Los japoneses siguen de cerca el juicio de una empleada administrativa contra la firma para la que trabaja desde hace más de 30 años, que le paga un salario inferior al de los hombres y no le concedió ningún ascenso en toda su carrera.
Eiko Shirafuji, de 53 años, se unió esperanzada a la Sumitono Electrical Co. al dejar la escuela secundaria.
Pensé que sería mi gran oportunidad de hacer una carrera exitosa, recuerda. Pero sus sueños se esfumaron mientras veía a sus colegas hombres lograr mejores puestos y ella quedaba siempre en el mismo.
La querella de Shirafuji alega discriminación en base al género y exige a la compañía una compensación de 1,3 millones de dólares por haberla limitado durante años a la misma tarea y no haberle ofrecido capacitación ni nuevas oportunidades.
La empleada apeló ante la Corte Suprema después que en 1995 un juez de la centromeridional prefectura de Osaka rechazara su petición.
Cuando veo a los colegas que fueron seleccionados junto a mí en altos cargos en la compañía, no lo puedo soportar. Mi única esperanza es la demanda judicial, dijo la empleada, quien afirma que la política desigual de Sumitono Electrical Co. la ató a un futuro inútil.
El caso de Shirafuji es reflejo de una discriminación profundamente enraizada contra las trabajadoras, sostuvo la abogada especialista en cuestiones de género Mami Nakano, y destacó que las mujeres que demandan a grandes empresas son la excepción en Japón.
Si la Corte Suprema falla a favor de la demandante, enviará un mensaje positivo a cada trabajadora japonesa que lucha contra el dominio masculino en el mercado de trabajo, dijo la abogada.
El juicio adquirió un significado amplio pues la economía enfrenta una reestructuración de las empresas que está poniendo fin al tradicional empleo de por vida, y el desempleo alcanzó en enero de este año la cifra récord de 5,3 por ciento.
Japón tiene un sistema laboral dividido en dos sectores, el trabajo general y el nivel ejecutivo. Las japonesas forman 49,6 por ciento de la fuerza laboral, pero integran 91 por ciento del área general.
Una encuesta del Ministerio de Trabajo sobre 215 compañías reveló que sólo 2,2 por ciento empleaban mujeres en el sector ejecutivo. Además, las mujeres sólo ganan 60 por ciento del salario de los hombres en iguales puestos.
Shirafuji llevó su caso a la Oficina Internacional del Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, acompañada por otras cinco trabajadoras de las empresas Sumitomo, en busca de respaldo a su causa.
En agosto de 2001, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, sostuvo en un documento que las autoridades de Japón no están haciendo lo suficiente para promover la igualdad de derechos en el trabajo.
El informe de la ONU también advirtió contra excesivas horas de trabajo y horas extra mal pagadas, expresando su preocupación ante la desigualdad de hecho entre hombres y mujeres en los salarios por trabajo de igual valor.
Japón firmó la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, pero en 2000 se ubicó en el lugar 41 entre 70 países según la escala internacional de fortalecimiento para la igualdad de género.
En varios aspectos, la lucha De Shirafuji refleja las normas sociales de su país.
La empleada perdió el juicio en Osaka cuando el juez argumentó que, si bien las diferencias laborales son inconstitucionales, la práctica empresarial está basada en la armonía social, que acepta la división sexual del trabajo, en la que las mujeres son responsables de la familia y los hombres de ganar el pan.
Este prejuicio social, junto a la inseguridad laboral, conspira contra las mujeres que buscan desarrollarse profesionalmente.
Para recortar los costos de personal, más compañías contratan a trabajadoras de medio horario. Esto sólo se traduce en menores oportunidades de alcanzar cargos ejecutivos, reservados especialmente para algunos hombres.
Las mujeres trabajadoras son las primeras en ser despedidas, en la creencia de que son menos valiosas para la empresas y pertenecen más que nada al ámbito doméstico.
Sin embargo, las mujeres están decididas a seguir adelante con su lucha ante los tribunales.
En febrero de este año, la empresa Nomura Securities debió pagar 425.000 dólares a 12 mujeres a las que negó un ascenso por discriminación de género.
En enero, 20 empleadas de la compañía de seguros Sumitomo Life Insurance Co. recibieron 870.000 millones de dólares en un juicio contra la política empresarial de no promover a las mujeres casadas.
La abogada de Shirajuji Mistuko Miyajo afirma que los tratados internacionales son una buena fuente en las demandas laborales de las mujeres cuando las leyes japonesas resultan obsoletas.
Los tratados internacionales son producto de la experiencia y la sabiduría, y son tan importantes como nuestra Constitución. Citaremos el informe de la ONU y lo utilizaremos en nuestra propia batalla, indicó.
Mientras tanto, Shirafuji continúa haciendo el mismo trabajo en el departamento contable de Sumitomo Electrical Co. y dedica su tiempo libre a la batalla legal contra su empleador.
Es gracioso, pues tengo el respaldo de la compañía a pesar de lo que estoy haciendo. Los trabajadores jóvenes y las mujeres me estimulan diciéndome que, si gano, también ellos recibirán un mejor salario, lo cual me hace redoblar mi esfuerzo, comentó. (FIN/IPS/tra-en/sk/js/lp/mlm/lb hd/02
