Cuba aspira a integrar el grupo de países de América Latina con bosques certificados por el Consejo de Manejo Forestal, que le asegurará la explotación y uso racional de los recursos naturales.
El Consejo de Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) certificó hasta el 31 de octubre de 2000 alrededor de 1,8 millones de hectáreas boscosas distribuidas en Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá.
El producto de madera que lleva la marca de FSC indica que cuenta con la denominada certificación de cadena de custodia, único proceso que asegura al consumidor la procedencia de un bosque bien manejado.
El Consejo es una organización no gubernamental sin fines de lucro creada en 1993 con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), una de las mayores entidades independientes de conservación de la biodiversidad.
La certificación del FSC, también llamada sello verde, acredita que los productos forestales provienen de bosques manejados con criterios ambientalmente correctos, económicamente viables y socialmente benéficos.
El daño ambiental será mínimo si la madera es extraída de una manera sensible y con respecto del ambiente, que imite la dinámica natural del bosque, explicó el director de conservación del WWF para América Central, Steve Gretzinger.
El WWF impulsa en esa región una campaña para fomentar el manejo adecuado de los bosques, de modo que la sociedad pueda obtener los beneficios económicos sin daños ecológicos.
El vicedirector forestal del Ministerio de Agricultura de Cuba, Juan Herrero, confirmó a IPS que este país comenzó a sentar las bases para iniciar el proceso de certificación FSC.
El sistema implica inspecciones previas para evaluar los aspectos del manejo forestal y prevé evaluaciones luego de aprobada la certificación, para asegurar que la operación forestal cumple con los patrones del FSC.
Los principios y criterios del FSC incluyen respetar los derechos de los indígenas, así como las leyes nacionales y los acuerdos internacionales ratificados por el país, poseer derechos y responsabilidades de uso de la tierra que se maneja y proteger la biodiversidad.
Además, se deben reconocer los derechos de las comunidades y las normas laborales de los trabajadores, usar de forma eficiente los productos y servicios que derivan del bosque, para asegurar viabilidad económica y beneficios sociales, y contar con un plan de manejo por escrito y a largo plazo.
Para obtener la certificación, los países también deben permitir el seguimiento y valoraciones regulares en los bosques, mantener valores agregados para las especies nativas y asegurar que las plantaciones se manejen según los principios y criterios del FSC.
El sello verde, entre otras bondades, ayuda a los productores a defenderse de la explotación y ventas ilegales de los recursos madereros, que afectan en muchos casos a especies de árboles protegidas.
A modo de ejemplo, el WWF ha alertado que aproximadamente 1,5 millones de metros cúbicos de madera son exportadas de manera clandestina cada año desde los bosques del extremo oriental de la Federación Rusa.
Ese país sólo tiene relativamente intacta una pequeña parte de sus cuatro millones de kilómetros cuadrados de bosques, que equivalen a una quinta parte del área forestal del mundo.
Cuba, que dejó de exportar madera en 1946, espera recuperar su capacidad de venta en un futuro no tan lejano, para lo cual habrá que insertarse en un mercado cada vez más exigente respecto del cuidado del ambiente, señaló Juan Herrero.
El vicedirector forestal del Ministerio de Agricultura añadió que, por ahora, lo más importante para el país es la certificación interna.
Como Estado, a Cuba le interesa cumplir con los principios básicos que acreditan que los bosques han sido manejados con criterios de desarrollo sostenible, subrayó.
Herrero opinó que Cuba tiene condiciones para exigir a las empresas, ya sean estatales o en sociedad con capital extranjero, que la madera que compren en el exterior tenga el sello verde.
El proceso debe ser paulatino, porque no hay tradición y además los precios pueden ser más altos, pero es una forma de contribuir a la protección ambiental, afirmó Herrero, quien participó en un seminario internacional sobre certificación forestal realizado a mediados de este mes en La Habana.
El experto indicó que la tala indiscriminada llevada a cabo a partir del siglo XV y hasta la primera mitad del siglo XX redujo a 13,4 por ciento el área boscosa del territorio cubano.
Los planes gubernamentales de reforestación aplicados en las últimas décadas permitieron que en la actualidad más de 21 por ciento de los 2,4 millones de hectáreas del archipiélago cubano estén poblados de árboles.
Sin embargo, esos programas se vieron afectados en la década del 90 por la utilización indiscriminada de los recursos como combustible doméstico ante la escasez de petróleo, debido al brusco descenso de las relaciones económicas con Rusia.
Cuba perdió a su principal abastecedor de crudo con la desaparición de la Unión Soviética en 1991, por lo cual tuvo que pasar de un consumo anual de 13 millones de toneladas a seis millones en la primera mitad de los años 90.
Informes oficiales de esa época reconocían que el uso ineficiente de la leña comprometía el futuro de los bosques en la isla.
Cifras oficiales indican que los bosques cubanos suman hoy más de 130 millones de metros cúbicos de madera aprovechable y su potencial de crecimiento anual es de 7,5 millones.
Otros datos disponibles señalan que los programas de plantaciones de árboles prevén 50.000 hectáreas por año, mientras la tala para extracción de madera estima menos de 20.000 hectáreas en el mismo lapso.
El WWF, que patrocinó el taller sobre certificación junto a entidades cubanas, cuenta con 4,7 millones de miembros y una red mundial que trabaja en 96 países. (FIN/IPS/pg/dm/en/02
