El gobierno de Ecuador considera exigir visa a los colombianos que ingresen en el país, con el fin de evitar que el conflicto de Colombia cruce la frontera, pero la iniciativa puede causar fricción en las relaciones bilaterales.
La posible medida, dirigida a frenar el ingreso de guerrilleros de izquierda y de paramilitares de derecha, es analizada por el Consejo Consultivo de Política Migratoria integrado por representantes de los ministerios de Gobierno (Interior) y de Relaciones Exteriores y la Policía de Migración.
El director de Asuntos Migratorios de la cancillería, Santiago Chávez, aseguró que la exigencia de visado responde al pronunciamiento de varios dirigentes y grupos políticos sobre la necesidad de mejorar el control de inmigrantes colombianos.
Lo que se pretende es exigir una visa a los colombianos hasta que pase el conflicto interno con las FARC, las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), sostuvo un portavoz de la cancillería que solicitó reserva sobre su identidad.
El funcionario argumentó que se procurará a través de la medida controlar el ingreso de colombianos, que en los últimos meses, dijo, se duplicó.
Pero el vicecanciller Jaime Merchán dijo a IPS que se opone a la medida porque significaría modificar acuerdos de libre tránsito fronterizo vigentes entre los dos países.
La política de nuestro Ministerio (de Relaciones Exteriores) es contraria a modificar todos los convenios, incluidos los migratorios, suscriptos con el vecino país, por lo que no creemos pertinente tener que pedir visas, afirmó Merchán.
Los acuerdos de libre tránsito, renovados en 1996, permiten a los colombianos y ecuatoriannos atravesar la frontera con el único requisito de presentar su documento de identidad.
Para establecer un visado debería declararse una moratoria de los acuerdos, como han solicitado funcionarios militares y policiales.
El visado dañaría las relaciones bilaterales y el intercambio comercial y cultural, advirtió Merchán, quien reconoció que el asunto es objeto de análisis.
Sin embargo, cualquiera sea la conclusión del estudio del Consejo Consultivo de Política Migratoria, corresponderá a la cancillería la decisión final, dijo.
Pero, aun cuando se trata de un caso extremo, la eventual modificación de tratados migratorios bilaterales no tendría que ser analizada por el parlamento, el Tribunal Constitucional o la Comunidad Andina, explicó Merchán.
Luego de la ruptura del diálogo entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, el gobierno pidió al Consejo Consultivo un plan para mejorar el control del ingreso de colombianos, que debe ser entregada en esta semana o la próxima.
Merchán consideró necesario controlar el ingreso de personas indeseables o (fuerzas) irregulares que no ingresan a Ecuador a través de los tres puestos fronterizos de San Lorenzo, en la costeña provincia de Esmeraldas, Rumichaca, en la serrana Carchi, y General Farfán, en la amazónica Sucumbíos.
Hay cientos de pasos clandestinos, donde los dos países debemos reforzar el control militar sin que se impongan visas a los ciudadanos comunes, arguyó Merchán.
El encargado de negocios de la embajada de Colombia en Ecuador, Gabriel Martínez, sostuvo que la posibilidad es improcedente y descabellada.
Por su parte, el diario El Comercio, de Quito, consideró en un editorial que existe el peligro de que las visas se conviertan en el paliativo de una situación de envergadura estructural y que solo produzca mayores diferencias entre los dos países.
La posible exigencia de visado contradice la historia de una vecindad pacífica y recíprocamente provechosa que ha logrado la integración de la frontera común entre los dos países por más de un siglo, agregó El Comercio.
Por eso se vuelve incómodo concebir que por necesidades de seguridad nacional nos veamos obligados a denunciar convenios internacionales que rigen la materia, y, de alguna manera, contrariar el proceso de una mayor integración a la que aspiran las naciones andinas, argumentó el periódico.
El canciller de Ecuador, Heinz Moeller, dejó abierta el año pasado la posibilidad de que los convenios de libre tránsito entre los dos países puedan ser objeto de revisión para evitar un mayor flujo de problemas.
Sin embargo, sostuvo que tal medida debería analizarse en profundidad, porque podría dejar sin efecto una conquista de la región andina.
El derechista Partido Social Cristiano (PSC), al que pertenecen Moeller, el ex presidente León Febres Cordero (1984-1988) y el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, propuso al gobierno la adopción del visado hace un mes.
El establecimiento del visado contradiría la política de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de fomentar la libertad de tránsito fronterizo. En 2000 los países de la CAN se intercambiaron unos 623.000 turistas, según las últimas estadísticas oficiales del bloque.
A excepción de Colombia y Venezuela, cuyo intercambio turístico cayó 40 por ciento con relación con 1991, en los restantes países de la CAN —Ecuador, Perú y Bolivia— se incrementó en un porcentaje similar.
Este panorama obligó a las cinco naciones a trabajar en el diseño de un marco legal que facilite el tránsito regional de personas. Cinco convenios de la CAN vigentes en materia de turismo, trabajo y seguridad social alientan la migración transfronteriza regional. (FIN/IPS/kl/mj/pr ip/02
