La organización de derechos humanos Amnistía Internacional exhortó a los dirigentes del Caribe a despolitizar el debate sobre la pena de muerte, que aún se aplica en la región.
Queremos informar que la pena capital no pone fin a los crímenes violentos, sino que crea más víctimas, los familiares de los ejecutados, dijo Piers Bannister, de Amnistía.
Además, el informe presentado el miércoles por Amnistía señala numerosas deficiencias en los procesos judiciales que terminan con sentencias de muerte.
Si se adopta la pena capital, sólo debería hacerse después del juicio más exigente y con todas las garantías, afirmó Bannister.
El documento, titulado Asesinatos estatales en el Caribe de habla inglesa: Un legado de los tiempos coloniales responde, punto por punto, los argumentos a favor del mantenimiento de la pena de muerte en la región.
Las dos principales críticas de Amnistía al aparato jurídico caribeño son la falta de recursos con que se maneja y la ausencia generalizada de representación legal durante el proceso de apelación de las personas declaradas culpables de asesinato.
Los países caribeños carecen en general de disposiciones legales que permitan la contratación de peritos para examinar evidencias balísticas, de caligrafía y otro tipo, o de psiquiatras y psicólogos que testifiquen sobre cuestiones de salud mental, destacó Amnistía.
Muchos políticos caribeños citan como argumentos para retener las ejecuciones la necesidad de mantener el derecho común y la voluntad popular.
Sin embargo, en un momento en Estados Unidos, la esclavitud era ley común, y los linchamientos eran la voluntad popular en muchas sociedades, alegó Bannister.
El nuevo informe se refiere a la dicotomía entre las opiniones personales de los políticos caribeños y sus acciones mientras se desempeñan en cargos de gobierno.
Amnistía citó al primer ministro de Jamaica, Percival Patterson, y al fiscal general de Trinidad y Tobago, Ramesh Lawrence Maharaj, quienes se manifestaron en contra de la pena de muerte, pero no tomaron medidas para eliminarla.
Diez personas fueron ejecutadas en Trinidad y Tobago mientras Maharah era fiscal general del Estado, indicó la organización de derechos humanos con sede en Londres.
La política sobre el tema está vinculada a la opinión pública. Según varias encuestas, gran parte de la población favorece la pena de muerte, sobre todo ante un aumento de la criminalidad.
En Jamaica, por ejemplo, el número de asesinatos llegó a 1.000 el año pasado, en un país de 2,6 millones de personas, lo cual puede hacer que las personas se inclinen a respaldar la pena capital, según Amnistía.
Los políticos que se refieren constantemente a la popularidad de la pena de muerte para defender su uso no legalizan otros puntos de vista populares que constituyen violaciones de los derechos humanos o comprometen el bienestar público, dice el informe.
Además, los políticos caribeños se niegan a discutir la posibilidad de que al menos algunas personas inculpadas puedan ser inocentes.
Los políticos odian pensar que gente inocente sea sentenciada a muerte, por lo que afirman que eso nunca sucede. Pero yo he trabajado en muchos casos en Estados Unidos, en los que había graves dudas sobre la culpabilidad de algunas personas, y aun así fueron sentenciadas a muerte, dijo Bannister.
El informe destaca casos como el de Augustus John, liberado del corredor de la muerte en Granada después de la aceptación de su apelación, en julio de 2001.
La Corte de Apelaciones de Jamaica anuló en 1998 la condena a muerte de Barrington Osborne. En San Vicente y Granadinas, Douglas Hamlet fue ejecutado en 1995 a pesar de la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad.
En el Caribe de habla inglesa, las sentencias de muerte son constantemente revocadas. En 2001, una firma de abogados logró la invalidación de 10 de las condenas a muerte de sus clientes, aseguró el informe.
Amnistía Internacional hizo un llamado a la dirigencia política del Caribe para que despolitice el debate sobre la pena capital y deje de aprovechar la preocupación del público por la delincuencia para aumentar su popularidad política.
La organización de derechos humanos también pretende que partidos opositores acepten un acuerdo por el cual la pena de muerte no forme parte del proceso legal, inicien una campaña de educación pública para informar al público que el castigo no es una respuesta al crimen y para eliminarlo de las leyes.
Durante este proceso, aconsejó Amnistía, debería haber una moratoria de las ejecuciones.
La activista de los derechos humanos jamaiquina Susan Goffe espera que la pena de muerte sea abolida algún día. Es algo que está avanzando en todo el mundo, afirmó. (FIN/IPS/tra-en/djm/aa/lp/hd ip/02
