Relatores especiales de la ONU y organizaciones no gubernamentales aseguraron que la Comisión de Derechos Humanos del foro mundial los condena al silencio, al reducir sus intervenciones o cancelarlas debido a estrecheces financieras.
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) comunicó en febrero a la Comisión que debía introducir cortes en los gastos de funcionamiento de la Comisión de 53 estados, que discute el cumplimiento de los pactos y convenios internacionales de derechos humanos.
El presidente de turno de la Comisión, Krzysztof Jakubowski, anunció las dificultades solo una semana después de iniciada la sesión el 18 de marzo. La mesa se vio obligada a eliminar las sesiones nocturnas y a cumplir estrictamente los horarios de los debates.
Uno de los recursos empleados por la mesa para reducir los gastos fue reducir 30 por ciento el tiempo de exposición atribuido a los participantes.
La disposición levantó una ola de protestas entre los representantes de las organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos humanos que cada año viajan a Ginebra desde todas partes del mundo para exponer violaciones.
También hicieron escuchar su queja los relatores especiales, expertos independientes a quienes la Comisión encomienda el seguimiento de cuestiones específicás o de la situación en países determinados.
El relator especial sobre la independencia de los jueces y de los abogados, Param Cumaraswamy, de Malasia, dijo que sólo disponía de cinco minutos para presentar cuatro informes que resumían todo un año de trabajo.
Uno era el informe anual y los restantes tres se referían a la situación de distintos países inspeccionados, explicó Cumaraswamy.
El jurista malasio lamentó en una rueda de prensa que su traslado desde Kuala Lumpur hasta México y Guatemala, donde realizó dos de sus visitas, le demandó dos jornadas de viaje y una semana de estancia en cada país.
Pero los informes sobre el estado de la justicia en México y Guatemala debieron condensarse en menos de un minuto de exposición para cada uno.
Los relatores estiman que los gobiernos, a quienes deben evaluar, les retacean autonomía y libertad de trabajo. Sin los relatores o con una presencia menguada, la Comisión se convierte en un peligroso monólogo de los estados, comentó uno de los expertos.
El relator especial sobre tortura, Theo van Boven, de Holanda, observó que el mecanismo de los relatores constituye un instrumento público para analizar la responsabilidad de los gobernantes.
Con las restricciones impuestas, dijo Van Boven, los relatores se transforman en un instrumento de la Comisión. Parece que el tiempo de exposición ha sido cortado de manera deliberada, opinó.
Reacciones semejantes proceden del campo de las organizaciones no gubernamentales, que denuncian intentos de marginar su aporte a la Comisión.
La presidenta de la Confederación de Organizaciones No Gubernamentales que tienen relación consultiva con la ONU, Renate Bloem, observó que esas instituciones de la sociedad civil representan en la Comisión a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
Las organizaciones no gubernamentales actúan no solo como voces de las víctimas sino tambien como fuentes de información para el funcionamiento de la Comisión, explicó Bloem.
Las disposiciones adoptadas por la ONU, fundadas en razones económicas, reducen de manera significativa el tiempo de la Comisión, protestó.
El representante de la Federación Luterana Mundial, Peter Prove, señaló la frustración de los representantes de grandes organizaciones no gubernamentales que representan a extensos grupos de base, obligados a resumir en apenas tres minutos el clamor de las víctimas.
Un aspecto que irritó a los dirigentes de las organizaciones no gubernamentales fue la decisión de la mesa de la Comisión, anunciada de manera imprevista el 9 de abril, de excluir de la lista de oradores a los representantes de 35 organizaciones independientes.
Muchos de los representantes de esas organizaciones regresaron esta semana a sus lugares de origen, en Asia, Africa y América Latina sin poder hablar ante la Comisión.
Gastaron tiempo, dinero y energía sin que se les permitiera transmitir sus mensajes, se quejó el secretario general de Pax Romana, Anselmo Lee.
La exclusión de las 35 organizaciones no gubernamentales se produjo cuando debían intervenir en el análisis de la situación individual de los diversos países.
Ese es probablemente el punto más significativo e importante para muchas organizaciones. Había 74 en la lista de oradores y de manera arbitraria se decidió excluir a los últimos 35, sin consulta previa, dijo Prove.
Los últimos de la lista son normalmente originarios de países del Sur, que llegan a último momento a Ginebra y se incriben apenas antes del cierre.
Las organizaciones no gubernamentales reclaman el establecimiento de un mecanismo de consulta para encarar estos casos y evitar la marginación de la contribución de las ONG a la Comisión, precisó Prove. (FIN/IPS/pc/mj/hd/02
