La Corte Suprema de Justicia de México consideró ilegal la apertura por decreto del sector eléctrico a la inversión privada, una propuesta que el parlamento se niega a aprobar por ley, y la consecuencia puede ser la escasez de energía, según ha advertido el gobierno.
La generación, distribución y comercialización de electricidad, administradas por el Estado, necesitan una inversión de alrededor de 25.000 millones de dólares en los próximos seis años, según los expertos, y el gobierno asegura que no tiene ese dinero.
Si las inversiones no fluyen en los próximos cinco años, México se enfrentará al racionamiento eléctrico, advirtió la Secretaría (ministerio) de Energía.
Las proyecciones de demanda y los cálculos financieros del gobierno son errados, respondieron los diputados opositores, que son mayoría en el Congreso legislativo. Con creatividad se encontrará la forma de reformar el sector y garantizar el suministro, afirmaron.
La Corte Suprema de Justicia resolvió el jueves que es ilegal un decreto promulgado por Fox en 2001 para alentar la inversión privada en la generación de electricidad.
El fallo fue consecuencia de la impugnación del decreto por el parlamento. Es la primera vez en la historia de México que el Poder Judicial resuelve una discrepancia entre los otros dos poderes del Estado.
Rechazar la apertura eléctrica revela que el país no se moderniza, expresó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jorge Espina.
Los diputados y los tribunales detienen los cambios estructurales que requiere el país para ser competitivo a nivel internacional, añadió.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que incluye entre sus 30 integrantes a todas las naciones del mundo industrializado y también a México, recomendó a este país permitir la inversión privada en el sector eléctrico para afrontar sus retos de desarrollo.
En consonancia con la recomendación de expertos y organismos internacionales, el gobierno de Fox exhorta reiteradamente a los diputados a reformar leyes para permitir que el sector privado invierta de forma amplia en electricidad. Lo mismo demandó, sin éxito, el ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000).
La Constitución establece que corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
No obstante, en los últimos años se realizaron reformas a otras normas para admitir inversiones privadas, aunque mínimas, en la generación de electricidad, que actualmente asciende a 37.650 megawats, 62,3 por ciento originada en centrales termoeléctricas y 24,9 por ciento en represas hidroeléctricas.
El resto procede de instalaciones carboeléctricas, geotermoeléctricas, nucleoeléctricas y eoloeléctricas.
Permitir mayor influencia del sector privado en el sector eléctrico acabará con la soberanía del Estado sobre su energía, indicaROn diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la izquierda.
El sector privado tiene en México derecho a participar en licitaciones para instalar centrales eléctricas, pero con la condición de venderlas al Estado y al más bajo precio.
El decreto de Fox, anulado por la Corte Suprema de Justicia, buscaba alentar ese mecanismo, pero además eliminar la prohibición que tiene el sector privado para comercializar los excedentes de electricidad que puedan generar.
No vamos a permitir una privatización eléctrica abierta o disfrazada, advirtió el legislador del PRI Manuel Bartlet.
Si se quiere mejorar el sector eléctrico, el Estado debe invertir más, evitar el robo de electricidad y reformar la Comisión Federal de Electricidad, la empresa eléctrica del ramo, señaló Bartlet.
El gobierno pierde 1.000 millones de dólares anuales por el robo de energía de parte de diversos usuarios, según estudios oficiales. Además, la empresa gasta más de 120 millones de dólares al año en subsidios a diversos sectores.
La Comisión Federal de Electricidad tiene 45.000 trabajadores y su sindicato, afiliado al PRI, representa una importante fuerza política.
Todas las reformas que puedan hacerse en el sector eléctrico estatal difícilmente garanticen los recursos adicionales que se requieren, opinó el consultor en temas de energía Fidel Cantú. Similar postura sostiene la Secretaría de Energía.
En los últimos 42 años, la generación de electricidad creció de forma acelerada en México, lo cual permitió aumentar la cobertura del servicio de 44 a más de 90 por ciento de la población.
Sin embargo, la demanda de electricidad aumenta desde 1995 a mayor velocidad que la capacidad de generación.
Datos oficiales indican que la generación registra hoy un crecimiento anual que fluctúa entre tres y cuatro por ciento, pero la demanda aumenta a un ritmo superior a seis por ciento. (FIN/IPS/dc/mj/en/02
