El gobierno de Colombia y el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda organización guerrillera del país, avanzan con dificultades en las negociaciones hacia una tregua que facilite el proceso de paz.
Las partes realizan consultas sobre las condiciones de la posible tregua, entre ellas la desmilitarización de ciertas zonas para facilitar el control internacional, la liberación de los secuestrados por los insurgentes y mecanismos de financiación para las actividades del ELN mientras duren las negociaciones.
El dirigente del ELN Nicolás Rodríguez dijo este martes a la radioemisora Caracol que confía en que habrá tregua, pues ésta cuenta con el apoyo de los sectores más golpeados por la violencia, que son los más interesados en que el conflicto se supere por cauces civilizados.
Uno de los puntos polémicos de la propuesta presentada por Rodríguez es que, en caso de tregua, el ELN se comprometería a quedarse en sus territorios y no realizar operaciones ofensivas contra la fuerza pública ni contra la infraestructura económica fuera de ellos.
A cambio, las fuerzas de seguridad deberían comprometerse a no ingresar en los territorios donde el ELN mantuvo presencia en los últimos 35 años.
La propuesta, según algunos analistas, se distancia de la posición del gobierno, partidario de que los rebeldes se concentren en un lugar determinado en presencia de observadores internacionales.
Estos observadores deberían verificar que las fuerzas armadas no intervengan en el territorio y que el ELN no salga a realizar actos de guerra.
Otro de los puntos polémicos de la iniciativa es que el Estado debería pagar por la liberación de las casi 200 personas que la organización insurgente mantiene secuestrados con fines de extorsión.
Al explicar la iniciativa, Rodríguez indicó que los secuestrados tienen un valor económico importante para las finanzas del ELN y que su entrega sin rescate dañaría su funcionamiento.
El gobierno no ha considerado esa posibilidad, pues la propuesta carece de toda viabilidad jurídica ni política, sostuvo el consejero de Paz de la Presidencia, Camilo Gómez.
Pero lo importante, agregó, es que el ELN se comprometa a suspender todo tipo de secuestros y a liberar a los que ya tiene en su poder. De lo contrario el Estado tiene la obligación de rescatarlos, lo que no haría posible la tregua, sostuvo Gómez.
La propuesta de tregua del ELN contempla también la asignación de fondos públicos al financiamiento de sus actividades y a apoyar las obras sociales que realizan en zonas que han sido olvidadas por la acción del Estado y en beneficio de los desplazados por la la violencia.
La actividad de los paramilitares de derecha también puede convertirse en un obstáculo para el cumplimiento de la tregua, advirtió Rodríguez. Las bandas paramilitares tienen impulsores, auspiciadotes y orientadores que deben ser combatidos con firmeza por el gobierno, dijo.
A pesar del distanciamiento entre el gobierno y el ELN, lo importante es la decisión de ambos de consolidar un proceso de diálogo, dijo a IPS el investigador de la estatal Universidad Nacional Luis Valencia.
El proceso es importante porque intenta mantener la luz al final del túnel en momentos de escalada en la guerra civil tras la ruptura de las negociaciones del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal organización insurgente del país, sostuvo Valencia.
El experto sostuvo que la población civil, víctima habitual de secuestros, hostigamiento y ataques a la infraestructura de servicios públicos, debería ser el sector más beneficiado por la tregua.
El ELN, con cerca de 8.000 combatientes, decidió abrir un proceso de paz en julio de 1998, un mes antes de iniciarse el mandato del presidente Andrés Pastrana, con la convocatoria a una asamblea de la sociedad civil en que se definiría la agenda de una negociación con el gobierno.
Pero la asamblea no pudo celebrarse a pesar de la aprobación del gobierno, debido a la negativa de organizaciones civiles presionadas por paramilitares de derecha a la desmilitarización de una zona del norte colombiano, solicitada por los rebeldes para realizar la reunión.
En un último intento, representantes del ELN del gobierno de Pastrana, cuyo mandato concluirá el 7 de agosto, realizan desde enero reuniones en La Habana para estructurar un proceso que sería continuado por el próximo presidente. (FIN/IPS/yf/mj/ip/02
