Gladys Pavez, una habitante de un barrio popular de la capital chilena, pide que se anticipe su parto, porque el bebé que lleva en el vientre no podrá sobrevivir al alumbramiento, pero su demanda es negada por los médicos, temerosos de las leyes que prohíben el aborto terapéutico.
Pavez, de 43 años y con siete meses de embarazo, dijo este viernes que si ella tuviera dinero habría podido abortar clandestinamente, como muchas mujeres lo hacen en una clínica privada, y no estaría viviendo el drama de gestar a una criatura que, según las ecografías, carece de pulmones y riñones.
La mujer plantea que se le practique una cesárea programada, pero las autoridades del hospital público donde se atiende sostienen que ello equivale a un aborto terapéutico, lo cual está prohibido por una ley expedida en Chile en las postrimerías de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
El subdirector del Hospital San José, Sergio Cárcamo, dijo que la interrupción del embarazo de Pavez sería un asesinato. Agregó que las posibilidades de vivir del bebé son evidentemente mínimas y lo lógico es dejar que llegue el parto y después darle cristiana sepultura.
El médico Ramiro Molina, director del Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente, señaló que, si el feto llegara a morir in útero, se puede hacer la inducción pro parto, pero antes es imposible, de acuerdo a la legislación chilena.
Molina precisó que Chile y El Salvador son los únicos países en el mundo que prohíben el aborto terapéutico, incluso en caso de peligro de vida de la madre.
Cálculos de organismos independientes indican que en Chile se practican cada año entre 150.000 y 200.000 abortos clandestinos, algunos en condiciones muy precarias, y otros en modernas clínicas privadas que llegan a cobrar hasta unos 3.000 dólares por la operación.
Pavez denunció que el diagnóstico sobre las malformaciones del feto que está incubando le fue entregado en forma tardía, por negligencia de los médicos, quienes luego le indicaron que el único procedimiento era que se mantuviera bajo control hasta el alumbramiento.
Llorando, le pedí (al médico) que por favor me ayudara. Me dijo que la ley se lo impedía, que si fuera por él mañana mismo lo hacía (el aborto terapéutico), narró la mujer.
Me dijo que solo podía ayudarme si tenía un permiso de un superior o del ministro de Salud. Concluyó que si yo tuviera el billete largo, muy largo (mucho dinero), nadie se habría enterado. En cualquier parte habría pagado, y listo, agregó Pavez.
La mujer vive en el municipio de Cerro Navia, uno de los más pobres de Santiago, y está casada con un artesano de 38 años, con quien tiene dos hijos, de 14 y 10 años.
La tensión por el anormal embarazo mantiene a Gladys hace dos meses sin dormir, por el temor de lo que pueda ocurrir con su vida. Mi marido está destruido, dijo la madre, quien se declara católica, pero no fanática.
Los reclamos de Pavez fueron respaldados este viernes por Paula Rebolledo, una mujer de 26 años, casada, que en 2001 abortó la gestación de su segundo hijo, el cual estaba condenado a morir en el parto, pues no tenía vejiga ni riñones.
A las 28 semanas de embarazo, con el apoyo de un médico y de una clínica privada, logré que me hicieran una cesárea programada, narró Rebolledo, quien se reservó el nombre del establecimiento médico y rechazó que la operación pudiera calificarse de aborto.
Esa es la misma opinión de la diputada María Pía Guzmán, del derechista Partido Renovación Nacional, quien niega incluso que el caso de Pavez sea de un aborto terapéutico.
Ella no está pidiendo que maten al hijo porque hay conciencia cierta de que ese hijo no podrá vivir. Por lo tanto, basta con adelantar el término del embarazo, cuyo resultado es conocido, dijo la parlamentaria.
En cambio, el abogado Francisco Chauán afirmó que la mujer está pidiendo un aborto eugenésico, lo que calificó de grave porque en definitiva no se ha dicho que esté en peligro la vida de la madre.
Chauán, dirigente del denominado grupo Pro vida, afirmó que el feto en gestación en el vientre de Pavez es un ser que tiene existencia y, aunque tenga pocas probabilidades de vivir fuera del útero es una persona.
El abogado se hizo conocido el año pasado como uno de los más tenaces impugnadores ante los tribunales de la comercialización en Chile del anticonceptivo conocido como la píldora del día después, catalogado como abortivo por la Iglesia Católica.
No estoy pidiendo que salga una ley que apruebe el aborto, pero sí que ayuden a las personas que están en peligro y que estudien los casos donde no existe posibilidad de que el bebe sobreviva y que pone en peligro la vida de la madre, insistió Pavez.
La mujer agregó que las autoridades deben evaluar en esos casos los daños psicológicos terribles que significa para una familia vivir este drama. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/02
