Organizaciones no gubernamentales de América Latina acordaron en la capital cubana promover la incorporación del derecho a una alimentación saludable y permanente entre las garantías constitucionales de la población.
También se proponen conformar el Foro Regional Permanente de la Sociedad Civil, para impulsar la solidaridad internacional en favor de la soberanía alimentaria, que es el derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos.
Los acuerdos forman parte del plan de acción aprobado por delegados de 42 grupos participantes en la segunda Consulta Regional de Organizaciones no Gubernamentales.
Este encuentro se realizó en La Habana, previo a la 27 Conferencia Regional de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) para América Latina y el Caribe, que finalizó este viernes.
Ese programa acompaña la declaración final que resume la evaluación de sectores civiles sobre el estado de la situación alimentaria en la región y sus propuestas de solución viables y efectivas al problema del hambre y la malnutrición.
En el texto se alerta sobre el incumplimiento del compromiso adquirido en 1996 por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir a 415 millones la cantidad de personas afectadas por hambre en el mundo para 2015.
No se ha cumplido con uno de los derechos humanos más elementales y una de las obligaciones fundamentales de los estados y de la comunidad mundial: garantizar el derecho a la alimentación saludable y permanente para todos y todas, señala la declaración.
En ese sentido, los delegados de las organizaciones de la sociedad civil consideraron que el derecho humano a la alimentación, la soberanía alimentaria de los pueblos y la cooperación deben ser base de políticas que garanticen la seguridad alimentaria.
Esos principios y derechos deben incorporarse en las constituciones de los países y crearse comisiones nacionales como órganos autónomos, integrados por el estado y la sociedad civil, proponen los delegados con vistas a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, prevista para junio en Roma.
La verdadera causa del hambre y la malnutrición en el mundo hay que buscarla en la distribución inequitativa de los recursos productivo y de los ingresos, no en la falta de producción de alimentos, dijo a IPS Alberto Ercilio Broch, de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura de Brasil.
Documentos de la FAO señalan que casi 54 millones de personas en América Latina y el Caribe sufren cada día de hambre y desnutrición, sólo un millón menos de las que había en 1996 y cuatro millones menos que en 1990.
Si continuamos a ese ritmo, en 2015 se habrá reducido sólo a 45 millones el número de personas hambrientas en la región, aseguró.
Broch apuntó que prácticamente ha desaparecido la asistencia técnica de los programas de los gobiernos, lo cual, unido a la falta de políticas agrarias, agrava la situación para los sectores de la población residentes en las zonas rurales.
Las grandes mayorías hambrientas están en el campo, precisó el activista brasileño. La FAO indica que 64 por ciento de la población rural de la región es pobre y 38 por ciento vive en la indigencia.
En ese sentido, los representantes de la sociedad civil que asistieron del 22 al 26 de este mes a la Conferencia de la FAO consideran fundamental poner en marcha procesos integrales de reforma agraria.
Indicaron que esos procesos deben adaptarse a las condiciones de cada país y región para alcanzar un acceso equitativo a los recursos productivos, principalmente la tierra, el agua, los bosques, así como a los medios de producción, financiamiento y capacitación.
La soberanía alimentaria es condición fundamental para erradicar el hambre y la malnutrición, además de garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable, añade la declaración de los representantes de las organizaciones no gubernamentales de la región.
El texto indica, además, que la lógica de importación de alimentos básicos tienden a desmantelar la producción doméstica para comprarlos más barato a los países ricos.
De esta manera se induce la reorientación de sus recursos productivos a cultivos de exportación más competitivos y de mayor valor agregado para los mercados del Norte industrializado.
La gran esperanza que nosotros tenemos es que la movilización popular y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil se conviertan en instrumento importante para lograr cambios en la actual situación, comentó Broch.
Un programa para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria de los más pobres, que desarrolla actualmente la FAO en la región, intenta incrementar la productividad, reducir la vulnerabilidad y mejorar el acceso a los alimentos, aumentando al mismo tiempo los ingresos.
Entre los países beneficiados con proyectos incluidos en el llamado Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) figuran Bolivia, Ecuador, Haití, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en tanto se preparan planes de ese tipo en Cuba, México, República Dominicana y Venezuela.
Según expertos de la FAO, América Latina y el Caribe dispone de 25 por ciento de la tierra cultivable del planeta, más de 40 por ciento de los bosques tropicales, 23 por ciento del inventario ganadero, y alrededor de 30 por ciento de la reservas de agua dulce.
Esos recursos, a través del desarrollo sustentable, permitirían obtener los alimentos para la población y generar divisas y recursos para el desarrollo de otros sectores económicos, reconocieron las fuentes.
En la 27 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe participaron ministros y viceministros de más de 30 países de la región, además de representantes de varios organismos internacionales especializados. (FIN/IPS/pg/dm/dv/02
