La Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que pone en tela de juicio la vigencia de los derechos humanos, civiles y políticos en Cuba y que dispone el envío a ese país de un observador, sin precisar en detalle su cometido.
La iniciativa, presentada por Uruguay, pretende que Cuba reconozca en forma concreta que existe una alianza indisoluble entre la democracia y las libertades fudnamentales.
Aunque está redactada en términos moderados y carece de emplazamientos, la resolución fue interpretada en medios diplomáticos como muy dura pues sienta el precedente del envío de una especie de inspector para evaluar la situación de los derechos humanos en Cuba.
La resolución reconoce que en más de 40 años con Fidel Castro al frente del gobierno, las autoridades de Cuba se han esforzado por la realización de los derechos sociales de la población.
La moción aprobada observa que esos progresos en los derechos sociales se consiguieron pese a un entorno internacional adverso.
Aunque el texto no lo especifica, la mención de las adveras condiciones externas se refieren en particular al mantenimiento de las sanciones comerciales implantadas de manera unilateral por Estados Unidos contra Cuba desde 1963.
A la Comisión de Derechos Humanos le convendría ocuparse de lo que crea un entorno internacional desfavorable para los pueblos y las personas, ironizó el representante de Argelia, Mohamed-Salah Dembri.
El expositor de la propuesta uruguaya, el vicecanciller Guillermo Valles, sólo hizo una ligera mención a los embargos contra Cuba al comentar que el texto no da amparo a condenas que vayan mañana a cobijar sanciones unilaterales.
La representación cubana, encabezada por el Director de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Fernández, rechazó de plano la iniciativa de Uruguay refrendada por 35 países, incluido un numeroso grupo de naciones latinoamericanas.
Fernández objetó todos los puntos de la resolución y adelantó que su país no recibirá a un representante personal de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para cooperar con el gobierno de Cuba en la aplicación de la decisión aprobada.
Cuba estimó que la redacción del borrador de resolución se realizó mediante la contratación de un grupo de países latinoamericanos, pues la iniciativa es un proyecto de Estados Unidos.
Los países latinoamericanos no harían algo así si no fuera bajo presión de Estados Unidos, insistió Fernández.
La resolución contra Cuba constituye la antesala de un proyecto mayor de dominación, interpretó el representante cubano.
Fernández preguntó si la Comisión de Derechos Humanos pretende que Cuba adopte modelos diferentes, como el de Argentina, dijo, que condena al hambre a la población, la obliga a saquear >>n de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) por una decisión adoptada en 2001 por el grupo occidental, el bloque regional al que pertenece.
Sin embargo, el embajador de Estados Unidos ante los organismos 53 MVD02
