La pena de muerte en Cuba, cuya aplicación fue suspendida en 2000, debe ser abolida, propuso la organización opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (Ccdhrn).
La Ccdhrn exhortó el miércoles al gobierno de Fidel Castro a pasar lo antes posible «a una moratoria de jure, que permita la inmediata conmutación de todas las penas de muerte pendientes».
Unas 50 personas esperan la ejecución de su condena por fusilamiento en unas 10 cárceles de alta seguridad, según una lista parcial publicada por la Ccdhrn, que actúa en la ilegalidad desde fines de los años 80.
Esta agrupación solicitó en 1987 al Ministerio de Justicia su registro legal como organización no gubernamental, condición que no le ha sido otorgada hasta ahora, aunque su actuación es vista por el gobierno con cierta tolerancia.
El presidente de la organización, Elizardo Sánchez, uno de los opositores al gobierno más reconocidos fuera de Cuba, se incluye en la tendencia moderada de la oposición interna, que favorece cambios políticos por la vía pacífica e incluso bajo el liderazgo del propio Castro.
La lista de condenados a muerte es confeccionada por la Ccdhrn a partir de la confirmación de datos obtenidos de familiares de presos y puede estar incompleta, ya que las autoridades cubanas no publican informes sobre la población penal.
La abolición de la pena máxima sería la única manera de «poner fin a la cruel y cotidiana incertidumbre que sufren alrededor de medio centenar de condenados», señaló Sánchez en nombre del comité gestor de la organización.
El dirigente, aunque reconoce la suspensión de ejecuciones dispuesta por el gobierno como «un cambio muy importante y positivo», advirtió las condiciones «infrahumanas, crueles y degradantes» en que, a su juicio, se encuentran los condenados.
«La propia angustia provocada por la incertidumbre, en cuanto al momento en que pudieran ser fusilados, se convierte, objetivamente, en una forma de tortura psicológica permanente para los que esperan en los corredores de la muerte», aseguró el líder opositor.
Datos recogidos por la Ccdhrn dan cuenta de varios casos de «automutilaciones o graves atentados cometidos contra sí mismos por los condenados a muerte en Cuba en fechas recientes», hechos que estarían vinculados a las condiciones en que viven.
Además, resulta paradójico que «sólo alrededor de cinco por ciento de los condenados a muerte corresponda a delitos contra el Estado, de implicación política o político-militar más o menos directa»
Esta realidad desmiente, según el comunicado distribuido el miércoles por Sánchez, «el argumento gubernamental» que atribuye la aplicación de la pena de muerte en Cuba «a la necesidad de proteger la seguridad del Estado ante las acciones de grupos violentos externos».
Sólo tres de las personas que aparecen en la lista parcial de la Ccdhrn cometieron delitos contra la seguridad de Cuba.
Uno de los condenados es Humberto Eladio Real, quien desembarcó en 1994 en Cuba junto a una expedición armada anticastrista, que partió del sur de Estados Unidos y, en su intento de ingreso al país, ocasionó la muerte de un civil inocente.
También se encuentran en esa situación los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz y Otto René Rodríguez, sentenciados por la ejecución en 1997 de una ola de atentados terroristas contra la industria turística cubana, que le costó la vida a un ciudadano italiano.
Los demás detenidos que aparecen en la lista de la Comisión fueron sentenciados a la pena máxima por asesinato, robo con violencia, violación o por la comisión de varios de esos delitos comunes a la vez.
La reforma del Código Penal de febrero de 1999 instauró la cadena perpetua y amplió la aplicación de la pena capital a delitos de narcotráfico, el robo con violencia y corrupción de menores, en todos esos casos con agravantes.
La legislación impide la imposición de la pena de muerte a los menores de 20 años y a las mujeres embarazadas. Fuentes oficiales indican que, desde el arribo de Castro al poder en enero de 1959, ninguna mujer ha sido sentenciada a muerte.
Las autoridades aseguran que esa pena es «una medida excepcional, que se aplica para delitos muy horrendos», pero han insistido en que no será excluida de la legislación mientras «Cuba siga siendo un país agredido» por Estados Unidos.
Sin embargo, Castro admitió en noviembre que un grupo de juristas analiza alternativas a esa condena.
«Tenemos otras ideas que nos permitirán un día, y por nuestra propia decisión, abolir la pena capital. Y no por tener más amigos o menos amigos, sino porque queremos conocer a los seres humanos», dijo el mandatario.
La abolición de la pena de muerte en Cuba ha sido solicitada por la Unión Europea, la Iglesia Católica y varios grupos de la disidencia interna, pero cuenta con detractores entre los 11,2 millones de habitantes del país.
En este país es muy usual encontrar personas que favorezcan la aplicación de la pena de muerte, sobre todo en los casos de asesinato y violación sexual de cualquier persona.
Sin embargo, no se conocen estudios especializados sobre la percepción de este asunto a nivel poblacional. Por su parte, el gobierno mantiene silencio sobre la población penal, las condenas a muerte y las ejecuciones.
La Organización de las Naciones Unidas señala que 92 países mantienen y aplican la pena de muerte, mientras que 56 no la prevén ni para delitos comunes ni militares. Además, unos 30 estados conservan la pena capital en su legislación, pero no la han aplicado en los últimos años.
Un informe de la Ccdhrn, presentado en agosto de 2000, calculó que entre 20 y 30 personas habían sido ejecutadas en 1999 por pelotones de fusilamiento en Cuba, cantidad que colocaba al país entre los que presentan mayores índices relativos de condena a muerte y ejecuciones.
Según el reporte, las ejecuciones judiciales en 1999 alcanzaron a 2,6 personas por un millón de habitantes en Irán, a 2,1 en la República Democrática del Congo, a 1,9 en Cuba, a 0,9 en China, y 0,4 personas cada millón de habitantes en Estados Unidos. (FIN/IPS/da/dm/hd/02
