Brasil, México y Venezuela afrontan un futuro de severas crisis de abastecimiento de electricidad, debido a la falta de inversiones y de planes sustentables, escasa diversificación de fuentes energéticas y factores climáticos adversos.
El sector eléctrico de América Latina requerirá en los próximos años enormes inversiones y una revisión de la excesiva dependencia en la energía hidroeléctrica en desmedro de fuentes limpias, como la eólica.
Venezuela y México, países exportadores de petróleo y de energía eléctrica, atraviesan coyunturas difíciles en el suministro eléctrico interno, al igual que Brasil.
Aunque las autoridades adjudican las dificultades a factores climáticos como la sequía, la generación hidroeléctrica carece de las inversiones necesarias para garantizar el suministro ante una demanda que crece cada año.
Brasil experimentó una escasez grave en 2001, que determinó ocho meses de racionamiento, y se mantiene en situación de alerta.
Venezuela podría atravesar el momento más complicado en mayo, y aunque México no prevé medidas inmediatas de racionamiento, requiere políticas de largo aliento para evitar futuros apagones.
El caso venezolano es paradójico. Con una capacidad de generación eléctrica de alrededor de 19.000 megavatios, el país inauguró el año pasado un ambicioso plan de interconexión eléctrica para exportar energía a Brasil.
Pero poco después se vio obligado a importar electricidad de Colombia para hacer frente a la reducción del volumen de las aguas del meridional embalse hidroeléctrico de Guri, sobre el río Caroní, fuente de más de 60 por ciento de la electricidad que consume la nación.
Hasta marzo, la escasez de lluvias determinó que las aguas del embalse se mantuvieran a una altura de 250 metros, muy cerca de la mínima histórica de 246 metros e inferior a su nivel normal de 270. Si no llueve en mayo habrá que racionar la electricidad en un país que vive de exportar energía, admitieron las autoridades.
El gobierno dispuso a comienzos de este año una campaña destinada a incentivar la reducción voluntaria del consumo en los hogares y en las industrias, cuyos efectos se ignoran, mientras la población espera con ansiedad que la temporada de lluvias se manifieste con las ansiadas precipitaciones.
La crisis eléctrica se debe a la incapacidad gubernamental para crear y sostener inversiones y resguardar las fronteras ambientales de la principal represa del país, en el suroriental estado de Bolívar, dijo a Tierramérica el analista en energía Milko Luis González, de la Universidad Central de Venezuela.
En la región son frecuentes la explotación minera ilícita en las cabeceras de los ríos y la desforestación de la selva amazónica, agregó González.
En Brasil, en tanto, el presidente Fernando Henrique Cardoso destacó el "papel pedagógico" que jugó el racionamiento dispuesto entre junio de 2001 y febrero de este año para frenar el despilfarro de energía.
Ochenta por ciento de las personas consultadas en una encuesta reciente manifestaron su disposición a continuar ahorrando electricidad.
Brasil tiene una capacidad de generación eléctrica de 75.893 megavatios, de los cuales 82 por ciento procede de fuentes hidroeléctricas, 15 por ciento de fuentes térmicas (diesel, carbón, gas) y apenas 2,59 por ciento de la energía nuclear.
Las fuentes de energía alternativas, como el viento, son marginales en Brasil y en México, mientras en Venezuela ni siquiera figuran en las estadísticas.
El racionamiento brasileño se debió a dos años de lluvias insuficientes, según las autoridades.
Pero analistas advirtieron que no se llevaron a cabo inversiones necesarias, se redujeron excesivamente los márgenes de seguridad y el proceso de privatización de las empresas hidroeléctricas fue mal conducido, pues no estableció compromisos de expansión.
La interministerial Cámara de Gestión de la Crisis de Energía Eléctrica (CGE), dirigida por el jefe de la Casa Civil de la Presidencia de la República, Pedro Parente, procuró lidiar con la crisis mediante una reducción del consumo de 20 por ciento en el sureste, noreste y centro-occidente del país.
Aunque el racionamiento concluyó en febrero, la CGE reconoce que la crisis no está superada, y podrían disponerse nuevos controles del consumo si las lluvias no son suficientes.
Organizaciones de la sociedad civil de Brasil cuestionaron la privatización total del sector eléctrico, que constituye un riesgo máximo" a juicio del director del Instituto para el Desarrollo Estratégico del Sector Eléctrico (Ilumina), Roberto Pereira D'Araujo.
Aun en Estados Unidos, apenas diez por ciento de la electricidad es de producción independiente, mientras 90 por ciento corresponde a concesiones a privados que incluyen metas de expansión, fiscalización y regulaciones estrictas, sostuvo D'Araujo.
En México no se espera un colapso repentino del servicio eléctrico, pero la Secretaría (Ministerio) de Energía advirtió que si no se efectúan inversiones en obras de infraestructura, en cinco o seis años el país deberá afrontar racionamientos.
Casi 100 por ciento de los 100 millones de mexicanos tienen acceso a la energía eléctrica, un servicio que creció desde 1960, cuando apenas 44 por ciento de la población contaba con el suministro.
El gobierno estima que el sector requerirá inversiones de 67.000 millones de dólares en las áreas de generación, transmisión, distribución, mantenimiento e ingeniería hasta 2010, periodo en que el consumo crecerá 6,3 por ciento anual.
El propósito oficial es elevar la actual capacidad de generación del sistema eléctrico nacional de 37.650 megavatios a 65.000 megavatios, un incremento de 42 por ciento.
Casi 70 por ciento de la electricidad mexicana depende de fuentes termoeléctricas (petróleo, gas y carbón), 24 por ciento de centrales hidroeléctricas, y el resto de otras formas de energía, como geotérmica, nuclear y eólica.
Aunque México procura con estos planes prevenir una crisis de abastecimiento, el énfasis puesto en los combustibles fósiles no renovables, en especial el gas natural, no asegura el desarrollo sostenible del sector.
El gobierno de Vicente Fox está dispuesto a dar mayor participación al sector privado, mediante una reforma de las regulaciones que limitan su papel en la industria eléctrica, siguiendo una propuesta de su antecesor, Ernesto Zedillo.
Aunque la idea de Fox es que el Estado conserve la soberanía sobre el recurso, la iniciativa no cuenta con mayoría en el parlamento, donde circulan desde el año pasado diferentes proyectos de reforma eléctrica, sin que una versión definitiva logre ver la luz. (FIN/Tierramérica/ac/en dv/02
