Organizaciones humanitarias estadounidenses y guatemaltecas alertaron sobre persecución en Guatemala de indígenas que denunciaron por genocidio a los ex dictadores Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt.
Uno de los testigos fue asesinado y otros han sido víctimas de violencia, y 11 antropólogos forenses que desenterraron evidencias utilizadas en los casos fueron amenazados de muerte a comienzos del mes pasado, señaló la activista Alex Arriaga, de la sección estadounidense de Amnistía Internacional.
Actos de intimidación, ataques, amenazas de muerte y secuestros de testigos y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) que respaldan esa demanda aumentaron a comienzos de este año, y varias oficinas de ONG fueron allanadas y están bajo vigilancia electrónica, destacó.
Los responsables de esos actos son quienes perpetraron masacres con impunidad durante los años de conflicto, aseguró.
Representantes de 22 comunidades mayas demandaron en 2000 y 2001 a Lucas García, quien ejerció el poder de marzo a abril de 1982, tras elecciones fraudulentas, y a Ríos Montt, quien lo derrocó, fue dictador hasta agosto de 1983, y es en la actualidad presidente del Congreso guatemalteco.
Según los demandantes, que integran la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), ambos dirigieron una campaña de exterminio étnico a comienzos de los años 80, en la cual 1.887 civiles fueron asesinados por fuerzas del gobierno en 22 aldeas indígenas. Los demandados niegan su culpabilidad.
La violencia gubernamental se dirigió en forma selectiva y sistemática contra indígenas, y equivalen a un genocidio, además de constituir crímenes de guerra y contra la humanidad, alegan los acusadores.
La Comisión de Clarificación Histórica de Guatemala, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas, concluyó que más de 200.000 personas fueron asesinadas durante la guerra civil, entre 1960 y 1996. Más de 80 por ciento de las víctimas fueron indígenas.
Un informe de esa comisión que acusó a Estados Unidos de respaldar a los dictadores militares determinó que el ex presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) pidiera disculpas por el papel de su país en la guerra civil guatemalteca.
Sin embargo, altos funcionarios guatemaltecos niegan las acusaciones de genocidio y masacres, y afirman que las víctimas fueron sólo integrantes de organizaciones guerrilleras muertos en combate.
¿Cómo podría haber habido genocidio, si la mayor parte del ejército estaba integrada por indígenas?, arguyó el año pasado el ex ministro de Defensa Juan de Dios Estrada.
Los querellantes han enfrentado pocos obstáculos judiciales hasta ahora, según Frank La Rue, director ejecutivo del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, con sede en Guatemala.
Desde la presentación de las denuncias, el procurador general nombró un fiscal especial, se recibieron declaraciones de más de 50 testigos y se realizaron investigaciones en escenarios de masacres, informó.
Las demandas avanzan en el sistema judicial, dijo la semana pasada a legisladores y activistas estadounidenses La Rue, quien opinó que la situación en Guatemala mejoró tras el acuerdo de paz de 1996 entre el gobierno y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), fundada en 1982 por grupos insurgentes.
Familiares y amigos de las víctimas brindaron evidencia a la AJR sobre masacres llevadas a cabo por el gobierno.
Una de ellas fue cometida durante tres días, a partir del 5 de diciembre de 1982, en el septentrional departamento de El Petén, donde 58 soldados de las Fuerzas Especiales mataron a 350 personas, incluyendo a mujeres y niños, indicaron.
Científicos forenses que exhumaron restos de fosas comunes en ese lugar descubrieron que los niños fueron asesinados primero, las mujeres fueron violadas antes de que las mataran, y los hombres fueron ejecutados en forma sumaria.
Ríos Montt y Lucas García pueden ser condenados a 30 años de prisión si son hallados culpables, pero los demandantes y grupos humanitarios que los apoyan piensan que es difícil que haya condenas, porque la mayoría de los involucrados ocupan altos cargos militares o políticos y pueden ejercer gran influencia.
Es posible estos casos no se resuelvan mientras Ríos Montt presida el Congreso, advirtió Pedro Canil, portavoz de la AJR.
En 1981, Canil se exilió en México tras una masacre en su aldea, Santa María Tzeja, que causó la muerte de casi todos sus familiares.
El activista explicó por qué se apeló al Poder Judicial 20 años después de los hechos. Recién en el acuerdo de paz de 1996 se estableció que quienes cometieron esos crímenes deben ser juzgados, pero nunca lo fueron, de modo que decidimos presentar nuestras propias querellas, indicó.
No habrá reconciliación y no podremos decir que vivimos en una democracia real, en verdadera paz, hasta que estas personas sean castigadas, aseveró. (FIN/IPS/tra-eng/dk/aa/lp-mp/hd ip/02
