La detención este viernes del derrocado presidente de Venezuela Hugo Chávez es arbitraria, coincidieron la Fiscalía General, organizaciones de derechos humanos y colaboradores del ex gobernante.
El alto mando militar dijo en la madrugada de este viernes que el mandatario había renunciado, pero la Fiscalía General advirtió que el procedimiento que desalojó a Chávez del gobierno fue ilegal.
Chávez está privado de su libertad y está incomunicado en la unidad militar caraqueña de Fuerte Tiuna, lo cual constituye una violación total y absoluta de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, pues no pesan cargos en su contra, dijo a la prensa el fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez.
Rodríguez señaló, además, que la renuncia, en caso de que se haya producido, debió ser presentada al parlamento para ser legal, según la Constitución vigente. Pero el parlamento está prácticamente paralizado y algunos diputados oficialistas son buscados por la policía.
Chávez no renunció, fue depuesto y detenido por el alto mando, yo lo acompañé hasta el último minuto, dijo a IPS el ex ministro de Educación, Aristóbulo Izturiz, cercano colaborador del presidente derrocado.
Se trata simple y llanamente de un golpe de Estado. No se ha respetado la Constitución. Le exijo al gobierno de Estados Unidos que se pronuncie, porque la embajada estadounidense nos había indicado que no aceptaría una ruptura del hilo constitucional, dijo Izturiz, también ex alcalde de Caracas.
Además, Izturiz dijo haber recibido información de que el ex ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín y el diputado oficialista Tarek William Saab fueron detenidos. Esto es fascismo. No hay ningún cargo en contra para que se hagan estas detenciones, reiteró.
El no gubernamental Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) también calificó de arbitraria la detención de Chávez, cuya renuncia no ha sido verificada independiente e imparcialmente.
Provea, con 15 años de experiencia en materia de derechos humanos, pidió que las fuerzas de seguridad respeten la Constitución al realizar las detenciones e investigaciones policiales que se están registrando desde este viernes.
Rechazamos cualquier intento de detención de personas sobre la base de delitos de opinión, como ocurrió con la detención del diputado y defensor de los derechos humanos Tarek William Saab, dijo a IPS el coordinador de la organización, Carlos Correa.
La televisión y la radio venezolanas transmitieron en directo estas detenciones, pero no las criticaron. A los que defendemos a Chávez nos tienen cerradas las puertas en los medios, afirmó el ex ministro Izturiz.
Por su parte, el alcalde de Caracas, Alfredo Peña advirtió: Vamos a empezar muy mal si hoy mismo se comienza a desconocer la ley.
No podemos regresar a la corrupción ni a la arbitrariedad que caracterizaron al gobierno que acaba de terminarse y también a los que le antecedieron, dijo Peña, quien manifestó en los últimos meses su abierta oposición hacia Chávez, luego de apoyarlo en varios procesos electorales hasta 2000.
Mientras, la actividad en Caracas se desarrollaba este viernes a media máquina, sin grandes expresiones de júbilo popular por el derrocamiento de Chávez, y más bien imperaba un silencio cauto en muchos sectores, según constató IPS.
En las inmediaciones de los edificios administrativos de la empresa monopólica estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sí existían expresiones festivas, pues se conoció la restitución de los altos ejecutivos despedidos por Chávez.
Los empleados de Pdvsa estaban en conflicto por entender que la designación de la nueva directiva de la empresa resuelta por Chávez no respetaba sus normas internas.
En el occidental estado de Táchira, fronterizo con Colombia, fue desalojado de sus oficinas el gobernador Ronald Blanco, estrecho colaborador de Chávez, mientras se mantenía la tensión en otras jurisdicciones gobernadas por chavistas, como el estado de Lara.
Mientras, un grupo de cubanos opositores al gobierno de Fidel Castro y decenas de venezolanos intentaban forzar la entrada de la embajada de Cuba en Caracas, sin que las autoridades intervinieran.
La movilización respondía a la estrecha relación entre Caracas y La Habana durante el gobierno de Chávez, quien en febrero de 1999 inició su gobierno lanzando una revolución social bolivariana tras obtener 60 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales.
La desconfianza de los inversores y empresarios determinó en los tres primeros meses del gobierno la fuga al exterior de 3.000 millones de dólares depositados en el sistema financiero.
Chávez triunfó en una serie de consultas populares que culminaron con la sanción de una nueva Constitución y la renovación de todas las autoridades nacionales, incluyendo el parlamento y los gobiernos locales, y su propia permanencia al frente del gobierno.
Pero el mandatario se enfrentó en distintas oportunidades con los empresarios, los sindicatos, la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales que comenzaron a realizar actividades abiertamente opositoras.
Al mismo tiempo, la conducción económica no logró reducir la pobreza, que afecta a 80 por ciento de la población, ni el elevado desempleo.
El alza del precio del crudo, que respondió a la decisiva acción de Chávez en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y a la situación internacional, no logró mejorar las perspectivas económicas venezolanas.
Las exportaciones de petróleo constituyen 80 por ciento del ingreso de divisas de Venezuela y más de 50 por ciento del presupuesto público.
En febrero, para evitar un agravamiento de la crisis económica reflejada en una fuga de capitales de 1.600 millones de dólares desde el inicio del año, Chávez liberó el mercado cambiario, lo cual implicó una depreciación de 25 por ciento del bolívar, la moneda nacional, y recortó 22 por ciento el presupuesto público.
Al mismo tiempo, aumentó diversos impuestos, lo cual aumentó el malestar de los empresarios y de la clase media. (FIN/IPS/ac/mj/ip/02
