Sectores opositores de Cuba creen que el gobierno debería considerar un avance, a pesar de las críticas, el tono moderado de la resolución aprobada este viernes por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de este país.
Sin embargo, el gobierno de Fidel Castro insistió en que la iniciativa latinoamericana refrendada por la Comisión es, en realidad, de origen estadounidense.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que sesiona en Ginebra desde el 18 de marzo, aprobó por 23 votos a favor, 21 en contra y nueve abstenciones una resolución presentada por Perú y Uruguay con el patrocinio de Canadá y varios países de América Latina.
En una nota oficial, el gobierno de Castro calificó de inconcebible la actitud de varios países latinoamericanos que, dijo, se plegaron a los intereses de Estados Unidos al auspiciar la iniciativa.
Esta es la primera vez en los últimos 12 años que no se presenta una moción de condena a Cuba en la Comisión, pero también la primera vez que una propuesta al respecto es presentada por países latinoamericanos. El órgano aprobó condenas contra La Habana todos los años desde 1990, excepto en 1998.
De las 11 naciones latinoamericanas representadas en la Comisión, siete votaron a favor de la moción —Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Uruguay—, en tanto Venezuela se pronunció en contra, junto con Cuba. Brasil y Ecuador optaron por abstenerse.
La iniciativa invita a Cuba a garantizar los derechos civiles y políticos y pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que disponga el envío de un representante personal para cooperar con el gobierno cubano en la aplicación del proyecto aprobado.
Cabe esperar que el gobierno responda positivamente a este reclamo, dijo a IPS el presidente de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez.
Sánchez, cuya organización no es reconocida por las autoridades aunque sí tolerada, sostuvo que la resolución se caracteriza por la notable moderación, pues no implica una condena y reconoce avances en materia de derechos sociales en Cuba pese a un entorno internacional adverso.
El texto insta a La Habana a obtener similares avances en el campo de los derechos hunmanos, civiles y políticos, en consonancia con las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y atendiendo los principios y normas propios del Estado de Derecho.
El texto aprobado este viernes por la Comisión de la ONU refleja un giro en el modo en que se había enfocado hasta ahora la cuestión de los derechos humanos en este país, dijo a IPS el secretario general de la opositora y moderada Corriente Socialista Democrática Cubana, Manuel Cuesta Morúa.
La resolución es de una artesanía política elevada. Toma en cuenta el contexto internacional y abre a Cuba la posibilidad de dar pasos concretos para ponerse a tono con el resto de la comunidad mundial, consideró Cuesta Morúa.
Sánchez y Cuesta coincidieron, en declaraciones formuladas por separado a IPS, en calificar de muy desfavorable para la gran mayoría de la población la situación de los derechos civiles y políticos en Cuba.
Lo que se pide es disposición para mejorar, y el gobierno no tendría por qué negarse. No debería dejar pasar esta oportunidad, subrayó Cuesta Morúa, reprentante de los sectores moderados de la ilegal oposición interna.
El gobierno cubano puso énfasis en que la resolución resultó aprobada por estrecho margen y fue precedida de muy intensas presiones y chantajes de Washington sobre los países miembros de la Comisión de Derechos Humanos, particularmente los africanos.
A pesar de la coacción y las brutales presiones, Estados Unidos sólo pudo lograr un ridículo margen de dos votos, muestra más que elocuente de que en el mundo quedan muchos países que defienden con firmeza la justicia y la verdad, dijo el gobierno, en un comunicado difundido poco después de conocerse la votación.
Según el gobierno de Castro, los 30 países que votaron en contra o se abstuvieron, se negaron a secundar los designios de Washington y sus intentos de justificar la política de bloqueo y agresión que por más de 43 años han seguido contra Cuba.
Una moción de no acción presentada por China, que hubiera obligado a retirar el proyecto presentado por Perú y Uruguay, fue derrotada un voto de diferencia (23 a favor y 24 en contra).
Al defender la labor de Cuba en materia de derechos humanos, el canciller Felipe Pérez Roque indicó que 11.000 jóvenes del mundo en desarrollo cursan estudios grauitos en Cuba, en tanto 2.500 expertos cubanos prestan servicios de salud, también sin costo, en 20 naciones de América Latina y Africa.
Washington necesita esta burda maniobra para justificar su genocida política de bloqueo contra La Habana, declaró Pérez Roque a la televisión cubana.
El canciller ha subrayado en las últimas semanas que Cuba no acepta que se la singularice y que rechaza el ejercicio vergonzante al que, dijo, se prestaron varios países latinoamericanos.
En esta oportunidad, la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU contó incluso con el voto de México, que en las últimas ocasiones se pronunció dos veces en contra, en una ocasión a favor y en el resto se abstuvo.
Al explicar el cambio de posición, el presidente mexicano Vicente Fox comentó que en este caso no se trata de una condena a Cuba, sino de una propuesta positiva a favor de los derechos humanos y de un señalamiento sobre los asuntos del bloqueo o embargo impuesto por Estados Unidos a la isla desde 1963.
El año pasado, la resolución de condena, presentada por República Checa, fue aprobada por 22 votos a favor, 20 en contra, 10 abstenciones y una ausencia de sala.
Cuatro de los países latinoamericanos (Argentina, Costa Rica, Guatemala y Uruguay) votaron a favor de esa propuesta. Brasil, Colombia (cuyo lugar es ocupado este año por Chile), Ecuador, México y Perú se abstuvieron, en tanto Venezuela y Cuba se pronunciaron en contra.
El gobierno de Castro considera que en Cuba se respetan los derechos sociales como en ningún otro país de América Latina y el Caribe y estima que lo que realmente se dirime en Ginebra es el derecho de esta isla a tener un sistema (político) propio, de corte socialista. (FIN/IPS/pg/mj/hd ip/02
