindicales y empresariales señalan que el gobierno debe rectificar el rumbo político, para que no se dispare de nuevo el mecanismo de oposición social, como huelgas y protestas.
Los medios de comunicación social, fuertemente enfrentados con Chávez en los tres años de mandato, mantienen su misma línea informativa, con los espacios de opinión y entrevistas muy en contra del gobierno.
Chávez ha pedido públicamente perdón por sus excesos con los dueños de los medios, así como a los gerentes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), a los que despidió a través de su programa radiofónico semanal.
En Pdvsa, cuya huelga de gerentes llevó a la paralización general de comienzos de la semana pasada y que creó el clima insurreccional, parecía abrirse campo la conciliación, con la designación de una nueva junta directiva.
El candidato más probable para presidir Pdvsa es Alí Rodríguez, actual secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Rodríguez inició consultas con los estados miembros de la OPEP acerca de su renuncia al cargo que ejerce desde hace dos años.
Otro frente en esta situación es la complicada relación con Estados Unidos, señalado por medios internacionales de prensa de haber apoyado en algún grado el movimiento que depuso a Chávez y ubicó a Carmona en el poder.
Colocado en situación de explicar esa conducta, Washington ha mostrado actitudes antidemocráticas que se atribuyen a Chávez y a sus seguidores, y el presidente George W. Bush y demás funcionarios mantienen un tono de demandas. Chávez debe aprender la lección, dicen. (FIN/IPS/jz/dm/ip/02
