La muerte de seis centroamericanos indocumentados y la desaparición de 11 en un naufragio fluvial en el sur de México es apenas un pequeño trazo del cuadro de peligros, abusos y sufrimiento de los emigrantes que llegan a este país de camino hacia Estados Unidos.
Las últimas muertes y desapariciones se registraron el fin de semana, cuando naufragó la lancha en que 23 guatemaltecos, salvadoreños y hondureños indocumentados aspiraban a cruzar el río Usumacinta, limítrofe entre Guatemala y México.
Las víctimas habían iniciado su viaje hacia Estados Unidos 11 días antes en Guatemala. Para cruzar el río, una de las rutas más peligrosas entre ambos países, cada uno había pagado 300 dólares, según relataron sobrevivientes.
Dos cadáveres no identificados fueron depositados en una fosa común, destino similar al de cientos de inmigrantes muertos en México en los últimos años.
Veintidós guatemaltecos tuvieron el mismo final en julio, luego de que el barco en que viajaban naufragó en las costas mexicanas sobre el océano Pacífico. El gobierno de Guatemala indicó que no tenía dinero para financiar la repatriación de los cuerpos.
En su intento por llegar a Estados Unidos, más de 650 indocumentados murieron en la frontera entre Guatemala y México en los últimos tres años, aseguró el sacerdote católico Ademar Barrilli, coordinador de la Casa del Migrante, centro mexicano de atención humanitario radicado en esa zona.
El gobierno de México deporta cada año a más de 150.000 personas por ingresar a su país de manera clandestina.
Los emigrantes que intentan llegar a México por mar o por tierra afrontan desde el año pasado mayores controles migratorios, lo que, según organizaciones humanitarias, los obliga a seguir las vías menos vigiladas pero más peligrosas.
Los controles en la frontera de 1.149 kilómetros con Guatemala y Belice aumentaron claramente tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Organizaciones humanitarias atribuyen esa estrategia a compromisos de México con Washington en procura de un acuerdo bilateral, que legalice la residencia de unos cuatro millones de mexicanos que viven indocumentados en territorio estadounidense.
En Estados Unidos residen 8,7 millones de indocumentados, la gran mayoría de los cuales son mexicanos. Entre los latinoamericanos, figuran 336.717 salvadoreños y 238.977 guatemaltecos.
El ingreso clandestino en Estados Unidos es cada vez más difícil, debido a los controles más estrictos en las fronteras, y también a los abusos y peligros con que deben enfrentarse los indocumentados, indican activistas.
El presidente de la estatal Comisión de Derechos Humanos de México, José Luis Soberanes, reconoció que «México trata a los indocumentados de América Central como delincuentes», pues se los recluye y se los separa de sus hijos. Además, se les priva de alimentación.
El presidente Vicente Fox prometió el año pasado que creará la figura de un defensor de derechos humanos para los emigrantes que lleguen a México, pero su oferta no se ha concretado hasta ahora.
Para llegar a Estados Unidos, los indocumentados de América Central pagan más de 3.000 dólares a traficantes de personas, según diversos informes. Pero esa cantidad no es suficiente, pues en su paso por México son obligados a desembolsar mayores cantidades o sufren asaltos.
En el afán por cumplir su objetivo, los indocumentados viajan en México escondidos en trenes, lanchas o en camiones de carga. Además, escogen los caminos menos vigilados, donde son presa de asaltantes e incluso de violadores.
El carácter de indocumentados deja a estas personas en un estado de vulnerabilidad aprovechado por autoridades migratorias para cometer abusos, extorsión, intimidación, robos, tortura y maltrato, informó la Comisión de Derechos Humanos. (FIN/IPS/dc/mj/pr/02
